Dieciocho de 19 presidentes municipales interpusieron recursos de reconsideración ante el Órgano de Fiscalización Superior; con esta figura tanto los exalcaldes como quienes manejaron recursos públicos municipales buscan defenderse con todos los recursos a su alcance para evitar ser denunciados por daño patrimonial ante la Fiscalía General del Estado, informó Juan Manuel de Unanue Abascal, diputado presidente de la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado.

En total, los exalcaldes no pudieron devolver ni comprobar el uso y destino de 123 millones de pesos. “Se trata de recursos estatales que se enviaron a los exalcaldes para la realización de obra pública, pero que las observaciones indican que no ejercieron”, manifestó el legislador.

Los recursos de reconsideración fueron presentados por los exservidores públicos después de haber concluido la segunda fase de fiscalización de las cuentas públicas.

“Los exservidores públicos insisten en que en su momento presentaron la documentación necesaria para acreditar que invirtieron correctamente los recursos públicos que administraron y que por ello no deben tener observaciones por parte del Orfis”, dijo.

En la condición ya mencionada, se encuentran los exservidores públicos de Acultzingo con 2 millones 539 mil 727.17 pesos; Agua Dulce con 831 mil 952.61 pesos; Citlaltépetl con 285 mil 439.26 pesos; Coacoatzintla, 219 mil 204.28 ́pesos; Coatzacoalcos, 3 millones 357 mil 941.58 pesos; Cosamaloapan, 89 millones 457 mil 796.58 pesos; Cosautlán de Carvajal, 1 millón 888 mil 618.73 pesos y Manlio Fabio Altamirano, 961 mil 048.65 pesos.

También están en la lista Mecatlán con 135 mil 066.29 pesos; Mecayapan con 615 mil 736.75 pesos; Perote, 243 mil 509.03 pesos; Rafael Lucio, 2 millones 155 mil 612.71 pesos; San Andrés Tuxtla, 16 millones 664 mil 016.17 pesos; Tezonapa, 1 millón 242 mil 403.46 pesos; Tlapacoyan, 1 millón 091 mil 015.07 pesos; Tomatlán, 233 mil 798.98 pesos; Úrsulo Galván, 391 mil 567.99 pesos; y Uxpanapa, 1 millón 641 mil 533.28 pesos.

El exalcalde de San Juan Evangelista, cuyo presunto desvío fue de 884 mil 970.64 pesos, optó por interponer un juicio de nulidad, informó el diputado local.

Una vez interpuestos los recursos de reconsideración y el juicio de nulidad, el Orfis cuenta con 30 días hábiles para resolver al respecto y se estima que a mediados de mayo se interpongan las denuncias correspondientes si no procedieran los mencionados recursos y juicio.