La decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de revertir la jurisprudencia 196 dejará en la indefensión laboral, dañará los derechos humanos, provocará discriminación y restricción a los investigadores del país, aseveró Julio Antonio García Palermo, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores del Centro de Estudios Superiores en Antropología Social.

“Los centros públicos de investigación tenemos una amenaza, que son los que trabajan para el Conacyt o tenemos relación en investigación, cultura y educación”, dijo.

En conferencia de prensa explicó que en próximos días la Suprema Corte revertirá la jurisprudencia 196 con la que se permitió a los organismos públicos descentralizados pasar del apartado A, siendo aquel que se rige por la Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado, al aparto B, que es el que se aplica bajo la Ley Federal del Trabajo.

Refirió que la situación es adversa para los investigadores, ya que en el apartado A se cuenta con la negociación colectiva y el personal académico se puede sindicalizar.

“El apartado B es restrictivo, no permite la huelga, no tiene contrato colectivo y las condiciones de trabajo que ofrece son unilaterales porque el patrón tiene la capacidad legal de reconocerte o no”, expuso.

Detalló que si la Suprema Corte sustituye la jurisprudencia los trabajadores de los organismos como el Centro de Estudios Superiores en Antropología Social (Ciesas) y demás centros públicos de investigación que están en el país serían afectados de manera directa.

Al respecto, mencionó que en sindicato que representa se tienen afiliadas 235 personas, de las cuales el 50 por ciento es personal académico, por lo que se podría dejar de representar a la mitad de los agremiados.

“En caso de que se sustituya la jurisprudencia no sólo estaremos afectados nosotros, sino también las personas que se incorporen a trabajar porque estarían en una condición laboral de discriminación y desventaja”, expresó.

Al respecto, la doctora en Ciencias Sociales, Patricia Ponce Jiménez, aseveró que los investigadores se quedarían sin derechos laborales, además, se perdería la libertad de cátedra e investigación.

“Con esto se vuelven personal de confianza, lo que implicaría que estarían a merced del jefe o jefa inmediata para ser removidos o despedidos, perderían el derecho de expresión de cátedra e investigación”, opinó.

Puntualizó que la decisión de la Suprema Corte es una afectación directa a los derechos humanos de los investigadores.

“Esto es una afectación directa a nuestros derechos humanos como profesores investigadores. Está por demás decir que la Suprema Corte está para ampliar y respetar los derechos, no para restringirlos, esto sería un duro retroceso”, manifestó.