De uno a tres años de prisión, hasta 100 días de trabajo a favor de la comunidad y sanción de 150 Unidades de Medida y Actualización (UMA), correspondiente a 13 mil 443 pesos, se podrían imponer a los servidores públicos que cometan el delito de discriminación.

La bancada mixta PRI-PVEM presentó una iniciativa para reformar y actualizar las medidas de apremio establecidas en el artículo 196 del Código Penal del estado para los servidores públicos que cometan actos de discriminación.

En la exposición de motivos se indicó que se busca aumentar en un tercio las penas para servidores públicos que cometan el delito de discriminación y también se establecería el incremento de sanciones en el supuesto de que la conducta sea cometida por una persona con quien la víctima tenga una relación de subordinación laboral.

De esta manera, se incorporaría a las opiniones, como uno de los motivos de discriminación y se establecería que quien cometa esta conducta ilícita, o cualquier otra causa que atente contra la dignidad humana o anule o menoscabe los derechos y libertades de las personas.

Las sanciones se aplicarían, además, al servidor público que en ejercicio de su función incurra en alguna de las conductas previstas, niegue o retrase a una persona un trámite o servicio al que tenga derecho.

Asimismo, podría ser destituido e inhabilitación para el desempeño de cualquier cargo, empleo o comisión públicos, hasta por el mismo lapso de la prisión impuesta.

Cuando las conductas referidas sean cometidas por una persona con quien la víctima tenga una relación de subordinación laboral, la pena se incrementará en una mitad.