XALAPA, Ver.- Los altos presupuestos federal y estatal destinados a los programas de Desarrollo Social no han logrado disminuir la pobreza que padece el 62. 2 por ciento de la población veracruzana, a pesar de que más de 5 millones de veracruzanos son beneficiarios de por lo menos un programa social.
Según el Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 2018, presentado por el Coneval (Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social) los gobiernos –federal y estatales– han creado programas no contributivos, donde ha existido la proliferación de instrumentos dispersos e inconexos que no solucionan el problema de fondo:hay una multiplicidad de programas sociales que buscan mejorar el ingreso de las personas en situación de pobreza, los cuales no siempre lo logran.
De acuerdo con la última actualización de cifras del Padrón Único de Beneficiarios (PUB) que integra la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) del Gobierno Federal, el estado de Veracruz en el nivel nacional ocupa el segundo lugar con un padrón de 5 millones 598 mil 051 de beneficiarios únicos, luego del Estado de México con 10 millones 171 mil 162 personas y sobre Chiapas con 5 millones 282 mil 171 beneficiarios inscritos en programas sociales.
Los municipios veracruzanos que concentran el mayor número de personas inscritas –en por lo menos un programa de Desarrollo Social– son Xalapa con 206 mil 784; Veracruz con 186 mil 978; Papantla con un registro total de 168 mil 304 beneficiarios únicos; San Andrés Tuxtla, con el registro de 143 mil 789 personas; Coatzacoalcos, con un total de 142 mil 082 beneficiarios; Tantoyuca con 107 mil 715, y Álamo, con 101 mil 856 personas registradas.
La Dirección General de Geoestadística y Padrones de Beneficiarios de la Sedesol Federal, refiere que el PUB está integrado por las personas que reciben por lo menos un programa de desarrollo social y que se cuantifican sin repetir la cifra por el número de apoyos que reciben, llamadas “intervenciones”.
Hasta el pasado mes de julio, en Veracruz se habían realizado un total de 9 millones 535 mil 653 intervenciones relacionadas con los 30 programas de desarrollo social a cargo de la Sedesol, en coordinación con las diversas dependencias federales y estatales.
Asimismo, el Segundo Informe Trimestral 2018 de la Sedesol, reporta que –de acuerdo con la distribución de la población potencial del Programa de Pensión para Adultos Mayores– ocho entidades federativas concentran el 50 por ciento de éste: Estado de México, Veracruz, Ciudad de México, Jalisco, Puebla, Michoacán, Oaxaca y Guerrero.
Con datos al 30 de junio, en Veracruz existen 428 mil 643 adultos mayores que integran el padrón activo de beneficiarios.
La entidad veracruzana cuenta con 8 millones 163 mil 963 habitantes, de los cuales 5 millones 049 mil 511 son habitantes en pobreza (9.45 por ciento del total nacional) y 1 millón 332 mil 509 veracruzanos viven en pobreza extrema ( 14. 21 por ciento del total nacional.
En el país, los cinco estados que en 2016 presentaron los porcentajes más altos de población en pobreza fueron Chiapas, seguido de Oaxaca, Guerrero, Veracruz y Puebla.
En términos absolutos, la entidad federativa que concentró el mayor número de personas en pobreza fue el Estado de México con más de 8 millones de personas, los siguientes estados con mayor número de personas en esta situación son Veracruz, Chiapas, Puebla y Oaxaca.
DEFICIENCIA EN LA POLÍTICA SOCIAL
En 2017, la Federación asignó 75 millones 601 mil 570 pesos a la Delegación Sedesol en Veracruz, mientras que –para el ejercicio 2018– esta dependencia federal contó con un presupuesto de 87 millones 169 mil 151 pesos, un total de 162 millones 770 mil 721 pesos.
Por su parte, para el ejercicio fiscal 2017, el Gobierno del Estado de Veracruz destinó a la Sedesol un total de 553 millones 405 mil 768 pesos; para el presente año la dependencia estatal obtuvo un presupuesto de 978 millones 695 mil 980 pesos, un total de 1532 millones 101 mil 748 pesos en dos años.
No obstante, según el Índice Estatal de Capacidades para el Desarrollo Social (IEDS) 2018, elaborado por Gesoc (Gestión Social y Cooperación A.C), la entidad veracruzana mantiene un nivel básico en el desarrollo institucional para la implementación de la política social, lo que se traduce en la existencia de prácticas deficientes en materia de planeación, administración y transparencia en la operación de los programas sociales.
En los dos últimos años, la política de Desarrollo Social implementada por el Gobierno de Veracruz mostró un estancamiento respecto a la planeación presupuestal y retrocesos importantes en monitoreo y evaluación, así como en participación ciudadana, por lo que la entidad registró una caída en el ranking 2018 al pasar de una calificación de 59.22 a 57.36, con lo cual se mantiene en un nivel básico para la implementación de la política de desarrollo social estatal.
Dentro del análisis de los indicadores propuestos en el IEDS 2018, correspondiente al estado de Veracruz, destacan focos rojos en las reglas de operación para programas y acciones estatales de desarrollo social, en donde –al igual que en la medición 2017– ningún programa o acción social tuvo reglas de operación vigentes, además de una falta de definición de la población potencial de los programas estatales.
Asimismo, a pesar de que la entidad cuenta con normativa relacionada al enfoque de Presupuesto basado en Resultados (PrB) para la aprobación de recursos públicos estatales, persiste la falta de uso de evidencia para el proceso de presupuestación anual en materia de Desarrollo Social Estatal; es decir, para la conformación del Paquete Económico Estatal Anual 2017, no se retomaron los resultados de los indicadores o evaluaciones para justificar la aprobación de los recursos públicos de los programas sociales.
Respecto a la Gestión de los Programas, en la entidad se registran deficiencias en aspectos como la alineación de programas y acciones estatales de desarrollo social con la disminución de brechas de pobreza o garantizar el acceso a derechos sociales, así como en la evaluación del diseño de los programas y contratos de gestión por desempeño con los funcionarios públicos responsables de implementar dicha política social.
También se destaca que para ninguno de los programas o acciones sociales resultó posible identificar y cuantificar la población atendida.
En resumen, Veracruz continúa sin generar evaluaciones de procesos ni desempeño para los programas, que estaría a cargo de la Dirección General de Planeación y Evaluación para el Desarrollo, adscrita a la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan).
Cabe mencionar que acuerdo con el informe de la Gesoc, al igual que en 2017, en Veracruz “ninguno de los programas y acciones sociales tuvieron padrones de beneficiarios”.
Hasta el momento, la Sedesol de Veracruz mantiene una lista desactualizada de beneficiarios, correspondiente a la estrategia estatal denominada “Veracruz comienza contigo”, que tiene un último registro con fecha al 31 de diciembre de 2017, sin que se visualice el total de la población beneficiada, ni los municipios a los que pertenecen.
LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES
Durante la presentación del Programa Especial de Combate a la Pobreza y Atención a Grupos Indígenas “Veracruz Comienza Contigo”, realizado en junio de 2017 por la Sefiplan y publicado en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz, se había señalado la falta de evidencia de una focalización con criterios técnicos de la entrega de los bienes y servicios de los programas sociales en la entidad.
El documento explica que “cada programa de la administración estatal identificaba a su población objetivo a través del levantamiento de listados o relaciones de beneficiarios, de esta forma cada programa destinaba recursos a esta actividad y existía una alta probabilidad de dejar fuera a la población que más requería de los apoyos o de duplicarlos en una sola familia”.
Ante ese diagnóstico, la Sedesol de Veracruz anunció la implementación de una estrategia de focalización a través de un padrón único cuyo objetico era identificar a todas aquellas familias que viven en condiciones de pobreza y el tipo de carencia social que tienen que focalizar los apoyos que brinda cada una de las dependencias del sector.
Sin embargo, recientemente, dentro de las observaciones realizadas a la Sedesol en la Cuenta Pública 2017, por parte del Orfis (Órgano de Fiscalización Superior), se advierte la falta de evidencia por parte del Comité Estatal de Planeación y Seguimiento del Programa “Veracruz Comienza Contigo” de que se hayan llevado a cabo evaluaciones internas y externas del mismo, que tienen el fin de revisar el cumplimiento de los programas, metas y acciones de la Política Estatal de Desarrollo Social.
LOS PLANES DE GOBIERNO
Desde los informes realizados por especialistas en política de desarrollo social, tanto de la Gesoc A.C., el IPRO (Iniciativa para el Fortalecimiento de la Institucionalidad de los Programas Sociales en México) y el propio Coneval, existen recomendaciones que apuntan a la eliminación de programas sociales duplicados, una planeación presupuestaria que obedezca a criterios de transparencia y rendición de cuentas, así como el seguimiento y evaluación de la política social.
Por su parte, la Coneval señala la necesidad de contar con una ruta que priorice el acceso efectivo a los derechos sociales y la reducción de pobreza con indicadores adecuadamente definidos, donde se refuercen las estrategias de coordinación entre dependencias y entre órdenes de gobierno: De esta forma se podrá tener un gasto más efectivo y eficiente que examine críticamente los 6,491 programas sociales-federales, estatales y municipales.
Asimismo es indispensable “tener instrumentos de apoyo al ingreso a través de estrategias que incrementen la productividad de la población en situación de pobreza, eliminando programas duplicados y dar seguimiento constante a todo lo largos de los proyectos”.
Por su parte, la Gesoc plantea una agenda de recomendaciones de mejora que puede implementarse en lo inmediato desde la conformación de los nuevos Planes Estatales de Gobierno, hasta la mejora de capacidades y herramientas de la gestión cotidiana de las y los funcionarios encargados de la implementación de la política social en cada una de las entidades.
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