Al señalar que algunos exalcaldes y exalcaldesas se dejaron vender “espejitos” y actuaron con inmoralidad, la titular del Órgano de Fiscalización Superior (Orfis), Delia González Cobos, advirtió que el haber concluido su administración no los exime de responsabilidades, por lo que serán investigados.
Al comparecer ante diputados locales afirmó que todas las irregularidades que hayan cometido y sean denunciadas por los presidentes y presidentas municipales actuales serán tomadas en cuenta en los dictámenes de la Cuenta Pública 2021.
“Las autoridades entrantes van a elaborar el dictamen que será revisado por el Órgano de Fiscalización y de ahí vamos a tomar muestras contundentes para la fiscalización”, dijo.
Del 2007 a la fecha el Orfis) ha presentado 205 denuncias penales presunto daño patrimonial, que en suma implican un monto de 33 mil 484 millones 992 mil 241.51 pesos, añadió.
La Auditora fue cuestionada por los diputados locales de Morena, Luis Fernando Cervantes Cruz; de Movimiento Ciudadano, Ruth Callejas Roldán; del PRI, Marlon Ramírez Marín; del PT, Ramón Díaz Ávila; del PAN, Nora Jessica Ramírez Jáuregui; y del PVEM, Citlali Medellín Careaga, en torno a la aplicación de los recursos de parte de los entes fiscalizables.
Los legisladores le dieron a conocer que algunos ediles entrantes reportaron varias inconsistencias en el proceso de entrega-recepción, entre estas Palacios Municipales sin sillas, obras fantasmas y documentación apócrifa.
Ante ello, González Cobos recordó a todos los entes fiscalizables, incluidos los alcaldes que concluyeron su administración, que los procesos de investigación llevan determinado proceso y, en caso de haber cometido irregularidades, nada los exime.
Destacó que las irregularidades que se han detectado en los procesos de entrega-recepción de algunas administraciones municipales son consecuencia de la falta de voluntad y de “una conducta moral de las autoridades municipales salientes”.
Al cuestionamiento de la diputada del PAN, Nora Jessica Ramírez Jáuregui, en torno a los señalamientos ciudadanos sobre actos indebidos en las administraciones municipales entrantes, consideró como lamentable lo que se ha vivido en el proceso de transición, por lo que se revisará en la fiscalización de la Cuenta Pública 2021.
“El Orfis emitió la guía y los lineamientos para la entrega-recepción y se promovieron los cursos de capacitación correspondientes, tanto a las autoridades salientes como a las autoridades electas, esto a fin de evitar que se presentaran irregularidades, pero hemos visto todo lo contrario”, respondió González Cobos.
Manifestó que los ediles que concluyeron su cargo en diciembre pasado no dimensionaron las consecuencias en las que pueden incurrir como es un presunto daño patrimonial e incluso, incumplimiento de un deber legal.
Ante ello, Delia González Cobomanifestó que cualquier acto indebido o fuera de la ley es analizado con las auditorías y el órgano a su cargo no ha entregado los resultados de la Cuenta Pública 2021.
La titular del Orfis comentó que basándose en las denuncias ciudadanas se planearán las auditorías que se habrán de practicar en la revisión de la Cuenta Pública 2021.
Los ayuntamientos deberán entregar la cuenta pública a más tardar el 30 de abril, a partir de esa fecha el Orfis tiene hasta el mes de octubre para revisar y hacer las observaciones pertinentes sobre el manejo financiero.
Para el 30 de octubre se tendrá que aprobar la Cuenta Pública y se dará a conocer el monto del presunto daño patrimonial, que podría llevar a la denuncia penal en contra de los exfuncionarios responsables del manejo financiero.
González Cobos comentó que ellos capacitaron a quienes se iban y a las nuevas autoridades, sin embargo, reconoció que no bastaba con sólo explicarles cómo se tenía que dar el cambio de las administraciones.
“Los resultados, lo que estamos viendo y lo que estamos percibiendo de estas entregas recepción, es que no se requería solo eso, hay algo más que hacer. La capacitación la tenían, las herramientas se dieron, lo que no hubo fue voluntad y una conducta moral, ha sido lamentable la inconsistencia que se han presentado de los servidores”, expuso.
Al respecto, Delia González Cobos aseguró a los legisladores que se van a revisar todos los dictámenes y se van a tomar las “muestras contundentes” para la fiscalización 2021, para que las autoridades que salieron respondan por las irregularidades e inconsistencia de su administración.
LES VENDES ESPEJITOS Y LOS ACEPTAN
La Auditora se refirió a los casos de los alcaldes que han confiado en despachos sin registro ante el Orfis ante la promesa de salir “limpios” en las auditorías, cosa que no es real. Fue el diputado del PRI, Marlon Ramírez Marín, quien le cuestionó sobre el número de despachos contables registrados en el Orfis.
Al respecto, González Cobos destacó que la lista se ha entregado a cada uno de los alcaldes y entes fiscalizables, a fin de que sepan con quién sí pueden acudir para llevar a cabo el proceso de auditoría.
“Les hemos dicho en varias ocasiones que les venden espejitos y los aceptan creyendo que no tendrán observaciones, algunos de los despachos les aseguran que saldrán limpios, pero si no cumplen con lo establecido en la ley eso es imposible. Nosotros actuamos de manera clara y transparente, en el Orfis no se limpian los informes, ni se acepta dinero a cambio de eliminar observaciones”, expuso.
En ese tenor, González Cobos recordó que incluso algunos de los exalcaldes falsificaron documentos para comprobar el uso de los recursos públicos y, aunque intentaron ocultar este hecho, fueron detectados con las auditorías.
“Nosotros les pedimos que fueron transparentes y una vez que detectamos esta situación, lo que hicimos fue solicitarles que se condujeran con la verdad y que aceptaran las recomendaciones porque no sólo se trata de utilizar de manera inadecuada los recursos, sino de un daño para la población que representan”, comentó.
González Cobos, puntualizó ante el Congreso local que por esta acción continúan las investigaciones y pronto se presentarán las denuncias correspondientes.
POR RETRASO EN USO DEL PRESUPUESTO
Por otra parte, la Auditora manifestó que se revisa si existen recursos no ejercidos y si se cumple con lo que establece la Ley de Disciplina Financiera y la Ley Hacendaria.
Puntualizó que se está revisando si en el Gobierno Estatal de Cuitláhuac García Jiménez se ha incurrido en subejercicio presupuestal.
En torno a la aplicación de los recursos, indicó que a menos que se logré comprobar que el subejercicio de alguna Secretaría se hizo con dolo, poco se puede hacer para sancionar el retraso en la aplicación del presupuesto. Comentó que en la Cuenta Pública del 2020 se dio seguimiento a la aplicación del recurso que se comprometió en diciembre del 2019 y se tenía que aplicar a más tardar en marzo del 2020.
Puntualizó que la ley establece que el dinero que no se gasta antes del mes de diciembre, especialmente recursos federales, se pueden programar para gastar en el primer trimestre del ejercicio fiscal del año siguiente.
“Ahí se establece los casos para cumplir, exactamente respecto de la anualidad de los recursos, para el 2020 atendimos el tema de los recursos comprometidos”, expresó.
González Cobos,indicó que si bien en las auditorías se tiene un universo de obras, área en la que principalmente se gasta o se ejerce el recurso, también se revisaron aquellas que se continuaron en el siguiente año.
“Debemos estar atentos si fue deliberadamente que no se aplicó el recurso, el no llevar a cabo un proyecto solo por causar daño, esto sí sería sancionado por la ley de presupuesto y responsabilidad hacendaria”, agregó la titular del Orfis.
