Xalapa, Ver.- Pese a que se contemplaba que el dictamen de la Comisión Instructora que determina como procedente el juicio político contra la magistrada Sofía Martínez Huerta, señalada de usurpación de funciones, se incluyera en la sesión extraordinaria de ayer jueves, el tema quedó fuera de agenda.
El presidente de la Comisión Instructora, Víctor Vargas Barrientos, habría dado a conocer que el tema se incluyera en la sesión, pero de última hora se decidió no contemplarlo, debido a que los grupos parlamentarios aseguraron desconocer el dictamen.
El dictamen podría ser presentado al pleno en la siguiente sesión extraordinaria, a realizarse la semana próxima.
La magistrada se enfrentará al juicio político, ya que en noviembre de 2020 el juez José Clemente Zorrilla solicitó dicho proceso en su contra, tras ser removido del juzgado a su cargo.
La decisión de remoción tenía que ser tomada por el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial, pero la instrucción fue dada por Martínez Huerta, motivo por el que fue acusada de usurpar funciones del máximo órgano al interior del Poder Judicial.
Esta será la primera vez que un juicio político llegue hasta el Consejo de la Judicatura y esté en manos del pleno de magistrados el futuro de la expresidenta del Poder Judicial, a quien se le acusa de usurpación de funciones.
El dictamen deberá pasar al pleno del Congreso local, donde se requieren por lo menos 34 votos a favor para que sea procedente.
De reunir la votación necesaria, el documento se enviará a la Secretaría General de la Legislatura, desde donde se remitirá al Tribunal Superior de Justicia del Estado, a fin de que los magistrados integrantes de la Sala Constitucional notifiquen a la denunciada para que formule alegatos a su favor y a la Comisión Instructora para que ratifique la acusación.
La Sala Constitucional realizará un proyecto de resolución, el cual puede confirmar o no la decisión de la Comisión Instructora. El documento se enviará al pleno del Poder Judicial y en una sesión solemne los magistrados votarán a favor o en contra.
En caso de que se apruebe la responsabilidad de la magistrada, la sanción puede ser su destitución e inhabilitación de hasta diez años para ejercer cargos públicos.
Se debe recordar que en diciembre de 2019 el pleno del Congreso local otorgó el nombramiento a Sofía Martínez Huerta como magistrada por un periodo de diez años.
Se debe recordar que el 23 de octubre del año pasado Martínez Huerta fue destituida de su cargo como presidenta del Tribunal por el pleno de magistrados presidentes de Sala, quienes la acusaron un mal manejo de cometer irregularidades durante los diez meses que estuvo a cargo de la presidencia del Poder Judicial.
Ese día se nombró a la magistrada Isabel Inés Romero Cruz como la nueva presidenta del Tribunal.