Erick Leonardo, servidor público con nueve años de antigüedad en la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Veracruz, denunció una serie de agresiones y violencia institucional que enfrenta desde 2021 debido a su identidad de género y orientación sexual.
Como hombre transgénero, señala haber sido víctima de hostigamiento sexual, discriminación, ataques de odio, violencia laboral y daño moral.
El inicio del acoso
El caso comenzó en octubre de 2021, cuando Erick Leonardo denunció un incidente de acoso sexual perpetrado por personal policiaco en los sanitarios del Cuartel San José, en Xalapa.
Presentó su queja ante los enlaces de Diversidad y Género, y posteriormente ante el entonces subsecretario de Operaciones, Cuauhtémoc Zúñiga Bonilla, quien desestimó el caso al decir que “no tenía varita mágica” para cambiar la mentalidad de los oficiales.
La denuncia también se llevó ante la Dirección de Asuntos Internos de la SSP, pero el caso fue archivado.
Además, Erick Leonardo recurrió a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), además solicitó medidas cautelares y de protección ante la Fiscalía General del Estado (FGE).
Sin embargo, asegura que, en lugar de recibir protección, comenzó a ser blanco de violencia institucional con acusaciones fabricadas, incluyendo el mismo delito de acoso sexual que inicialmente denunció.
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Proceso jurídico y agravios
Erick Leonardo señala que la SSP ha usado al Enlace de Diversidad Sexual para encubrir las agresiones en su contra, emitiendo informes que niegan cualquier violencia hacia personas transgénero en la dependencia.
Entre las cinco investigaciones abiertas en su contra, una llegó a la Dirección de Responsabilidades Administrativas, donde se dictó una inhabilitación temporal de tres meses en mayo de 2024. Esto ocurrió, asegura, sin permitirle agotar los recursos de impugnación.
Cabe mencionar que el Registro Estatal de Sanciones se rige por la Ley de Responsabilidades Administrativas, la cual establece las conductas indebidas de los servidores públicos y las sanciones correspondientes, que incluyen amonestaciones, suspensión del cargo, destitución, sanciones económicas o inhabilitación temporal.
En este contexto, los procedimientos son realizados por los Órganos Internos de Control, en el ámbito estatal, corresponde a la Contraloría General del Estado de Veracruz.
Al respecto, el denunciante presentó amparos y recursos de revocación, respaldados por 40 pruebas, para demostrar irregularidades en el proceso administrativo abierto en su contra.
Finalmente, el 30 de octubre de 2024, un juez ordenó la eliminación del nombre de Erick Leonardo del Registro Estatal de Sanciones de Servidores Públicos. Sin embargo, el afectado asegura que las agresiones y las violaciones a sus derechos continúan.
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Falta de acción y obstáculos administrativos
Erick Leonardo ha solicitado un cambio de adscripción intersecretarial para garantizar su seguridad. Sin embargo, asegura que esta solicitud ha sido bloqueada por Saira Gabriela Vázquez Aragón, directora general de Cultura de Paz y Derechos Humanos, quien habría obstaculizado los trámites necesarios.
Además, la CEDH reconoció en septiembre de 2023 tres violaciones a sus derechos humanos, pero aún no ha emitido una recomendación formal contra la SSP.
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Peticiones y respaldo
Erick Leonardo, acompañado jurídicamente por Benjamín Callejas Hernández, presidente de la Coalición Estatal LGBTQ+ de Veracruz, exige que las autoridades estatales cumplan con la resolución judicial 540/2024, que ordena eliminar su nombre del registro de sanciones; investiguen a las personas responsables de emitir acusaciones falsas en su contra y atiendan las denuncias de violencia y discriminación hacia la comunidad LGBTQ+ dentro de la SSP.
Asimismo, ha solicitado la intervención de figuras federales, como la presidenta Claudia Sheinbaum y la gobernadora electa Rocío Nahle, para garantizar su seguridad y evitar nuevas agresiones.
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El caso de Erick Leonardo es solo uno de varios reportados por personas LGBTQ+ que trabajan en la SSP de Veracruz. Según el denunciante, al menos entre 10 y 15 personas han desistido de continuar con trámites legales debido a la falta de apoyo institucional y el miedo a represalias.
“La violencia institucional y los ataques de odio no cesan. Necesitamos que las autoridades actúen con perspectiva de género y atiendan las violaciones a los derechos humanos que enfrentamos”, concluyó Erick Leonardo.
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