En 2020, el primer año de la pandemia, el Gobierno de Veracruz destinó 2 mil 731 millones de pesos a obra pública, con lo cual se ubicó en el séptimo lugar nacional con mayor inversión, según el Informe Estatal del Ejercicio del Gasto 2021, presentado por el Instituto Mexicano para la Competitividad A.C.
Además, de acuerdo con el informe nacional, Veracruz fue la tercera entidad que más aumentó su presupuesto destinado a la inversión pública estatal, con un incremento de 172 por ciento más, en comparación con 2019; solo después de Yucatán, con un aumento de 9 mil 829 por ciento y Jalisco, con 188 por ciento.
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En el rubro de gastos en inversión estatal per cápita, durante 2020, el Poder Ejecutivo del Estado destinó 420 pesos por habitante, monto que superó lo registrado durante 2019, que fue de 387 pesos.
No obstante, se observa que entre 2015 y 2020, durante 2015 se registró el gasto per cápita más alto, al destinar mil 107 pesos en inversión estatal por cada veracruzano.
Por otra parte, la entidad veracruzana se encuentra en el grupo de entidades que destinaron entre 1500 y 2 mil pesos en obra pública por habitante. Particularmente, durante el año pasado, en Veracruz se invirtió (en obra pública) mil 598 pesos por cada veracruzano.
En cuanto a inversión pública con recursos federales, el informe refiere que entre 2015 y 2020, el Gobierno Federal destinó 3 billones 85 mil 505 millones de pesos en obra pública en los estados.
Las cinco entidades federativas que concentraron el 65 por ciento de esos recursos fueron Campeche (30.9 por ciento), seguido de Tabasco (14.6 por ciento), Estado de México (10.2 por ciento), la Ciudad de México (9.3 por ciento) y Veracruz (6.6 por ciento).
La mitad de los recursos de obra pública durante esos seis años fueron para proyectos de infraestructura relacionada a los hidrocarburos (1 billón 715 mil millones de pesos).
El segundo destino de recursos mas importante en ese periodo fue la infraestructura eléctrica pública y proyectos de inversión de infraestructura productiva con registro diferido en el gasto público (se destinaron 575 mil 770 millones de pesos a este rubro).
En tercer lugar, se encuentra la inversión en carreteras y caminos (242 mil 453 millones de pesos) seguido de aeropuertos (169 mil 930 millones de pesos) y ferrocarriles (131 mil 728 millones de pesos).
Para 2020, el principal destino de recursos a obras públicas federales fue para proyectos de infraestructura relacionados a la extracción y procesamiento de hidrocarburos.
Actualmente, la entidad veracruzana se encuentra en el grupo de 17 entidades federativas con menos de 500 pesos en inversión pública por habitante: Yucatán (448), Tabasco (422), Guerrero (420), Guanajuato (384), Sonora (348), Veracruz (339), Chihuahua (326), Querétaro (325), Baja California Sur (281), Quintana Roo (274), Chiapas (264), Zacatecas (240), Michoacán (227), Morelos (192), Nuevo León (174), Baja California (172) y, por último, Puebla (70).
La inversión pública se refiere a todo recurso ejercido con fines productivos. Se destina principalmente a proveer bienes y servicios para cumplir con ciertos objetivos (infraestructura, educación, salud, seguridad, entre otros).
Al observar la inversión federal que se destina a las entidades federativas, el Imco observa claros valores extremos para las entidades más pobladas del país, el Estado de México y la Ciudad de México, y para entidades tradicionalmente petroleras como Campeche, Tabasco y Veracruz.
En contraste, se encuentra que de 2015 a 2020 entidades como Tlaxcala, Morelos, Coahuila, San Luis Potosí y Michoacán han recibido la menor cantidad de recursos para inversión pública por parte de la Federación.
Al respecto, la organización propone transitar de un modelo de inversión pública federal centrado en los hidrocarburos hacia un modelo de inversión en manufacturas e infraestructura de las ciudades; centrar las carteras de inversión estatal en infraestructura social y urbana; restituir el Fondo Metropolitano y triplicar los recursos públicos al Programa de Mejoramiento Urbano.
Además de revisar la distribución de los recursos en inversión pública que destina el gobierno federal hacia las entidades para garantizar el acceso equitativo a infraestructura de calidad en los 32 estados y no solo en cuatro entidades federativas.