XALAPA, Ver.- Datos del Índice de Paz México (IPM) 2024 indican que durante los últimos ocho años, la tasa de extorsión de Veracruz se incrementó 561 por ciento, lo cual representa la octava más alta del país, con 91 casos por cada 100 mil habitantes.
Además, refiere que en 2023, el 81.4 por ciento de la población dijo sentirse insegura en la entidad, convirtiéndose en la quinta peor proporción a nivel nacional. El IPM comparte que la violencia le costó al Estado de Veracruz aproximadamente 195 mil 700 millones de pesos, lo que representa 22 mil 548 por cada habitante (per cápita).
En este contexto, los investigadores Víctor Manuel Andrade Guevara y Héctor Domínguez Ruvalcaba coinciden en que la percepción de inseguridad está justificada ante la ineficacia de los impartidores justicia. Además, señalan la existencia de un doble Estado, el formal y el de los criminales.
Más allá de las cifras oficiales, Víctor Manuel Andrade toma en cuenta también el registro hemerográfico para referirse al tema de la extorsión, pues a través de entrevistas realizadas, subraya la existencia del subregistro.
¿Cuáles son los municipios de Veracruz con más extorsiones ?
El problema se ha generalizado particularmente en Coatzacoalcos, algunos municipios del norte del estado, así como en la zona Córdoba-Orizaba. Y aunque en Xalapa no hay tanto reporte, el problema está presente, declara.
“Se les pregunta por qué no denuncian los delitos y se atribuye a la pérdida de confianza en la autoridad. En los últimos meses se han visto todavía más las deficiencias de la Fiscalía: tardanza para recibir las denuncias, no hay investigación de los delitos, no hay capacidad de investigación y, en el tema de casos, fabrican culpables, hay tortura o extravían las pruebas”, señala.
El problema más importante que se está viendo es la inseguridad y la llamada “cifra negra” de delitos que no se reporta; en el caso de la extorsión, dice, es de los menos denunciados porque va por delante la amenaza de muerte.
¿Cuáles son las consecuencias de la violencia en Veracruz?
El integrante del Instituto de Investigaciones Histórico Sociales de la Universidad Veracruzana y miembro del Sistema Nacional de Investigadores expone que los empresarios se han quejado, pues por cada cien empresas, el 50 por ciento ha sido víctima de algún delito.
Ahonda que el problema no se queda ahí sino que tiene otras consecuencias como emigración: “En lugares como Coatzacoalcos se ha detectado personas que tienen sus negocios y han decido irse a vivir a otra parte porque han sido amenazadas”.
Las consecuencias de la violencia, explica, son el propio sentimiento de inseguridad al temer ser víctima porque no se percibe que la autoridad tenga eficacia para perseguir el delito y, en segundo lugar, está el daño económico.
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“En este municipio han cerrado negocios, ha bajado la producción. En entrevistas a empresarios, comentan que no hay opción. Veracruz es un estado que casi no ha tenido crecimiento económico. Vivimos estancados desde hace muchos años”.
En la economía, considera que solo ha podido ser compensada, en parte, con las remesas, que han ido al alza, y que indican hay muchos más trabajadores en los Estados Unidos que mandan remesas a las familias.
“Económicamente se benefician pero por otro lado se generan problemas de desintegración familiar. A veces se van mamá y papá, y el vínculo se rompe”.
Los datos oficiales han intentado cuadrar las cifras, pero si uno sale a la calle y escucha los testimonios, son todavía mayores y, por tanto, de mayor preocupación, añade.
Estado paralelo
Al ahondar en la extorsión y los recursos destinados a la violencia, Héctor Domínguez Ruvalcaba observa que las extorsiones son una de las más palpables evidencias de que “en México y Veracruz existe un Estado paralelo”.
Detalla que para funcionar, los estados necesitan cobrar impuestos, que se tendrían que usar para las funciones capitales -educación y salud-, y algo que sería exclusivo de ellos: el uso de la violencia para disciplinar o mantener el orden, de acuerdo con las teorías del Estado más clásicas.
En ese sentido, apunta que el Estado no es capaz de mantener el orden, pero tampoco la economía sana ni la seguridad de las personas en todos los sentidos.
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“El Estado no ha tenido la capacidad para responder a los ciudadanos que pagan impuestos para que sea un Estado efectivo; ha respondido de una manera tibia y no ha podido superar sus más grandes problemas internos, la impunidad y la corrupción a ultranza, que no es exclusiva pero sí muy pronunciada”.
Ante esto, señala que el crimen organizado se ve capacitado y autorizado en el sentido de que no hay fuerza pública que lo controle para cobrar impuestos a la ciudadanía.
“El cobro de piso o extorsiones es evidencia de un Estado paralelo, son impuestos que se están pagando a este Estado paralelo y que funciona a través del chantaje y amenaza, y además, no cumple la oferta, pues pide pago para dar a cambio protección y seguridad”.
Domínguez Ruvalcaba, investigador de Estudios Culturales Latinoamericanos y Literatura en la Universidad de Texas, con trabajos en Veracruz, califica como indignante la supuesta protección de parte del mismo sujeto que cobra la extorsión para proteger a la víctima de su propia violencia.
Ve como una trampa en la que cae la ciudadanía al aceptar esta situación, en una aceptación que implica que no hay opción para rechazar este contrato de pago de extorsión ante la pérdida de vida y todo lo que el Estado debería garantizar.
“La extorsión es fundamentalmente un problema de incapacidad de Estado que no tiene que ver con que no tenga recursos para resolver sus propios problemas de impunidad y de corrupción sino que el Estado mismo ha tratado de sobrevivir de esa manera. La corrupción es defendida dentro y fuera del Estado”, declara.
¿Cómo se puede lograr la cultura de la paz en Veracruz?
¿Es posible una cultura de paz? Explica que solo si se crea una cultura de no impunidad y no corrupción para llegar a la cultura de la no violencia.
“No es pesimismo pero pareciera que fuera un problema sin resolver con levantamiento de hombros de ‘ni modos’, en señal de aceptar esta estructura de Estado formal que no cumple su función por estar totalmente corrompido y otro estado criminal que se fortalece y gana terreno”.
Menciona que las preguntas actuales son ¿Quién gobierna? ¿Quién controla la vida? ¿Quién nos garantiza la vida?, a las cuales no hay respuesta al vivir en la medida en que se está como víctima de un Estado que no es que no tenga capacidad sino que no quiere controlar.
“Tenemos un Estado que responde por qué hay bajo nivel de denuncias: por miedo a lo que pueden hacer los criminales, porque no hay Estado que venga a castigarlos, y la conciencia de que dentro del mismo Estado hay algunos agentes que protegen a los criminales”.
Añade que la gente lo sabe y no lo dice: “Poner una denuncia pone en peligro, porque pueden incluso venir otras extorsiones. El Estado funciona como una agencia criminal. Está documentado, no lo estoy inventando”, puntualiza.
El investigador reflexiona que ante el hartazgo, la única vía hasta ahora vista es la autodefensa, pues cansada, la gente recurre a la justicia por mano propia, aunque a veces llega la policía a no garantizar el cobro de extorsión.
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“En un país y un Estado donde no hay garantías, la autodefensa viene a ser la única vía, a menos que haya algún grupo político con real interés por acabar con la corrupción e impunidad y lo que eso implica".
Enfatiza que la perspectiva muestra una ciudadanía que se autodefiende de los criminales y el Gobierno, algo que no es nuevo, pues en el siglo XIX sucedió con la proliferación de bandidos, y hasta se tenía más confianza en estos últimos.
“Yo creo que se debe pensar en un desarrollo estructural de una economía más democrática, de mayores accesos a la educación, para disuadir a muchas personas de cometer delitos. Hay una cultura de la violencia, de la corrupción e impunidad que se ha anquilosado y no trabajamos desde los diferentes frentes ayudando a una mejor condición de vida de la población. No hay avance si no se combaten seriamente todos los actos de corrupción que desembocan en todas las acciones violentas”, advierte.
