Los nombramientos de Fiscales de Atención Temprana, anunciados por la Fiscalía General del Estado (FGE) el pasado viernes, estarán a cargo de solucionar conflictos a través de la conciliación, según el abogado Juan Hernández Hernández.
Anteriormente, los fiscales eran conocidos como orientadores, pero con base en el acuerdo 71/2024 de la FGE, por el que se reforman diversos artículos del reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado, cambiaron su nombramiento por los de Fiscales de Atención Temprana.
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El acuerdo también establece que las Unidades y Subunidades de Atención Temprana se integren a las Fiscalías Regionales para dar una mejor atención y servicio a la ciudadanía.
Según el abogado, la figura no es nueva, pues cuando existía la Procuraduría General del Estado las agencias del Ministro Público contaban con un agente conciliador para mediar entre la parte acusadora y la acusada en busca de la solución de sus diferencias.
"Incluso, antes se denominaban Agentes del Ministerio Público Investigador y Conciliador; esa es la figura de los ahora Fiscales de Atención Temprana", agrega.
Como ejemplo, expone el caso de la agresión de un perro en agravio de alguna persona; "la parte agraviada puede pedir la reparación del daño y entonces el conciliador debería abrir o iniciar la averiguación previa o investigación, en la que se da un término de 40 días para efecto de reparación del año y conciliación".
Asimismo, dice que ese tipo de fiscales también pueden consignar los casos ante un juez, en caso de que no se logre la solución de conflictos a través del primer paso que consiste en la conciliación.
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También reconoce que es necesario que se lleve a cabo ese tipo de procedimientos, pues según él en las Unidades de Atención Temprana suele haber mucha tramitología que genera lentitud.
"Las Unidades de Atención Temprana son como una especie receptora de quejas, pues aunque es cierto que se atiende con oportunidad, los expedientes suelen tardar en llegar a los fiscales", señala.
Reforma a la Ley Orgánica de la Fiscalía General
El pasado 19 de este mes, a través del número extraordinario 290, la Gaceta Oficial del Estado publicó el acuerdo 71/2025 emitido por la FGE por el que se reforman diversos artículos del reglamento de la Ley Orgánica de la FGE a efecto de adscribir las Unidades y Subunidades de Atención Temprana a las Fiscalías Regionales y cambiar los nombramientos de Fiscales Orientadores por el nombramiento de Fiscales de Atención Temprana.
Según ese documento, el acuerdo contiene una reforma al Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado con la que se ha reestructurado el Órgano Especializado en Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias y las Unidades de Atención Temprana.
La FGE señala que "el objetivo principal de esta reorganización es mejorar el servicio proporcionado por la Fiscalía General a las ciudadanas y ciudadanos de Veracruz, enfocándose las citadas áreas de atención que generalmente son los primeros contactos con las víctimas u ofendidos".
También establece que las Unidades de Atención Temprana ahora estarán adscritas a las Fiscalías Regionales e integradas por Fiscales de Atención Temprana, con atribuciones ampliadas que les permitirán llevar a cabo todas las facultades que le corresponden al Ministerio Público a lo largo de todo el procedimiento penal, no solo en la etapa inicial.
Lo anterior, agrega, incluye orientar a víctimas y ofendidos sobre mecanismos alternativos de solución de controversias.
Mientras tanto, "el Órgano Especializado en Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias estará compuesto exclusivamente por facilitadores y personal profesional, concentrándose en facilitar acuerdos reparatorios entre partes en conflicto, sin recurrir a la función punitiva del Estado".
Con esos cambios, la FGE confía en mantener el liderazgo nacional en la promoción de esos mecanismos, enfocándose en la justicia alternativa, siempre favoreciendo la reparación del daño y asegurándose del entendimiento y la comprensión de todos los participantes.
"En conjunto, estas medidas buscan mejorar la justicia cotidiana, alineándose con la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias y el Código Nacional de Procedimientos Penales, despresurizando la carga sobre el sistema de justicia penal mediante la solución consensuada de conflictos", señala la FGE.
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