Veracruz, Ver.- Abogados de diversas agrupaciones y colegios de Veracruz denunciaron presuntos actos de corrupción e irregularidades cometidas por funcionarios del Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado.
En un pronunciamiento que leyeron de manera conjunta hicieron el exhorto a las autoridades estatales encargadas de los temas de procuración e impartición de justicia, realizar una depuración para tener mayor control de los funcionarios que participan en juzgados y fiscalías.
“Las agrupaciones aquí reunidas decimos cero corrupciones, no a la impunidad, respeto al estado de derecho, los juristas con trayectoria académica y experiencia en el litigio alzamos la voz y hacemos un llamado y exhorto al gobernador del Estado, a la presidenta del Tribunal Superior de Justicia y a la Fiscalía General del Estado para que se tomen las medidas para corregir el rumbo”.
Al respecto, el abogado penalista y Consejero Honorario del Colegio Nacional de Abogados Penalistas, Jorge Reyes Peralta, aseveró que el cobro de “moches” es una práctica común en juzgados de lo familiar.
Si bien aseveró que no es una denuncia generalizada en contra de todos los jueces o funcionarios del Poder Judicial, afirmó que le ha tocado enfrentar casos en donde el juez exige el pago de una “comisión” para dar veredicto en favor de alguien.
“Para fijar una pensión alimenticia le piden una cantidad de dinero para que le den un porcentaje como lo quieran, como servicio a la carta, el que reclama, que es el demandado, le piden otra cantidad de dinero para que reduzcan la pensión y cuando dictan sentencia definitiva les cobran a las dos partes y el único que gana es el juez o jueza familiar, me ha tocado palparlo”, relató el abogado.
En ese sentido, exhortó a los abogados que sean víctimas de extorsiones o cobros indebidos, a presentar sus denuncias ante la Fiscalía Antocorrupción, así como órganos de control interno.
El presidente de la Barra de Abogados de Veracruz-Boca del Río, Sergio López, aseveró que este tipo de prácticas genera una afectación para los abogados que no pueden desempeñar bien su trabajo.
Además del daño causado a los ciudadanos que requieren la aplicación de la justicia de manera pronta, expedita y objetiva.
“Algunos jueces han puesto una tarifa para que cada proceso avance, no es posible que se le ponga una tarifa para que avance su proceso, para que se asigne una pensión, no es posible”, señaló.
