Para el ejercicio fiscal 2023 el Poder Judicial solicitará mil 848 millones de pesos, cantidad con la que se prevé cumplir con todos los compromisos económicos y aplicando una ley de austeridad.
De acuerdo con la directora de Administración del Poder Judicial, Joana Bautista Flores, este año se logró el ahorro de 92 millones de pesos, debido a la aplicación de medidas administrativas para lograr economías.
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“Nosotros vamos a adaptar a un Tribunal Superior de Justicia que sea totalmente libre de todo lo que antes estaba, como eran las prestaciones, excedentes, incluso estamos tratando de aplicar un plan de austeridad, los magistrados están completamente integrados, el canal es hacer un Tribunal reformado”, dijo.
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¿Cuánto se logró economizar con el plan de austeridad durante 2021?
Refirió que con el plan de austeridad que se aplicó desde el 2020 se logró economizar 104 millones de pesos en el 2021.
“No contamos con fondos revolventes, los viáticos sólo son para el personal que ejerce sus actividades fuera de la institución, nosotros no facturamos, no compramos cosas extra, no aplicamos vales de gasolina para el personal administrativo, desde el 2020 se aplicó el plan de austeridad y estamos encaminados a seguirlo”, expuso.
Manifestó que los magistrados aprobaron reducir sus prestaciones, a fin de poder cumplir con el capítulo mil y, con ello, evitar que los empleados resulten afectados.
“Lo que hacemos es que si recortamos a algunas partidas las sumamos a otras en las que se necesitan recursos o las pasamos al capítulo mil, desde el 2006 tenemos un déficit de recurso en el capítulo mil, el déficit siempre ha sido de 200 millones de pesos, lo que hicimos fue recortar las partidas del capítulo dos mil al siete mil y aplicarlas al capítulo mil”, expresó.
Mencionó que actualmente se aplica un presupuesto austero y son los trabajadores los que se están adaptando a lo que se tiene, “estamos conscientes que estamos en la Cuarta Transformación”.
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Finalmente, adelantó que se plantearán una serie de recortes a bonos y beneficios extraordinarios, los cuales deberán ser aprobados por el Consejo de la Judicatura.
“No se va a tocar a personal sindicalizado, sólo a las personas de puesto directivo”, agregó
