Veracruz se posicionó en el lugar vigésimo tercero a nivel nacional en el Índice de Estado de Derecho en México 2022-2023, elaborado por el World Justice Project, organización que mide, desde una perspectiva ciudadana, el grado de adhesión al Estado de Derecho, generando información acerca de las experiencias y percepciones de las personas en temas como corrupción, contacto con las autoridades, seguridad, victimización, derechos fundamentales y acceso a la justicia.
Los resultados del análisis realizado en las 32 entidades señalan que Veracruz se posiciona en el lugar 23, mismo sitio que ocupó en la evaluación del periodo 2021-2022. En el desagregado de los datos Veracruz obtuvo una calificación general de 0.39 (Donde 1 indica mayor respeto al Estado de Derecho), logrando únicamente un crecimiento en el puntaje de 0.01 respecto al análisis del periodo anterior.
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¿A nivel nacional cuál es el peldaño que ocupa Veracruz?
En la lista nacional, Veracruz se ubica por encima de Chiapas (0.38), Jalisco (0.38), Tabasco (0.38), Puebla (0.38), Morelos (0.36), el Estado de México (0.36), Guerrero (0.36), la Ciudad de México (0.36) y Quintana Roo (0.36).
De acuerdo con el reporte de la World Justice Project (Proyecto de Justicia Mundial, o WJP, por sus siglas en inglés) el Índice de Estado de Derecho se ha convertido en una herramienta destacada para identificar las fortalezas y debilidades institucionales de cada país y contribuir a la toma de decisiones basada en evidencia a nivel estatal en México.
El Índice de Estado de Derecho en México 2022-2023 es la quinta edición de este índice subnacional y constituye una de las mediciones más completas sobre el desempeño institucional en el país.
¿Qué dicen los datos en Veracruz?
En el desagregado de los datos, Veracruz obtuvo una calificación de 0.29 en el factor de Justicia Penal, mismo que evalúa la efectividad y la calidad del sistema de justicia penal. Los subfactores y sus calificaciones son: Investigación penal eficaz (0.13), Procuración e impartición de justicia eficiente y eficaz (0.22), Derechos de las víctimas (0.37), Debido proceso legal (0.31), Justicia penal imparcial, independiente y libre de corrupción (033), y Sistema penitenciario seguro y respetuoso de los derechos humanos (0.40).
En el factor de Justicia Civil, el cual mide si las personas pueden acceder a mecanismos pacíficos y efectivos para resolver sus controversias a través del sistema de justicia civil la calificación fue de 0.31. Las calificaciones y subfactores son: Las personas conocen sus derechos (0.28), Acceso a información y asesoría legal asequible en casos civiles (0.33), Justicia civil asequible y sin procesos burocráticos (0.22), Justicia civil imparcial, independiente y libre de corrupción (0.37), Justicia civil de calidad (0.34), Justicia civil expedita (0.26), Ejecución efectiva de las resoluciones en materia civil (0.27), y MASC accesibles, imparciales y expeditos (0.40).
En el factor de Ausencia de Corrupción la entidad logró una calificación 0.34. Los subfactores obtuvieron las siguientes calificaciones: Ausencia de corrupción en el ejecutivo (0.37), Ausencia de corrupción en el judicial (0.39), Ausencia de corrupción en las instituciones de seguridad y procuración de justicia (0.29) y Ausencia de corrupción en el Legislativo (0.31).
Para el factor de Límites al poder gubernamental se emitió una calificación de 0.36. Los subfactores y sus calificaciones fueron: El legislativo es un contrapeso eficaz (0.29), el judicial es un contrapeso eficaz (0.42), los organismos de control son un contrapeso eficaz (0.30), Sanciones por abuso de poder (0.39), los contrapesos no gubernamentales son eficaces (0.39), y las elecciones se apegan a la ley (0.40).
En el factor de Cumplimiento Regulatorio la entidad logró una calificación de 0.37, mismo que mide si debido si la normativa y las regulaciones se aplican de manera efectiva. Los subfactores y sus calificaciones se establecieron de la siguiente manera: Cumplimiento regulatorio eficaz (0.29), Cumplimiento regulatorio libre de corrupción (0.60), Procedimientos administrativos eficientes (0.33), Debido proceso en procedimientos administrativos (0.32) y Derechos de propiedad (0.29).
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Veracruz obtuvo una calificación de 0.40 en el factor de Derechos Fundamentales, cuyos subfactores y sus calificaciones son: Ausencia de discriminación (0.32), Derecho al proceso legal (0.31), libertad de expresión (0.39), libertad religiosa (0.71), derecho a la privacidad (0.26), libertad de asociación (0.53) y derechos laborales (0.26).
En el factor de Gobierno Abierto la calificación lograda fue de 0.46. Éste únicamente cuenta con dos subfactores: participación ciudadana con una calificación de 0.34 y derecho a la información pública con 0.57.
El factor con mayor puntuación es de Orden y Seguridad al obtener 0.58. Los subfactores son: Ausencia de homicidios con una calificación de 0.50, Ausencia del crimen con 0.88 y las personas se sienten seguras con 0.38.
¿Cómo afectan la corrupción y desapariciones a la entidad?
En ese marco, especialistas denunciaron las violaciones más comunes al Estado de Derecho en la entidad y lamentaron temas como corrupción, poco contacto con las autoridades, inseguridad, victimización y falta de acceso a la justicia.
Para los Colectivos de Búsqueda de personas desaparecidas en Veracruz desde hace ya varios años no se ha garantizado el Estado de Derecho, lo que se puede percibir ante la falta de resultados en las investigaciones y a la verdad y justicia.
El integrante del Colectivo Familias Enlace Xalapa, Carlos Saldaña Grajales, refirió que desde gobiernos anteriores existe una falla en el derecho a la verdad y la justicia, ya que nadie contempla las necesidades reales de las víctimas y sus familias.
“Desde que empezamos a exigir a las autoridades una investigación plena y resultados que necesitamos, queremos saber qué pasó con nuestros hijos, pero desafortunadamente la autoridad ha sido negligente, gobiernos han pasado y hasta el actual ha sido lo mismo, aunque nos digan que habrá justifica vemos que no es como se nos ha prometido”, expuso.
Resaltó que han existido fallas en las Secretarías de Gobierno y de Seguridad Pública, pero también en la Fiscalía General del Estado y desde el propio Ejecutivo. Puntualizó que ninguna de las acciones prometidas ha dado resultados porque las familias siguen teniendo las mismas exigencias.
“En las carpetas no hay avances, sino es porque nosotros hacemos las investigaciones, hacemos lo que ellos no hacen y deberían de hacer porque es un derecho que tienen las víctimas a ser buscadas y nosotros a tener los resultados que necesitamos”, expresó.
Destacó que las actuales autoridades llegaron a ofrecer resultados para las familias, pero nada de lo prometido ha sido cumplido, “prometen como cuando alguien llega a tener la batuta en la mano, pero cuando se dan cuenta de quienes están detrás de todo esto se vuelven omisos”.
Fue enfático en señalar que se requiere voluntad de parte de las autoridades para poder generar resultados; sin embargo, esta acción se pierde cuando existe corrupción y cuando se sigue corrompiendo al estado y el Estado de Derecho.
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¿Por qué no se garantiza el Estado de Derecho?
Desde el área judicial se observa una falta de cumplimiento al Estado de Derecho al no garantizarse el libre acceso a las víctimas, registrarse un retraso en las investigaciones, ante el cúmulo de expedientes y la corrupción que aún impera en los espacios de atención.
De acuerdo con el presidente del Foro de Abogados del Estado de Veracruz, Valentín Olmos Alfonso, el Estado de Derecho ha sido pisoteado porque no analizan ni se buscan solucionar las problemáticas que se tienen en la entidad. “El Estado de Derecho ha sido pisoteado, pero son muchos factores los que juegan un papel importante, en materia de educación, salud, vivienda, el Estado debe ser garante de todas estas acciones, pero hay una falla constante”, dijo.
Manifestó que, aunque las penas sean más severas en delitos de feminicidio, de robos y secuestro no van a disminuir porque no se está atacando la raíz de los hechos. Además, comentó que una de las carencias que se tiene es la seguridad porque los policías aún buscan delinquir o caen en actos de corrupción porque el salario que tienen sigue siendo insuficiente.
Refirió que el Estado de Derecho es una palabra muy amplia que engloba al Ejecutivo, Legislativo y Judicial, pero estos poderes no tienen autonomía porque son manejados, son subordinados y son propuestas del Ejecutivo del Estado y del Ejecutivo federal.
“Son piezas que acomodan a su interés personal, desde ahí ya no existe el Estado de Derecho ni la certeza jurídica que se requiere en la impartición de justicia, se tiene que modificar la Constitución para que exista la autonomía y se elimine el control que tienen los Ejecutivos”, comentó.
¿El derecho a vivir en ambiente sano se cumple?
Falta de conocimiento de las leyes ambientales, desinterés y nula atención de parte de las autoridades se perciben en el área ambiental, lo que genera un incumplimiento al Estado de Derecho, principalmente a la garantía de que las personas vivan en un ambiente sano.
De acuerdo con Guillermo Rodríguez Curiel, integrante de La Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental (LaVida), las autoridades en la entidad han sido omisas en el cumplimiento de sus deberes, sobre todo en lograr que se tenga un ambiente sano en todos los espacios posibles.
Refirió que diariamente hay decenas de delitos ambientales, los cuales, a pesar de ser denunciados no son sancionados por las autoridades correspondientes. “Yo concluyo que no hay estado de derecho y que solamente se protege a las grandes empresas nacionales e internacionales que dañan permanentemente a la naturaleza”, comentó.
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Puntualizó que no hay interés de parte de las autoridades, existe falta de atención, carencia de voluntad y, además, se escudan en el tema de la falta de presupuesto para la ejecución de las acciones.
Manifestó que cuando los ciudadanos y ciudadanas que se encuentran en la defensa de la biodiversidad ingresan una solicitud para realizar una demanda en torno a daños generados al ambiente se percatan de que los servidores públicos y funcionarios no tienen conocimiento de la Constitución o los Códigos ambientales.
Como ejemplo de la falta de cumplimiento al Estado de Derecho resaltó la detención de la exalcaldesa de Ixhuatlán del Café, Viridiana "N" y de los dirigentes cafetaleros Cirio "N", Crisanto "N", Minervo "N" y Abraham "N", vinculados a proceso por el presunto delito de estragos en agravio de la empresa Agroindustrias Unidas de México Sociedad Anónima (AMSA).
¿Por qué se perjudica a las mujeres en Veracruz?
Para Mónica Mendoza Madrigal, copresidenta de la Red Nacional de Mujeres Defensoras de la Paridad en Todo de la República Mexicana, capítulo Veracruz, en la entidad existe una falta de gobernabilidad que perjudica directamente a las mujeres.
Y es que, apunta que la falta de gobernabilidad, las malas decisiones de las autoridades, la mínima atención a los problemas de las mujeres y la irresponsabilidad de quienes se encuentran en un cargo público ha provocado que no se cumpla el Estado de Derecho.
“Lo que vemos es un grave retroceso, tanto a nivel federal como en la entidad porque se tiene una grave disminución del presupuesto a los programas específicos para mujeres, pero también para las instituciones que atienden temas de mujeres y esto ha impactado en todos los ámbitos, pero particularmente a los relativos a la justicia y al tema de pobreza”, dijo.
Destacó que en Veracruz se tienen altos índices de impunidad en materia de aplicación de la justicia para los casos de las múltiples violencias contra las mujeres.
“A nivel nacional el índice de impunidad es de un 96 a un 98 por ciento, eso quiere decir que se está resolviendo entre el 2 y el 4 por ciento, lo cual tiene que ver con el tema presupuestal, no hay recurso, no hay visión para poder aplicar la justicia con perspectiva de género”, expresó.
Consideró que, además de los feminicidios, las desapariciones de mujeres son cada vez más y las autoridades permanecen omisas ante esta situación. “Si nos parece que es grave el número de feminicidios que se han cometido en el estado en lo que va del sexenio, el número de las mujeres desaparecidas es gravísimo, es un índice grave y eso habla de un problema porque se trata perfiles específicos, son mujeres jóvenes, son grupos que realizan estas desapariciones y operan ante la impunidad”, comentó.
¿Hay respeto a las instituciones?
El Estado de Derecho ha sido transgredido en el área educativa, debido a que se atenta contra la autonomía de las instituciones, incluida la Universidad Veracruzana (UV).
El investigador del Instituto de Investigaciones de Estudios Superiores, Económicos y Sociales (IIESES) de la Universidad Veracruzana, Rafael Vela Martínez, señaló que existe intromisión desde el Ejecutivo en el desarrollo educativo de las instituciones que son autónomas.
“Existe una deliberada acción de entrada a la Universidad para violentar los esquemas que garantizan la autonomía, el libre pensamiento, la libre expresión, tratan de violentar todos los derechos fundamentales de las personas y los universitarios, se pretende generar universitarios acríticos, con falta de conciencia social y sin posibilidades de expresarse”, dijo.
Destacó que costó muchos años y sacrificio que la máxima casa de estudios fuera autónoma, por lo que el hecho de que actualmente se quiera manejar desde el Ejecutivo es grave.
Puntualizó que la administración estatal actual ha incumplido con la entrega del presupuesto que por ley le corresponde a la máxima casa de estudios, “le ha regateado el recurso a la Universidad, empezaron con un monto significativo, pero no grande, el total que se le debe entregar no se ha brindado”. “Es violatorio del Estado de Derecho que en la Constitución de Veracruz está definido que el 4 por ciento del presupuesto general del Estado sea destinado para la Universidad, lo cual no ha sido cumplido”, expuso.
Además, dijo, existe el interés de apoderarse de la Junta de Gobierno, órgano que designa a los rectores y vigila los estados financieros de manera permanente.
