Un juez federal estableció un plazo de tres días para que la presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Isabel Inés Romero Cruz, reinstale en su cargo como magistrado a Roberto Dorantes Romero. En caso de incumplir con dicha sentencia, se le aplicaría una sanción de 100 Unidades de Medida y Actualización, equivalentes a 8 mil 962 pesos.

La resolución fue emitida el pasado 24 de marzo, por lo que la reinstalación del magistrado debería cumplirse el próximo lunes 29 de marzo o, en su caso, manifestar la imposibilidad que se tenga para ello acreditándolo con constancias fehacientes que sustenten dicho acto.

En la determinación del juez, además, se estableció que deberán ser pagadas las percepciones que hubieran dejado de cubrirse durante el periodo que estuvo separado del cargo.

El magistrado deberá ser reinstalado en el cargo que le fue conferido el 27 de noviembre de 2015 por un periodo de diez años.

Dorantes Romero fue destituido del cargo en julio del año pasado, al aplicársele el retiro forzoso previsto en el artículo 59 de la Constitución Política del Estado de Veracruz por haber cumplido 70 años de edad.

En la resolución se indica que se ordenó vincular al cumplimiento de fallo protector al Congreso del Estado y al Gobernador del Estado, los cuales fueron requeridos en el auto indicado y acorde por lo acotado por la Superioridad, lo cierto es que la Presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, no está exenta del cumplimiento de dicha sentencia, al haber sido concedido el amparo por los actos que a ella se le atribuyeron.

Máxime que corresponde a dicha autoridad llevar a cabo la reinstalación del quejoso con el pago de percepciones que hubieran dejado de cubrirse, además que debe permitirle ocupar su cargo por el periodo comprendido en el nombramiento que se le otorgó el 27 de noviembre de 2015.

“Ello con independencia que las autoridades vinculadas en el ámbito de sus respectivas facultades o atribuciones, se abstengan de realizar actos que impidan el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, ya sea dejando de entorpecer la reinstalación en el cargo del quejoso o bien realizando aquellos actos necesarios para garantizar la restitución del derecho reclamado por el promovente”, expone el resolutivo.

Se debe recordar que el magistrado Roberto Dorantes Romero ya habría obtenido un amparo en el que se establecía que no podía ser removido del cargo por haber cumplido 70 años de edad.

El recurso fue interpuesto desde el 2019, dado que el 22 de abril de ese año de manera verbal se le informó que hasta el 4 de mayo de la misma anualidad dejaría de fungir en el cargo de magistrado.

Su nombramiento se dio en el Congreso local el 27 de noviembre de 2015, en sustitución de Onésimo Fernández Campos, por un plazo de 10 años, por lo que el magistrado consideró que su destitución por cumplir 70 años de edad era violatoria a sus derechos.

Ante ello, solicitó el amparo de la justicia federal, misma que en el resolutivo del 6 de diciembre de 2019 se le otorgó.

Tras haber sido destituido por el Congreso local, el pasado 7 de julio, el magistrado recurrió a la ley para hacer valer el amparo con el que cuenta y en el que se establece que no puede ser destituido por cuestión de edad.

Pese a ello, el 5 de agosto del 2020 el pleno del Poder Judicial realizó las adscripciones de los seis magistrados que fueron nombrados por el Congreso local para ocupar igual número de cargos que se consideraron vacantes, entre ellos, el del magistrado Roberto Dorantes Romero.

Ese día se adscribió a María Lilia Viveros Ramírez a la Octava Sala en el espacio que ocupaba Dorantes Romero, motivo por el que se deberán realizar reajustes o, bien, desde el pleno del Poder Judicial, dirigido por la magistrada Isabel Inés Romero Cruz, determinar cuál será el lugar que ocupe la nueva magistrada.

Se debe puntualizar que al haber obtenido por el Congreso local el nombramiento como magistrada María Lilia Viveros Ramírez cuenta con el amparo de la ley para evitar ser removida del cargo y al ser adscrita a una Sala se encuentra protegida por la Ley Orgánica del Poder Judicial.