/ lunes 29 de abril de 2019

Impunes, más de 95% de los delitos en Veracruz; hay rezago en procuración de justicia

Sólo el 2% de los casos se judicializa, se acumulan las carpetas de investigación sin que fiscalías logren darles cause

Las cifras de rezago en materia de impartición de justicia mantienen a Veracruz con alto grado de impunidad, con sólo 2 por ciento de casos judicializados correspondientes a las carpetas de investigación iniciadas durante 2017 y 2018; mientras que el número de carpetas de investigación iniciadas hasta enero de 2019 acumulaba 103 mil 308 casos, en una entidad donde la estadística delictiva del fuero común ha alcanzado la cifra de más 50 mil delitos por año.

Hasta enero de 2019, la Fiscalía General del Estado (FGE), a cargo de Jorge Winckler Ortiz, había reportado un total de 103 mil 308 carpetas de investigación iniciadas, de las cuales 40 mil 094 habían sido determinadas como archivo temporal y sólo 4 mil 316 delitos habían sido consignados (4.18 por ciento).

Las cifras proporcionadas por la FGE, a través del Sistema Infomex, revela la impunidad existente en más del 95 por ciento de los delitos que se denuncian en la entidad veracruzana.

En 2017 se contabilizaron 74 mil 456 carpetas de investigación iniciadas; mil 304 consignadas (1.75 por ciento); mientras que 11 mil 760 fueron enviadas al archivo temporal (15.8 por ciento); en 3 mil 831 de las carpetas (5.14 por ciento) se determinó el no ejercicio de la acción penal.

Para 2018 se iniciaron 65 mil 091 carpetas de investigación; mil 066 se judicializaron (1.64 por ciento); 6 mil 820 fueron al archivo temporal (10.5 por ciento); 2 mil 094 fueron determinadas con el no ejercicio de la acción penal.

Aunque el Sistema de Investigaciones Ministeriales de la FGE ha hecho énfasis que este tipo de información se actualiza constantemente, “por lo que no pudiera coincidir con otros reportes”, los promedios registrados en casos judicializados, por ejemplo, no han registrado variaciones sustantivas.

COMBATE A LA CORRUPCIÓN

Uno de los rubros en los que se registran rezagos en la impartición de justicia es en el combate al delito de corrupción.

Durante 2018 en la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, a cargo de Marcos Even Torres Zamudio, se radicaron 840 carpetas de investigación: 337 por abuso de autoridad, 262 por el delito de incumplimiento del deber legal, 166 por hechos constitutivos de delito, 15 por peculado, 16 por cohecho, 32 por ejercicio indebido, 2 por tráfico de influencia, 8 por el delito de desobediencia y resistencia de particulares, uno por exacción ilegal y uno por enriquecimiento ilícito.

Mientras que del 1 de enero al 22 de febrero de 2019 se registraron 97 carpetas de investigación: 45 por abuso de autoridad, 24 por incumplimiento del deber legal, 2 por delito de peculado, 2 por cohecho, 5 por ejercicio indebido y 19 por hechos constitutivos de delito. Hasta el momento no se han radicado sentencias condenatorias ni absolutorias.

CIFRAS DEL DELITO

De acuerdo con los informes del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en 2016 se registraron 42 mil 312 delitos del fuero común, en 2017 hubo 66 mil 379, en 2018 el reporte fue de 54 mil 066 y en el primer bimestre de 2019 se alcanzó la cifra de 8 mil 342 delitos en la entidad.

Aunque la estadística delictiva nacional se produce a partir de los registros de las instancias de procuración de justicia de las entidades, hay datos que presentan diferencias.

En respuesta a una solicitud de información, la FGE reportó que en 2018 se iniciaron 1523 carpetas de investigación por el probable delito de homicidio doloso, mientras que en el informe del SESNSP reportaba un total de 1409 delitos por homicidio doloso ocurridos en la entidad.

Si bien tanto en el nivel federal como estatal las autoridades hacen pública la información sobre estadística delictiva, hasta el momento no se establecen informes para dar a conocer en qué sentido se resuelven, y los datos siguen respondiendo a las sumatorias realizadas de los casos determinados.

LOS “OTROS REPORTES”

El desempeño de las instituciones de procuración de justicia de Veracruz ha estado bajo una constante evaluación y estudio por parte de expertos, en el caso más reciente se tiene el Índice Global de Impunidad 2018 (IGI-México), realizado por la Universidad de Las Américas Puebla (UDLAP), que ubicó al estado veracruzano en el grupo de entidades con grado de impunidad muy alta.

Incluso, en un comparativo entre el IGI-Mex 2017 y 2018, se reveló que la impunidad en la entidad había incrementado al pasar de 72.38 a 75.62 de calificación.

El estudio concluyó que en Veracruz, de acuerdo a las cifras analizadas —entre averiguaciones previas iniciadas, delitos registrados, causas penales abiertas, casos procesados y sentencias—, el sistema de justicia tiende a culpar más de lo sentencia, y que las cifras indican que el sistema favorece en su mayoría condiciones de impunidad.

Asimismo, el análisis explica que la cadena de impunidad “implica la existencia de un proceso encadenado que comienza al momento de la comisión de un delito y su denuncia, continúa con la apertura de una investigación por parte de las instituciones de la procuración de justicia y, finaliza, con una sentencia que puede incluir la definición de una pena o la reparación del daño a favor de una víctima”.

Para la UDLAP la lucha contra la impunidad debería ser elemento clave de una estrategia para combatir la violencia y la corrupción que afectan, en general, al país.

Otro de los centros de estudios que ha medido el desempeño del sistema de justicia en Veracruz ha sido la organización México Evalúa, a través de la plataforma Lab Justicia, el cual otorgó el promedio nacional de impunidad de 87.3 por ciento, dentro de su índice presentado en 2017.

En ese periodo, la entidad veracruzana compartió con el estado de Guerrero, Campeche e Hidalgo, la lista de entidades con menos puntajes en el ranking nacional de avances de la implementación del sistema de justicia.

En general, respecto del papel de las fiscalías se ha advertido también que en éstas recaen gran parte de las demandas sociales que exigen justicia, pues es su competencia investigar los delitos; sin embargo, las condiciones y resultados siguen siendo deficientes.

Las cifras de rezago en materia de impartición de justicia mantienen a Veracruz con alto grado de impunidad, con sólo 2 por ciento de casos judicializados correspondientes a las carpetas de investigación iniciadas durante 2017 y 2018; mientras que el número de carpetas de investigación iniciadas hasta enero de 2019 acumulaba 103 mil 308 casos, en una entidad donde la estadística delictiva del fuero común ha alcanzado la cifra de más 50 mil delitos por año.

Hasta enero de 2019, la Fiscalía General del Estado (FGE), a cargo de Jorge Winckler Ortiz, había reportado un total de 103 mil 308 carpetas de investigación iniciadas, de las cuales 40 mil 094 habían sido determinadas como archivo temporal y sólo 4 mil 316 delitos habían sido consignados (4.18 por ciento).

Las cifras proporcionadas por la FGE, a través del Sistema Infomex, revela la impunidad existente en más del 95 por ciento de los delitos que se denuncian en la entidad veracruzana.

En 2017 se contabilizaron 74 mil 456 carpetas de investigación iniciadas; mil 304 consignadas (1.75 por ciento); mientras que 11 mil 760 fueron enviadas al archivo temporal (15.8 por ciento); en 3 mil 831 de las carpetas (5.14 por ciento) se determinó el no ejercicio de la acción penal.

Para 2018 se iniciaron 65 mil 091 carpetas de investigación; mil 066 se judicializaron (1.64 por ciento); 6 mil 820 fueron al archivo temporal (10.5 por ciento); 2 mil 094 fueron determinadas con el no ejercicio de la acción penal.

Aunque el Sistema de Investigaciones Ministeriales de la FGE ha hecho énfasis que este tipo de información se actualiza constantemente, “por lo que no pudiera coincidir con otros reportes”, los promedios registrados en casos judicializados, por ejemplo, no han registrado variaciones sustantivas.

COMBATE A LA CORRUPCIÓN

Uno de los rubros en los que se registran rezagos en la impartición de justicia es en el combate al delito de corrupción.

Durante 2018 en la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, a cargo de Marcos Even Torres Zamudio, se radicaron 840 carpetas de investigación: 337 por abuso de autoridad, 262 por el delito de incumplimiento del deber legal, 166 por hechos constitutivos de delito, 15 por peculado, 16 por cohecho, 32 por ejercicio indebido, 2 por tráfico de influencia, 8 por el delito de desobediencia y resistencia de particulares, uno por exacción ilegal y uno por enriquecimiento ilícito.

Mientras que del 1 de enero al 22 de febrero de 2019 se registraron 97 carpetas de investigación: 45 por abuso de autoridad, 24 por incumplimiento del deber legal, 2 por delito de peculado, 2 por cohecho, 5 por ejercicio indebido y 19 por hechos constitutivos de delito. Hasta el momento no se han radicado sentencias condenatorias ni absolutorias.

CIFRAS DEL DELITO

De acuerdo con los informes del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en 2016 se registraron 42 mil 312 delitos del fuero común, en 2017 hubo 66 mil 379, en 2018 el reporte fue de 54 mil 066 y en el primer bimestre de 2019 se alcanzó la cifra de 8 mil 342 delitos en la entidad.

Aunque la estadística delictiva nacional se produce a partir de los registros de las instancias de procuración de justicia de las entidades, hay datos que presentan diferencias.

En respuesta a una solicitud de información, la FGE reportó que en 2018 se iniciaron 1523 carpetas de investigación por el probable delito de homicidio doloso, mientras que en el informe del SESNSP reportaba un total de 1409 delitos por homicidio doloso ocurridos en la entidad.

Si bien tanto en el nivel federal como estatal las autoridades hacen pública la información sobre estadística delictiva, hasta el momento no se establecen informes para dar a conocer en qué sentido se resuelven, y los datos siguen respondiendo a las sumatorias realizadas de los casos determinados.

LOS “OTROS REPORTES”

El desempeño de las instituciones de procuración de justicia de Veracruz ha estado bajo una constante evaluación y estudio por parte de expertos, en el caso más reciente se tiene el Índice Global de Impunidad 2018 (IGI-México), realizado por la Universidad de Las Américas Puebla (UDLAP), que ubicó al estado veracruzano en el grupo de entidades con grado de impunidad muy alta.

Incluso, en un comparativo entre el IGI-Mex 2017 y 2018, se reveló que la impunidad en la entidad había incrementado al pasar de 72.38 a 75.62 de calificación.

El estudio concluyó que en Veracruz, de acuerdo a las cifras analizadas —entre averiguaciones previas iniciadas, delitos registrados, causas penales abiertas, casos procesados y sentencias—, el sistema de justicia tiende a culpar más de lo sentencia, y que las cifras indican que el sistema favorece en su mayoría condiciones de impunidad.

Asimismo, el análisis explica que la cadena de impunidad “implica la existencia de un proceso encadenado que comienza al momento de la comisión de un delito y su denuncia, continúa con la apertura de una investigación por parte de las instituciones de la procuración de justicia y, finaliza, con una sentencia que puede incluir la definición de una pena o la reparación del daño a favor de una víctima”.

Para la UDLAP la lucha contra la impunidad debería ser elemento clave de una estrategia para combatir la violencia y la corrupción que afectan, en general, al país.

Otro de los centros de estudios que ha medido el desempeño del sistema de justicia en Veracruz ha sido la organización México Evalúa, a través de la plataforma Lab Justicia, el cual otorgó el promedio nacional de impunidad de 87.3 por ciento, dentro de su índice presentado en 2017.

En ese periodo, la entidad veracruzana compartió con el estado de Guerrero, Campeche e Hidalgo, la lista de entidades con menos puntajes en el ranking nacional de avances de la implementación del sistema de justicia.

En general, respecto del papel de las fiscalías se ha advertido también que en éstas recaen gran parte de las demandas sociales que exigen justicia, pues es su competencia investigar los delitos; sin embargo, las condiciones y resultados siguen siendo deficientes.

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