El estado de Veracruz enfrenta serias brechas en el ejercicio de los derechos sociales y una alta incidencia de pobreza, según el Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 2024 (IEPDS) del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).
El 51.7 por ciento de la población veracruzana vive en situación de pobreza, mientras que el 13.1 por ciento se encuentra en pobreza extrema, cifras que posicionan a la entidad como una de las más afectadas del país.
A nivel nacional, Chiapas, Guerrero y Oaxaca reportaron en 2022 las tasas más altas de pobreza extrema, con 28.2 por ciento, 22.2 por ciento y 20.2 por ciento respectivamente.
Veracruz, con 1.6 millones de personas en pobreza extrema, se ubica entre los estados con mayor número absoluto de personas en esta condición, solo superado por Chiapas.
La región sur de México, que incluye a Veracruz, destaca por su elevada incidencia de pobreza. En Veracruz, el 51.7 por ciento de la población vive en pobreza, situando al estado entre los más afectados junto con Puebla (54 por ciento) y Tlaxcala (52.5 por ciento). En términos absolutos, Veracruz ocupa el segundo lugar a nivel nacional con 4.2 millones de personas en situación de pobreza, detrás del Estado de México con 7.4 millones.
Carencias sociales en Veracruz
El informe del Coneval también expone las graves carencias sociales que afectan a la población veracruzana. En 2022, el 65.7 por ciento de la población en México presentó al menos una carencia social, y el 24.9 por ciento reportó al menos tres.
En Veracruz, los principales indicadores de carencia son los siguientes:
· Rezago educativo: 25.5 por ciento de la población.
· Acceso a servicios de salud: 49.2 por ciento de la población con carencia.
· Acceso a la seguridad social: 60.9 por ciento de la población con carencia.
· Calidad y espacios de la vivienda: 12.6 por ciento de la población con carencia.
· Acceso a servicios básicos en la vivienda: 37.4 por ciento de la población con carencia.
· Acceso a alimentación nutritiva y de calidad: 21.6 por ciento de la población con carencia.
Estas carencias colocan a Veracruz entre los estados con mayor número de personas afectadas, destacándose la carencia por acceso a los servicios básicos de la vivienda, que afecta a 3 millones de veracruzanos.
Bienestar económico
El bienestar económico en Veracruz también es motivo de preocupación. El 18.8 por ciento de la población tiene un ingreso inferior a la línea de pobreza extrema, y el 57.7 por ciento se encuentra por debajo de la línea de pobreza por ingresos.
Estas cifras sitúan a Veracruz entre las entidades con mayor número de personas en condiciones económicas precarias, solo superado por el Estado de México y Chiapas.
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Grupos históricamente discriminados
El informe del Coneval destaca que las brechas en el ejercicio de los derechos sociales son más amplias entre grupos históricamente discriminados, como niñas, niños, adolescentes, jóvenes y personas adultas mayores. Estas brechas se acentúan aún más entre la población indígena, personas con discapacidad y mujeres.
Las mujeres, en particular, enfrentan barreras significativas en el acceso al trabajo, derivadas de estereotipos de género y roles tradicionales. A pesar de los esfuerzos del gobierno por ofrecer capacitación y mejorar el acceso al empleo, persisten retos como la desigualdad salarial y la sobrecarga de trabajo doméstico no remunerado.
Las personas con discapacidad continúan siendo marginadas debido a entornos y políticas que no consideran sus necesidades específicas, lo que limita su participación en la vida social y económica.
Por su parte, la población indígena sigue enfrentando discriminación en los mercados laborales y una limitada formalización del empleo, lo que perpetúa las desigualdades de generación en generación.
A partir de los hallazgos identificados, el IEPDS 2024 propone diversas recomendaciones dirigidas a las dependencias y entidades de la administración pública federal, con el objetivo de mejorar y fortalecer la política de desarrollo social. Estas recomendaciones buscan garantizar el ejercicio pleno de los derechos sociales en México, con especial énfasis en los grupos históricamente discriminados.
Entre las principales recomendaciones se encuentra la integración, desde la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo (PND), del diseño e implementación de un sistema de cuidados universal con una visión a largo plazo.
Este sistema debe considerar: 1) las características y necesidades específicas de los grupos que requieren cuidados, como la primera infancia, las personas con discapacidad y los adultos mayores; 2) el cambio demográfico en el país; 3) el desarrollo de acciones de detección y prevención temprana; y 4) la formulación de medidas financieras que aseguren su sostenibilidad a lo largo del tiempo.
