La titular de la Fiscalía General del Estado Verónica Hernández Giadáns señaló que en 2018 y 2019, durante la administración del panista Miguel Ángel Yunes Linares, se asignaron mayores recursos al órgano autónomo, los cuales bajaron desde el inicio de la actual administración estatal.
Durante la sesión de preguntas y respuestas en su comparecencia ante la Comisión Permanente de Justicia del Congreso local, fue cuestionada sobre los retrasos que se tienen en varias áreas, principalmente en la identificación de restos y ejecuciones de sanciones por el tema de desaparición forzada.
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En su defensa, la fiscala mostró una gráfica en la que presentó las comparaciones del presupuesto que el organismo de justicia ha recibido en los últimos años.
Al respecto, mencionó que en 2018 la Fiscalía recibió mil 554 millones 433 mil 687 pesos y en 2019 2 mil 45 millones 29 mil 411 pesos, cuando estaba al frente el exfiscal Jorge “N.
“En ese entonces los titulares no se encargaron de dignificar a la institución, pese a que tenían más presupuesto”, criticó.
Siguiendo con la exposición, la fiscala refirió que cuando llegó al organismo, el 3 de septiembre de 2019, año para el que se destinaron 2 mil 045 millones de pesos.
Posteriormente, dijo, a partir del 2021 y 2022 “prácticamente nosotros tuvimos lo mismo. Quise presentarles esto porque otras administraciones han tenido más presupuesto, el 2018 también, con mil 500 millones de pesos y no se preocuparon por dignificar a la institución, por fortalecerla de la manera que se ha iniciado desde mi llegada”.
Detalló que en 2020 la Fiscalía recibió mil 446 millones 108 mil 652 pesos, con una ampliación por 347 millones como crédito fiscal de ejercicios anteriores.
Además, en 2021 el presupuesto fue de mil 471 millones 108 mil 652 pesos, con una ampliación por 150 millones de pesos; y en el 2022 fue de mil 471 millones 109 mil pesos
Mientras que en el 2023 se recibieron mil 612 millones 239 mil 421 pesos y en 2024 se asignaron al organismo mil 779 millones 275 mil 844 pesos.
Al pedir a los legisladores que se consideren las acciones que se deben llevar a cabo desde el organismo, Hernández Giadáns mencionó que su administración se ha preocupado por el recurso humano y por dignificar los espacios, además de dotarlos de lo necesario en insumos, en vehículos, gasolina, papelería.
“En el año que yo llego esos 2 mil 45 millones de pesos fue lo que sirvió para advertir que necesitábamos, para la labor de identificación humana, ampliar la infraestructura. Y fue en el 2019 que decidimos, con ese presupuesto que estaba ahí destinado para nada, llevar a cabo la construcción de la Unidad Integral de Servicios Médicos Forenses en Nogales”, argumentó.
Asimismo, indicó que al año siguiente el presupuesto se redujo considerablemente y “nos quedamos limitados a enfrentar lo que tenemos en recurso humano y tratar de ir fortaleciendo poco a poco, o en todas las áreas, el recurso humano que se necesita”.
Reiteró que en Guanajuato la Fiscalía tiene mayor presupuesto, pero “está peor evaluada por la población. En el caso de la Ciudad de México, la percepción es la mejor del País, aunque tiene casi 5 veces más presupuesto que la de Veracruz.
“Obviamente en fiscales, peritos y policías ministeriales nos duplican o triplican en el número. Quizá es lo que Veracruz debería de tener de acuerdo con la población, pero simplemente para tener 600 fiscales más y llegar a mil significan 300 millones de pesos al año que no tenemos”, manifestó.
Fiscala de Veracruz hablas de las recomendaciones por violación de derechos humanos
Por otra parte, Hernández Giadáns aseguró que desde su llegada ha recibido 239 recomendaciones por la violación a derechos humanos, de las cuales ha aceptado 196 y sólo 11 corresponden a acciones que realizó personal a su cargo.
Justificó el rechazo de más de 40 recomendaciones, incluso de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, al argumentar que la mayoría corresponde a administraciones pasadas, algunas datan de hace 18 años.
Fue cuestionada por el rechazo sistemático a las recomendaciones que ha emitido la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
Al presentar gráficas, aseveró que sin duda el tema sería motivo de cuestionamientos, desde el 3 de septiembre del 2021, cuando ella asumió la responsabilidad al frente de la Fiscalía, solo ha recibido 11 recomendaciones por el actuar de los trabajadores a su mando.
“Por año son las recomendaciones, tan solo en 4 meses del 2019 yo recibí 15, en el 2020 recibí 90, en el 2021, recibí 32, en 2022 recibí 52 y en el 2023, 42, pero quiero decirle que de todas las recomendaciones 239, si, 228 corresponde a otros años, desde el 2006, previo a mi llegada”, expresó.
La fiscal cuestionó los motivos por los cuáles no se emitieron recomendaciones a los encargados de procurar justicia durante esos años en que se radicaron las quejas, incluso en los que se tenía un periodo máximo para emitirlas de seis meses.
En ese sentido, acusó que estas omisiones generan la percepción que hubo complicidad, encubrimiento y tolerancia, incluso pactos y compromisos en favor de quienes la antecedieron en la Fiscalía.
“De mi administración son 11 recomendaciones, y de esas 11 se han aceptado seis y hay procedimientos contra los servidores públicos que en su momento fueron omisos de los derechos humanos de las víctimas, yo voy a actuar en consecuencia”, comentó.
Finalmente, manifestó que muchas de las recomendaciones que se emitieron se basan en dichos sin elementos de evidenciar la participación de funcionarios de la Fiscalía.
“Las recomendaciones no son vinculantes, la dependencia tiene la posibilidad de atenderlas, estudiarlas y, en caso de no aceptarlas, fundamentar el por qué no se hace”, agregó.
