XALAPA, Ver.- La jueza del Décimo Noveno Distrito con sede en Coatzacoalcos, Nancy Juárez Salas, se defendió ante los señalamientos que se hicieron en su contra desde la Federación y la negativa de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, ante la resolución judicial que involucra a la Reforma Judicial.
Desacato es un mal mensaje de la presidenta de México, señala jueza
“Me resulta preocupante el mensaje que manda la presidencia en cuanto al desacato de una resolución judicial porque rompe por completo el Estado de Derecho y eso se traduce en una anarquía que es cuando no se respetan las leyes, y se podría llegar al absurdo de que nadie respete la ley”, dijo.
En entrevista para Diario de Xalapa, la jueza refirió que este desacato es un “mal mensaje” para quienes tienen procesos abiertos porque se podría considerar que la autoridad es “incompetente” o, bien, alguien que tenga una condena de prisión diga que no se somete porque la autoridad no es la facultada. “Entonces cada quien haría lo que quisiera en el cumplimiento de las leyes y es un desprecio total que se ha hecho hacia la Constitución, las instituciones y el pueblo de México”.
Añadió que como jueces federales corren el riesgo de que alguna de las partes haga ese tipo de señalamientos con la finalidad de presionarles para que dicten o dejen de dictar alguna resolución o para que la dicten a su favor o de acuerdo a sus intereses.
“En este caso, sobre los señalamientos y las amenazas que han expuesto las autoridades soy respetuosa, estoy tranquila porque mi actuación ha sido apegada al marco legal y constitucional”, dijo.
Refirió que desde hace 14 años que tiene el cargo como jueza ha dado resoluciones independientes, imparciales y objetivas, “siempre buscando el respeto de los derechos humanos de las personas”.
“Soy consciente de que el poder se encuentra concentrado en estos momentos y, por tanto, el aparato del Estado puede ser utilizado en mi contra únicamente por realizar mi función como juzgadora federal, en ese sentido y ante esos señalamientos, me abstengo de hacer caso porque tengo que dar mis resoluciones sin presión alguna, sin considerar los señalamientos y con base en el marco constitucional y la Ley de Amparo como lo he hecho”, expuso.
Consideró que todas las autoridades tienen expeditos sus derechos, por lo que “como cualquier persona que realice su trabajo con profesionalismo y apegado al marco legal podría sentir cierto temor, pero es parte de la función jurisdiccional”. “Desde el momento que se acepta el cargo de juez se sabe que alguna situación así puede pasar, pero ello no puede llevarnos a inclinarnos en el lado incorrecto o fuera del marco legal para evitar que se den estos señalamientos”, comentó.
Jueza de Nancy Juárez explica por qué fue suspendida en 2021
La jueza fue cuestionada sobre los señalamientos que se hicieron en la conferencia de esta mañana de parte de la titular de la Secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, quien dijo la jueza fue suspendida en 2021 como consecuencia de algunas denuncias que fueron interpuestas por servidores públicos en su contra.
Ante ello, Juárez Salas afirmó que los hechos se registraron hace tres años, cuando era titular de un Juzgado Mercantil en la ciudad de Cancún, donde advirtió la presencia de actos de corrupción cometidos por los servidores públicos que, tras ello, la denunciaron.
“El ministro (Arturo) Zaldívar, que en ese entonces estaba como presidente de la Corte, de él recibí presiones y la presión que recibí para que no denunciara actos de corrupción fue la suspensión y, efectivamente, sin justificación se me suspendió por dos años, pero fue injustificado porque no existe dentro de ese procedimiento una sola prueba que demuestre, hasta el día de hoy, mi responsabilidad en esas conductas que inventaron con la finalidad de que saliera de ese Juzgado y no denunciara los actos de corrupción”, afirmó.
Indicó que este hecho se registró en el año 2021 y estuvo adscrita, pero suspendida, hasta el 2023, cuando se levantó la suspensión por no encontrar pruebas en su contra. Luego de ello, la Secretaría de Adscripciones determinó enviarla a Coatzacoalcos, donde radica desde hace más de un año.
Comentó que recibió su nombramiento de parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 1 de diciembre de 2010 y fue ratificada en el 2016.
Después de realizar un análisis de su trabajo, su productividad, las estadísticas, los cursos realizados y la preparación académica recibió una ratificación de manera inamovible al obtener una mención de excelencia. La inamovilidad indica que los jueces deben retirarse al cumplir 65 años de edad.
Mencionó que en el sorteo que se realizó para la elección de jueces y magistrados su espacio no salió, por lo que le correspondería en el 2027, pero declinará a este hecho.
“Voy a declinar porque es una humillación flagrante, una descomposición judicial, así la llamo yo, porque ahora las personas que van a integrar las cabezas de los Juzgados van a estar sometidas al poder que ejerce el oficialismo y, tomando en cuenta eso, van a ser obligadas a resolver los juicios de amparo conforme a los interés del gobierno y mi postura es de independencia por carrera judicial y declinar en el puesto”, argumentó.
¿Por qué se dio la resolución a la Reforma judicial?
La jueza explicó que la resolución emitida que la puso en el contexto nacional se relaciona con una solicitud de amparo presentada el Juzgado a su cargo por un grupo de ciudadanas, quienes consideraron que el proceso legislativo que se desarrolló para la aprobación de la Reforma Judicial fue incorrecto.
“El amparo fue presentado contra el proceso legislativo, no en contra de la reforma como se pretende hacer ver, el recurso fue en contra del procedimiento por violaciones propias del mismo acto, es decir, no se siguieron plazos, no se dieron las condiciones que la propia ley establece, eso es lo que alegan las quejosas”, manifestó.
Detalló que las solicitantes pidieron la suspensión de los actos reclamados, es decir, que las autoridades se abstuvieran de publicar el Decreto de Reforma en el Diario Oficial de la Federación, lo que se les concedió con una suspensión el pasado 12 de septiembre. Además, dijo, en esa fecha se solicitó a las autoridades responsables que se abstuvieran de realizar dicha publicación.
Tras ello, el pasado 20 de septiembre se otorgó una suspensión definitiva, misma que también tuvo efectos restitutorios que se encuentran establecidos en el artículo 147 en la Ley de Amparo, mediante los cuales se pidió que se eliminara provisionalmente del Diario Oficial de la Federación la publicación.
“En la resolución pedimos que se eliminara de la página la publicación respectiva, ese fue el efecto de la suspensión definitiva. Se hicieron argumentos de que, a pesar de que se trate de un acto que pudiera considerarse consumado, tiene efectos subsecuentes, no se trata de un acto consumado en sí mismo porque, a partir de la publicación, entra en vigor la ley y se tienen que ejecutar actos como los que hemos visto”, detalló.
Puntualizó que la resolución fue notificada de manera correcta a las autoridades responsables, pero no se presentó ningún recurso contra dicha determinación. “Los argumentos que las autoridades federales vierten públicamente no son suficientes para modificar o revocar una determinación judicial, los asuntos se tienen que litigar en tribunales, exponer los argumentos y plantear los recursos previstos en la ley, pero no lo hicieron, hay un silencio total de las autoridades en el expediente, públicamente ya dijeron que no van a cumplir”, comentó.
Afirmó que las autoridades no cumplieron lo que se les pidió en una resolución judicial, pese a que el trámite se realizó conforme a lo establecido en la Ley de Amparo. Puntualizó que, además, solicitó un informe a las autoridades responsables en el juicio, en este caso la presidencia de la República, en el que en tres días se diera a conocer el motivo por el cual no cumplió con la primera resolución y se les notificó el requerimiento sin recibir respuesta.
“Basándome en ello (la falta de respuesta), se dictó la resolución en la que se requirió que en un plazo de 24 horas se cumpla con la suspensión definitiva de los actos reclamados y se ordenó el envío de un exhorto a la Ciudad de México, ahorita no puedo decir si transcurrieron o están transcurriendo las 24 horas porque no ha sido devuelto el exhorto que envié para notificarles, lo que sigue es esperar a que me devuelvan esas notificaciones para contabilizar el plazo y analizar si es que cumplieron o no”, relató.
Destacó que en caso de que exista un incumplimiento de las acciones establecidas se debe continuar con el trámite establecido en el artículo 107 constitucional y los artículos del 206 al 209 de la Ley de Amparo en el sentido de que se debe dar vista al Ministerio Público de la Federación, cuyos fiscales deberán resolver el procedimiento legal.
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“El Ministerio Público, de acuerdo a sus atribuciones, debe continuar con el procedimiento de responsabilidad penal. La consecuencia la tiene que sufrir, en este caso, el servidor público que se encuentre como titular y sea la autoridad responsable, aquí el incumplimiento viene de parte de la presidenta, pero ello no significa que por ser la presidenta se vaya a dar vista al Ministerio Público, esto ocurre si desacata alguna resolución judicial cualquier autoridad”, dijo.
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