Las mujeres siguen buscando a las organizaciones de la sociedad civil para acceder al aborto cuando se supone que éste debería ser legal, seguro, gratuito y especializado en todas las instituciones públicas, privadas y sociales, por lo que se les sigue criminalizando, afirmó la abogada feminista Esmeralda Lexiur Ferreira.
Señaló que el estado tiene la obligación de cumplir con ello particularmente en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), pero ante el incumplimiento, se han interpuesto amparos en Veracruz y Xalapa para hacerles cumplir la ley.
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¿A dónde se enviaron los amparos para la interrupción legal del embarazo?
“Los amparos están en proceso, uno le tocó al juzgado de Villa Aldama que fue el de Xalapa, y el segundo le tocó al juzgado cuarto del puerto de Veracruz, fueron admitidos y lo que hay que analizar es darles el seguimiento correspondiente”.
Explicó que es una exigencia digna y prioritaria pues si se paga por un servicio, se merece tener la atención necesaria y lo que se está pidiendo es que se considere la inconvencionalidad del Código Penal Federal que es con el que se siguen amparando instituciones como IMSS e ISSSTE.
“Porque dicen a ver ya reformaste en Veracruz el Código Penal local, pero el federal no, y esa es una mentira, es una falacia, es inadecuado el argumento que brindan, pero en tanto eso pasa, lo cierto es que también hay una obligación del Congreso de la Unión de tener que reformar eso, si tú ya sabes que algo es inconvencional por qué no lo modificas”.
Recordó que a lo largo del país después del trabajo en el tema de la despenalización por lo menos parcial en varias entidades, aunque esté en la ley, en la práctica no se respeta.
“Así tenemos muchísimas figuras no nada más el aborto, hablando del aborto esto se criminaliza mucho más, entonces por parte de varias organizaciones tanto a nivel nacional como a nivel local, se gestó esta estrategia que no inició en Veracruz sino incluso desde el propio año 2021; es decir, antes de que la Suprema Corte discutiera el tema ya se habían promovido algunos amparos por ejemplo en Nuevo León y el objetivo era justo decir, a ver, ya despenaliza porque ya di algunos criterios”.
Sin embargo, como no se respetaba, los jueces federales negaban los amparos y tras la resolución de la SCJN éstos empezaron a proceder.
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Refirió que la estrategia de los amparos se ha promovido en distintas entidades porque a través de las acompañantas, siguen llegando mujeres a pedir ayuda cuando se supone que el aborto ya debería ser legal, seguro, gratuito y especializado en todas las instituciones públicas, privadas y sociales.
“Y la respuesta es muy sencilla, sigue criminalizándose a las mujeres, aunque en la letra diga algo, lo cierto es que en la práctica seguimos teniendo criminalización de las mujeres en las derechohabientes de IMSS e ISSSTE y por supuesto no dudo que, en otro tipo de instituciones, pero particularmente en donde el estado tiene la obligación que son estas dos grandes instituciones que brindan servicios y particularmente el IMSS”.