Hasta marzo de 2019, la Contraloría General del Estado (CGE) concentró un total de 224 expedientes iniciados por presunta responsabilidad administrativa cometida por servidores públicos, mientras que en investigación se encuentran 236 expedientes, cifra que supera lo registrado durante 2017 y 2018, con 96 y 217 investigaciones, respectivamente.
De acuerdo con la Dirección General de Fiscalización Interna de la CGE, de 224 expedientes iniciados por presunta responsabilidad administrativa, 42 fueron realizados por oficio y 182 por denuncia.
Asimismo, en el periodo comprendido entre 2014 hasta al 14 de marzo de 2019, las dependencias estatales que registraron el mayor número procedimientos administrativos disciplinarios contra funcionarios públicos son la Secretaría de Educación (SEV), la Secretaría de Turismo y Cultura (Sectur), la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y la Secretaría de Desarrollo Económico yPortuario (Sedecop).
La SEV registra un total de 107 procedimientos administrativos; le siguen Sectur, con 15 procedimientos; Sedesol, registra 13; y Sedecop, dos.
Sin embargo, la CGE reportó –a través del sistema Infomex– que tiene iniciado 14 procedimientos de responsabilidad administrativa derivada de faltas administrativas no graves, de las cuales dos han concluido con amonestación privada y suspensión de empleo por 20 días.
La Ley General de Responsabilidades Administrativas refiere como faltas administrativas no graves aquellos actos cometidos por servidores públicos cuando se incumpla con las funciones, atribuciones y comisiones encomendadas.
Mientras que las faltas administrativas graves se da cuando se incurre en cohecho, peculado, abuso de funciones, conflicto de intereses y tráfico de influencias; no obstante, hasta el momento, ninguno de los expedientes iniciados corresponde a alguna de estas conductas.
LAS CIFRAS DEL SEA
Hasta el 12 de abril, la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Veracruz (SEA) había recibido un total de 45 denuncias en contra de autoridades, las cuales fueron remitidas “a los entes competentes para su atención”; sin embargo, al no contar con atribuciones legales para atender y resolver dichas denuncias, la SEA consideró que “al canalizarlas a la institución competente se consideran atendidas la totalidad de las denuncias recibidas”.
Respecto de los señalamientos exhibidos en medios de comunicación por presunto nepotismo en contra de la titular de la Secretaría de Trabajo, Previsión Social y Productividad (STPSP), Guadalupe Argüello Lozano, la CGE informó que a través del Órgano Interno de Control de la STPSP inició la investigación correspondiente, la cual “conforme al artículo 68 de la Ley deTransparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Veracruz, tiene el carácter de reservado”.
LA CORRUPCIÓN
De acuerdo con el Plan Veracruzano de Desarrollo (PVD) 2019-2024, uno de los objetivos planteados es erradicar la corrupción en la administración pública estatal, a partir de la implementación coordinada de medidas para la transparencia y la rendición de cuentas, misma que establece el diseño de la política estatal transversal en materia de honestidad y austeridad para el ejercicio legal y transparente de los recursos estatales y federales.
Una de las líneas de acción es sancionar a servidores públicos que cometan actos de corrupción, con una proyección de disminución de 8.9% para 2024, respecto de la tasa de actos de corrupción por cada 100 mil habitantes.
Según cifras del INEGI 2017, Veracruz ocupa el segundo lugar con mayor presencia de corrupción.
El documento rector del Gobierno de Veracruz establece que “la austeridad y el combate a la corrupción servirán para frenar el deterioro social y la desigualdad que han dañado el desarrollo estatal y lograr el México que se ha soñado en una realidad para todos.”