La Junta de Coordinación Política dio entrada a la solicitud del Senador panista, Julen Rementería del Puerto, para que el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) audite las obras que se realizaron a través de la dirección de Espacios Educativos, ante la presunción de que se entregaron a empresas “fantasmas”.
En la correspondencia se dio entrada al oficio que entregó el panista el pasado 26 de mayo, en el que señala que existen irregularidades en la asignación de contratos y de obras que realizó la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV).
En la solicitud del senador se pide que el Orfis revise de manera “exhaustiva” la asignación de contratos y la calidad de las obras, luego de que detectó supuestas irregularidades en la edificación de tres inmuebles en el puerto de Veracruz.
Con anterioridad Rementería del Puerto habría explicado que las irregularidades se identificaron en la telesecundaria “Alfonso Reyes” en el municipio de Veracruz, la dirección que entregó a la empresa “Solución Integral de Ingeniería Construcción y Mantenimiento S.A. DE C.V. que recibió un contrato superior a los 600 mil pesos, su dirección fiscal es “una casa abandonada en malas condiciones”.
Señaló también el contrato IEEV-MOP-009-19, adjudicado a la empresa contratista Edificación, Asesoría y Planeación Licona S.A De C.V., al revisar el domicilio fiscal de dicha empresa Juan Martínez No. 30, col. Centro, en el municipio de Cardel, se encontró que ahí funciona un autolavado.
Además, se adjudicó el contrato IEEV-MOP-020-19, a la empresa contratista “Constructora AKAB S.A de C.V, con domicilio fiscal en las Palmas número 4, col. Unidad Habitacional El Castillo, en el municipio de Xalapa, “pero al hacer una revisión física se encontró que es una casa habitación que vende mole”.
Se debe recordar que tanto el titular de la SEV, Zenyazen Escobar García, como el diputado de Morena, Víctor Emanuel Vargas Barrientos, señalaron que durante su paso por la SIOP Julen Rementería fue observado por la asignación de 52 obras por un monto de 394 millones de pesos en el año 2017.
Y en la revisión del 2018 realizada por el Orfis se observó que 38 contratos por un monto de 28 millones de pesos, según las declaraciones de ambos servidores públicos.