La titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Namiko Matzumoto Benítez, dio a conocer que durante el año pasado se emitieron 100 recomendaciones y en 73 de éstas se acreditaron violaciones a derechos de personas pertenecientes a grupos en situación de vulnerabilidad.
Durante su comparecencia ante la Comisión Permanente de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables del Congreso del Estado, indicó que estas acciones son indispensables para el cumplimiento de la aplicación de los derechos humanos de todos los sectores de la población.
Al presentar los resultados correspondientes a las acciones del organismo, señaló que la Comisión dirigió estas recomendaciones a 25 autoridades, 13 municipales y 12 estatales.
Puntualizó que las dependencias y los entes con el mayor número de señalamientos son: Fiscalía General del Estado (41), distintos Ayuntamientos (18), Secretaría de Educación (23), Secretaría de Seguridad Pública (13) y Secretaría de Finanzas y Planeación (10).
En el periodo que se reporta, expuso, la Comisión solicitó la adopción de 577 medidas con la finalidad de garantizar el derecho a la reparación integral del daño a las 389 víctimas reconocidas en las recomendaciones emitidas, tal como se muestra en la tabla que se proyecta.
“En 73 recomendaciones se acreditaron violaciones a derechos de personas pertenecientes a grupos en situación de vulnerabilidad, identificando a 246 víctimas”, dijo.
Dejó en claro que la emisión de recomendaciones y el establecimiento de medidas de reparación integral son un factor trascendental para la recuperación efectiva en casos de violaciones graves, dado que el impacto social de los derechos vulnerados, el nivel de vulnerabilidad de las víctimas y el impacto de la violación recae en las personas directa e indirectamente afectadas, así como en su comunidad.
Ante ello, señaló que en el 2023 el organismo emitió 30 recomendaciones por omisiones en la investigación de personas desaparecidas, 3 por desaparición forzada, 4 por tortura, 4 por discriminación y 1 por hechos en los que se violentó el derecho a la vida, acreditando la calidad de víctimas de violaciones a derechos humanos a 297 personas.
“La Comisión posee la atribución de iniciar quejas de oficio, a través de publicaciones realizadas por medios de difusión masiva o redes sociales que comparten casos presuntamente violatorios de derechos humanos. La radicación de quejas bajo este concepto permitió realizar procedimientos de investigación y acreditación de violaciones a derechos humanos en 4 casos”, manifestó.
Destacó que la emisión de la recomendación es el inicio del proceso en que las víctimas de violaciones a derechos humanos acceden a la reparación integral del daño, “esta etapa de gran importancia brinda acompañamiento permanente para buscar la restauración de derechos”.
“La etapa de seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones culmina una vez agotadas todas y cada una de las acciones solicitadas, por ello es importante para la CEDHV que éstas se realicen conforme a los estándares que los derechos humanos exigen. En el año que se informa, 30 de las recomendaciones emitidas fueron aceptadas y 6 fueron aceptadas parcialmente”, manifestó.
Protección de los Derechos Humanos
Matzumoto Benítez refirió que la Comisión tiene la obligación de conocer e iniciar procedimientos de investigación contra actos u omisiones de naturaleza administrativa que violen derechos humanos, provenientes de cualquier autoridad o servidor público, estatal o municipal, por lo que debe de prever procedimientos que generen una respuesta eficaz en la atención de peticiones formuladas por las personas peticionarias.
Señaló que el registro de sus atenciones las lleva a través de un catálogo de solicitudes de intervención que las clasifica de acuerdo al servicio que permita una atención integral de los hechos planteados, clasificándose en: Orientaciones, Gestorías, Ayudas Humanitarias, Quejas y Antecedentes.
Ante ello, mencionó que durante el año pasado se atendieron 8 mil 578 solicitudes de intervención, distribuidas de la siguiente manera: oficinas centrales 39.81 por ciento; delegaciones regionales y étnicas 60.19 por ciento.
Del universo de solicitudes, destacó, el 50.07 por ciento correspondieron a orientaciones; el 23.29 por ciento a gestiones; el 14.25 por ciento a quejas por existir presunción de una violación a derechos humanos; y el 12.39 por ciento a antecedentes y ayudas humanitarias.
Resaltó las solicitudes de intervención atendidas por hechos ocurridos en: Xalapa (1,383), Coatzacoalcos (1,094), Veracruz (861), Tuxpan (501) y Córdoba (468).
Detalló que cinco autoridades señaladas como presuntas responsables de violaciones a Derechos Humanos, concentraron el 87.4 por ciento el total de quejas: Fiscalía General del Estado, Distintos ayuntamientos, Secretaría de Educación de Veracruz, Secretaría de Seguridad Pública, y Servicios de Salud de Veracruz.
Mientras que los ayuntamientos (84) ocupan el segundo lugar de las autoridades señaladas como presuntas responsables de violaciones a Derechos Humanos (19.3 por ciento), registrando mayor número de señalamientos la Policía Municipal (107), el personal del ayuntamiento (69) y la presidencia municipal (39).
Asimismo, se llevaron a cabo mil 998 gestiones, siendo las autoridades ante las cuales se llevaron a cabo el mayor número, así como los municipios en donde se realizó dicha atención, los que se muestran en pantalla.
“Cuando la naturaleza del asunto planteado no es competencia de la Comisión, se ofrece asesoría y orientación sobre las instancias y procedimientos idóneos para la problemática. Se atendieron 4 mil 295 temas a través de orientaciones”, dijo.
Mencionó que la Comisión emitió 92 medidas cautelares en situaciones de riesgo o urgencia para garantizar el respeto o evitar daños irreparables a los derechos humanos de las personas peticionarias.
Acompañamiento a colectivos
Durante el 2023 el organismo, según el reporte presentado por Matzumoto Benítez, se llevaron a cabo reuniones de coordinación con integrantes de 29 Colectivos que solicitaron la intervención de la Comisión.
A petición de las víctimas, expuso, la Comisión participó en 152 acciones de búsqueda en predios o fosas en 29 puntos de las zonas norte, centro y sur del estado.
Además, se realizaron 55 diligencias de notificación de identificación positiva de víctimas de desaparición.
La funcionaria detalló que desde el 2019 se han incorporado en los expedientes de queja dictámenes e informes que desde un enfoque médico-psicológico abonan a la acreditación de violaciones a derechos humanos y fortalecen la solicitud de medidas de reparación del daño.
El año pasado se analizaron 65 expedientes, se realizaron 52 entrevistas, 65 informes de impacto psicosocial emitidos, se brindaron 44 sesiones de contención emocional a personas que, en el trámite de integración de su expediente de queja, manifestaron su deseo de recibir este servicio.
También se aplicaron 57 certificaciones médicas de lesiones en casos en los que las quejosas y quejosos refirieron haber sufrido actos violatorios a su integridad personal en su esfera física.
Para los casos de presuntas violaciones graves por tortura, se gestionó la aplicación de 4 entrevistas para la emisión de dictámenes médicos-psicológicos basados en las directrices del Protocolo de Estambul.
Revisión del Centro de Reinserción
La defensora de derechos humanos dio a conocer que el año pasado se visitaron los 17 Centros de Reinserción Social, el Módulo Preventivo de 72 horas, y el Centro de Internamiento Especializado para Adolescentes de la entidad.
En estos recorridos, expresó, la Comisión realizó 86 observaciones, de las cuales 57 fueron solventadas y 29 se encuentran en trámite.
Con apoyo de las Delegaciones Étnicas y Regionales que Integran el Organismo, se realizaron supervisiones a 151 cárceles municipales en las cuales se efectuaron 477 observaciones, 79 se subsanaron y 398 se encuentran en proceso de atención.
- Vuelve a leer: CEDH entrega informe de actividades al Congreso
En estas actividades se recabaron 698 solicitudes de intervención mediante las que se brindó atención a través de orientaciones, gestiones y la radicación de quejas a personas privadas de su libertad.
“Las autoridades tienen obligaciones reforzadas para atender a grupos en situación de vulnerabilidad, lo cual se traduce también en una obligación reforzada por parte de los Organismos de Derechos Humanos de observar las acciones de las autoridades y actuar para garantizar que se realicen conforme lo disponen las normas”, manifestó.
De la misma forma se llevaron a cabo: 34 visitas de supervisión a albergues que proporcionan ayuda humanitaria a personas migrantes, atención a 49 solicitudes de intervención, atención a 92 solicitudes de intervención a favor de personas con discapacidad; 23 atenciones fueron brindadas a través de gestiones, 29 por orientaciones y se iniciaron 40 procedimientos de queja.
La Comisión Estatal sostuvo reuniones de trabajo con personas activistas feministas y LGBTQ+ de las regiones de Coatzacoalcos, Veracruz, Xalapa, Papantla, Tuxpan y Córdoba, con lo cual se logró acercamiento con 42 colectivas, colectivos y colectives.
Se realizaron 76 asesorías especializadas a diversas áreas integradoras de expedientes en los cuales se presumen violaciones a derechos por violencia de género.
Para vigilar el respeto a los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes no acompañados en contexto de migración que se encuentran albergados en el Centro de Asistencia Social del DIF Estatal, se realizaron 21 visitas y se brindó información sobre sus derechos a 545 menores de edad que se encontraban albergados.
Durante las Supervisiones Penitenciaras realizadas, se procedió a verificar el respeto a los derechos humanos y las condiciones en que viven las niñas y niños que permanecen con su madre privada de la libertad, en los Centros de Reinserción Social ubicados en Amatlán de los Reyes, Coatzacoalcos y Pacho Viejo.
Como resultado de las verificaciones y recomendaciones realizadas, la Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Seguridad Pública, implementó acciones para garantizar la protección de niñas, niños y adolescentes en los centros de reinserción social.
