Reprobadas en transparencia las dependencias de Veracruz: Métrica de Justicia Abierta

Transparencia, participación, colaboración y rendición de cuentas, donde más fallan las instituciones de la entidad

Fabiola González | Diario de Xalapa

  · martes 25 de julio de 2023

Informe de Métrica de Justicia Abierta 2023 es abierto y a nivel mundial | Foto: Pexels

En Veracruz, las instituciones dedicadas a la justicia no son totalmente abiertas. Según la Métrica de Justicia Abierta 2023, elaborado por el Proyecto de Justicia Mundial (The World Justice Project) y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), las instancias estatales están reprobadas en transparencia, participación, colaboración y rendición de cuentas.

Esta métrica es la primera medición de justicia abierta en el mundo y evalúa el nivel de apertura de las instancias que se encargan de procurar, administrar e impartir justicia, así como de la defensa, promoción y protección del acceso a la justicia en el país, en una escala que va de cero a uno.

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¿Qué promedio obtuvo Veracruz en Justicia Abierta?

De acuerdo con la Métrica de Justicia Abierta, el estado de Veracruz obtuvo un promedio de 0.48, con lo cual se ubica en la posición 15 a nivel nacional. En la dimensión de transparencia, las instituciones veracruzanas obtuvieron una puntuación de 0.65, el mayor puntaje obtenido por encima de la rendición de cuentas (0.50), la participación (0.43) y la colaboración (0.33).

Las instituciones veracruzanas evaluadas fueron la Comisión Ejecutiva Estatal para la Atención Integral a Víctimas de Veracruz (CEEAIV), el Centro de Justicia para las Mujeres (CEJUM), el Tribunal Electoral del Estado de Veracruz (TEV), la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), la Fiscalía General del Estado (FGE), el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJAV), el Poder Judicial del Estado (PJEV) y la Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente (PMA).

En Justicia Abierta, la Comisión Ejecutiva Estatal para la Atención Integral a Víctimas resultó la mejor evaluada con un puntaje de 0.6, seguida del Centro de Justicia para las Mujeres y el Tribunal Electoral del Estado, ambos con 0.57.

La Comisión Estatal de Derechos Humanos obtuvo un puntaje de 0.47, mientras que la Fiscalía General del Estado y el el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa alcanzaron una puntuación de 0.46. El Poder Judicial del Estado obtuvo 0.42, mientras que la Procuraduría Estatal de Protección del Medio Ambiente obtuvo el puntaje más bajo (0.31).

En esta primera edición de la Métrica de Justicia Abierta, se incluyeron en la medición todas las autoridades de justicia tanto federales como estatales, registradas en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) hasta el momento del estudio: 233 instituciones, 11 federales y 222 estatales. Estas incluyeron a Tribunales, Fiscalías y Procuradurías, Centros de Derechos Humanos e Instancias Penitenciarias.

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Los resultados de esta evaluación nacional destacan que la transparencia es la mayor fortaleza de la justicia abierta en México, mientras que la colaboración es su punto débil.

La dimensión de transparencia presenta el puntaje más elevado, con 0.59. La dimensión de colaboración obtuvo el resultado más bajo de las cuatro dimensiones, con un puntaje promedio de 0.27, lo que indica que existen escasos mecanismos de retroalimentación ciudadana para los planes, programas, procesos y servicios de justicia.

La dimensión de participación obtuvo un puntaje promedio de 0.37, lo que muestra que aún falta mucho para alcanzar la centralidad de las personas en el sistema de justicia.

La dimensión de rendición de cuentas obtuvo resultados mixtos en distintas variables. Por un lado, existe un amplio acceso a información sobre el presupuesto (y su ejercicio). En contraste, es más reducida la apertura sobre las contrataciones de servicios y obras públicas, área considerada como una de las de mayor riesgo de corrupción.

La mayoría de las instituciones no cuentan con mecanismos para denunciar faltas y delitos de corrupción. Son casi inexistentes los protocolos de protección a denunciantes.