El diputado del PAN, Jaime Enrique de la Garza Martínez presentó una iniciativa que tiene como finalidad que el Estado cubra los gastos médicos de los veracruzanos y veracruzanas cuando se les niegue el servicio en espacios de salud públicos.
Dicha iniciativa busca adicionar la fracción XX Bis al apartado A del artículo 3 de la Ley de Salud del Estado de Veracruz en el que se establezca que el Estado deberá “subrogar los gastos económicos por concepto de prestación de servicios de salud, atención médica, hospitalización, medicamentos y demás insumos asociados, otorgados por el sector privado a las personas sin seguridad social que les sea denegado el servicio en los centros de salud, clínicas y hospitales a cargo del Gobierno del Estado”.
¿Cuántas personas en Veracruz no cuentan con acceso a servicios de salud?
Al subir a tribuna, el legislador indicó que según los datos proporcionados por el CONEVAL de 2020, alrededor de 35.7 millones de personas no cuenta con adscripción o afiliación a las instituciones públicas de seguridad como son IMSS, ISSSTE, Pemex, Ejército y Marina o no tienen derecho a recibir los servicios que presta el Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI).
En Veracruz, dijo, el porcentaje de población que se encuentra en las mismas condiciones es de un 31 por ciento, lo que representa un total de 2 millones 508 mil personas.
“La situación se torna más grave para las personas con este tipo de carencia cuando se enfrenta una enfermedad catastrófica que puede sumir a una familia en la pobreza o ahondar los niveles de desigualdad social, por los gastos propios de la enfermedad o por la pérdida de ingreso si la persona enferma era quien contribuía al ingreso familiar”, expuso.
Criticó que en la entidad además de carencia de recursos, existe falta de voluntad de parte de las autoridades para atender el tema.
Destacó que el Informe Ejecutivo de la Evaluación Específica de Desempeño del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) señaló el año pasado que en el ejercicio fiscal 2021 se destinaron 7 mil 423 millones de pesos a Veracruz; sin embargo, hubo un subejercicio de 18 millones 500 mil pesos.
Con esto, manifestó, se declaró en el informe que Sesver debía implementar los controles internos necesarios para disminuir o erradicar estas prácticas de efectuar un gasto menor a lo autorizado.
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Asimismo, la entidad evaluadora indicó: “Es necesario que Sesver implemente un informe anual de resultados con los recursos del FASSA donde se ponga a consideración de los evaluadores, fiscalizadores o ciudadanía la descripción de actividades, el gasto de recursos y el planteamiento de si lo programado finalmente se cumplió, lo que coadyuvaría a evitar subejercicios de los recursos”.
Detalló que el mismo ente señaló que el área de transparencia en el portal oficial de la dependencia estatal en relación con el uso de recursos no se encontraba activa, además de que se presentaron debilidades en el Código de Ética, suministro de medicinas, actividades de control interno y bajas de personal.
“La fortaleza de los Servicios de Salud es haber adquirido buzones de acrílico para quejas y sugerencias. A mitad del 2022 se registró un saldo pendiente de ejercer de 257 millones 872 mil pesos, equivalente al 63 por ciento destinado para el desarrollo de 201 obras y acciones para el fortalecimiento de servicios de salud en 63 municipios. No vengo a pedir que se aumente el presupuesto a Servicios de Salud porque, como vemos, de poco sirve ante estas circunstancias”, argumentó.
Refirió que para atender esta realidad la Oficina del Alto Comisionado, principal entidad de las Naciones Unidas en el ámbito de los derechos humanos, dispone algunos aspectos fundamentales del derecho a la salud, entre los que se encuentran: que las personas tengan la oportunidad de disfrutar del más alto nivel posible de salud; el derecho a la prevención y el tratamiento de enfermedades y la lucha contra ellas; el acceso a medicamentos esenciales; y la salud materna, infantil y reproductiva.
Mencionó que se debe lograr que en Veracruz la salud sea una realidad para todas las personas, sin distingo alguno, pero sobre todo para quienes se encuentran fuera de alguna institución de seguridad social, en condiciones de pobreza o de vulnerabilidad que, ante una enfermedad, ponen en riesgo los pocos recursos económicos que tienen disponibles o, en muchos casos, se ven en la necesidad de endeudarse para acudir a servicios privados, cuando se les niega el servicio o la atención médica en los centros de salud, clínicas u hospitales a cargo del Gobierno del Estado.
Es impostergable que, acorde a las últimas reformas aprobadas por esta Soberanía en materia de salud, el Estado subrogue los gastos realizados por este sector de la población cuando se encuentre en una situación de esta naturaleza, expresó.
