Veracruz ocupa el segundo lugar en el país con 548 fosas clandestinas descubiertas entre 2006 y 2023, según la actualización de la Plataforma Ciudadana de Fosas Clandestinas, un esfuerzo colaborativo entre las organizaciones Data Cívica, Artículo 19 México y el Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana.
A nivel nacional, Veracruz solo es superado por Sonora, donde se han registrado 750 fosas clandestinas en el mismo periodo. Tamaulipas ocupa el tercer lugar con 475 fosas. Estos tres estados concentran el 39 por ciento de los hallazgos en todo el país.
¿Cuáles son los municipios de Veracruz con más fosas clandestinas descubiertas?
En Veracruz, los municipios con el mayor número de fosas encontradas son: Veracruz, con 100 fosas; Úrsulo Galván, con 73; Córdoba, con 28; Tihuatlán, con 23 y Alvarado, con 17. Estos hallazgos revelan la magnitud de la crisis de desapariciones y violencia que afecta a la entidad.
En cuanto a cuerpos exhumados, Veracruz también se encuentra entre los estados más afectados, con 546 cuerpos recuperados de fosas clandestinas, ubicándose en tercer lugar a nivel nacional, solo detrás de Jalisco (1,269 cuerpos) y Sonora (655 cuerpos). Estas tres entidades representan el 40 por ciento de los cuerpos exhumados en el país.
La disparidad en los registros oficiales es notable. Mientras las fiscalías estatales reportan un total de 4,565 fosas clandestinas y 6,253 cuerpos recuperados en todo el país entre 2006 y junio de 2023, la Fiscalía Generalde la República (FGR) solo reconoce 587 fosas y 1,705 cuerpos en el mismo periodo.
Por su parte, los medios de comunicación, en sus coberturas de prensa, han informado sobre 2 mil 631 fosas y 6 mil 524 cuerpos, además de 49 mil 597 restos humanos, cifras significativamente superiores a las oficiales.
¿Qué es la Plataforma Ciudadana de Fosas?
Este contexto de crisis se presentó el 14 de agosto de 2024, en el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, cuando se relanzó y actualizó la Plataforma Ciudadana de Fosas. Esta herramienta nació en septiembre de 2021 como una respuesta a la falta de un registro público y oficial sobre las fosas comunes y clandestinas, un vacío que debería ser llenado por la FGR en colaboración con las fiscalías y procuradurías estatales.
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El informe destaca que las familias de los desaparecidos, mayoritariamente mujeres, han sido las principales impulsoras de estas búsquedas, ante la ineficacia del Estado.
Ellas se movilizan para recabar datos, difundir la información y presionar por la creación de leyes y bases de datos que aborden esta problemática. Sin embargo, su labor implica riesgos para su integridad física y emocional, evidenciando la profunda descomposición social y la incapacidad del sistema de justicia para hacer frente a estas graves violaciones de derechos humanos.
A pesar de la creación del Sistema Nacional de Búsqueda (SNB) durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la crisis de personas desaparecidas se ha agravado.
El desmantelamiento del Centro Nacional de Identificación Humana (CNIH) y la falta de un Banco Nacional de Datos Forenses (BNDF) han dejado a las familias y a la sociedad sin herramientas efectivas para enfrentar esta tragedia.
Además, la implementación de una política que busca reducir las cifras oficiales de desaparecidos a través de un censo cuestionable, ha sido duramente criticada por su falta de transparencia y rigor metodológico.