No hay justicia pronta ni expedita en Veracruz, pues las carpetas de investigación de la Coalición de Pensionados Independientes del Estado de Veracruz AC (Copipev) han pasado por seis fiscales sin que sepan si hay o no delito que perseguir, denuncia su presidenta, Dolores Martínez Amilpa.
Hay dilación en la impartición de justicia, reitera, en rueda de prensa para insistir en que se les haga justicia y se repongan los recursos económicos sustraídos al Instituto de Pensiones del Estado (IPE), lo que lo tiene en una situación muy frágil.
Leer más: Integrantes de Copipev se manifiestan, piden que sus pensiones sean calculadas en salarios mínimos
Declara que luego de seis años de que los pensionados fueron agredidos por elementos de la Policía del Estado en diciembre de 2015 por exigir el pago de sus pensiones, no se ha fincado responsabilidad alguna contra nadie.
Acompañada por la vicepresidenta Godoleva Rosa Ortiz Viveros denuncia que ya es tiempo de que se les informe si hay delitos que perseguir derivados de las denuncias presentadas en agosto de 2016 por el quebranto al patrimonio del IPE, ya que en 2010 la reserva técnica era de 2857.1 millones de pesos y actualmente es de 1628.6 millones de pesos, cuya diferencia es de 1228.4 millones de pesos, lo que indica que debería aumentar en 43 por ciento para volver al nivel que tenía en 2010.
Señala que en su momento el Órgano de Fiscalización del Estado (Orfis) presentó las denuncias correspondientes por observaciones no solventadas de la Cuenta Pública por 284 millones de pesos, así como por 2709 millones de pesos. Los jubilados agredidos, puntualiza, están a la espera de que el juez de control los cite para reactivar su caso, puesto que sí se les ofreció una disculpa pública, sin embargo, los responsables de la agresión siguen impunes.
Puntualiza que el Orfis demandó al IPE en 2016 y 2017, por observaciones no solventadas de la cuenta pública por 284 y por 2709 millones de pesos.
Por su parte el IPE denunció el incumplimiento de un deber legal por la celebración de un contrato mercantil por 150 millones de pesos con el gobierno del estado, sin conocimiento del consejo directivo, como lo establece la ley y por no haber saldado el adeudo con sus respectivos intereses devengados. Un motivo más es el impago de otros 180 millones de pesos del que no existe la evidencia del pago.
Para "resolver" las carencias presupuestales el IPE dispuso de mil 126 millones de pesos para el pago de prestaciones, cantidad que nunca devolvió a la reserva técnica.
