La auditora general del Órgano de Fiscalización Superior (Orfis), Delia González Cobos, dio a conocer que presentará denuncias en contra de los servidores públicos municipales que presentaron documentación apócrifa para justificar la ejecución de obras públicas.

La auditora habló ante integrantes del grupo Otero Ciudadano que preside Leonor de la Miyar e indicó que en el afán de eludir observaciones por daño patrimonial se incurrió en la entrega de documentación falsa, la cual fue detectada al momento de comparar los registros de distintas dependencias federales, órganos estatales y los ayuntamientos.

“Vamos a presentar varias denuncias por casos de documentación apócrifa, esos están pendientes en otras instancias, nos han llegado falsos, hay documentación falsa, por los tiempos en los que estábamos no podíamos detenernos para presentar las denuncias, pero en estos momentos estamos en etapa de investigación para acudir a las instancias correspondientes”, dijo.

Explicó que entre la documentación apócrifa se encuentran las validaciones y permisos que otorgan la CFE, la Comisión del Agua del Estado de Veracruz y la Comisión Nacional del Agua, mismas que faltaron al momento de comprobar la ejecución de obras, lo que resultó en observaciones. Al respecto, recordó a los alcaldes que no ha sido, ni será benévola con ningún ente fiscalizable y tampoco existe presión hacia ellos, sino que se busca que exista el cumplimiento de la aplicación de las leyes fiscalizables.

“No hay nada que les ayude a bajar las observaciones, sólo tienen que cumplir, por eso a muchos alcaldes les he enviado cartas, oficios diciéndoles que no se dejen sorprender para quien les diga: todo está arreglado en el Orfis porque no es cierto, eso no es así, cuando llegamos y sacamos el primer padrón de despachos quedaron muchos fuera porque el cumplimiento no era exacto”, expresó.

Refirió que las recomendaciones de despachos contables no son una acción que realice, pues se podría considerar que como auditora obtendría un pago a cambio de ello.

A mí no me llevó la ambición del dinero al Orfis, ahí se incluyen muchos intereses, hay gente que está muy interesada en el Orfis y entonces lo que quiero es evitar, los procedimientos irregulares se deben eliminar, nadie quiere eso. Son 146 despachos, pero si se tuvieran que elegir algunos yo dije que entonces quería una tómbola para elegirlos a manera de sorteo.

Reconoció que han existido momentos en los que quiso abandonar el cargo; sin embargo, tiene el compromiso de erradicar procedimientos que no eran transparentes ni correctos al interior del órgano de fiscalización.

Sobre los contagios que se registraron al interior del organismo, la auditora señaló que el trabajo con la realización de las auditorías se complicó porque se trataba de actividades que no se pueden llevar a cabo desde casa. “Los expedientes no salen de la oficina, hay una secrecía, reserva de la información que no puede dispersarse, dadas esas circunstancias fue que se atendió de esa manera el tema con los despachos. Hacer una recomendación de un despacho a los municipios no es posible porque se presta a malas interpretaciones, algunos entes pueden pensar que con ello no tendrán observaciones”, manifestó. Por otra parte, reconoció que al interior del Poder Judicial existe “una situación bastante obvia”, relacionada con la aplicación de la Ley de Asociaciones Público-Privadas.

“Quienes lo están haciendo, aparentemente están cumpliendo, la ley estaba hecha, qué pena que esto haya ocurrido para que de esta manera se hiciera un costo elevadísimo de unos edificios donde se albergarán los juzgados, carisísimo porque se hicieron ya de contrato en mano, se construyen sin que el gobierno de un peso porque se empieza a pagar una vez que hayan sido entregados los edificios”, mencionó.

Puntualizó que ello resultó “extremadamente caro” y, a pesar de ello, este año empezaron a pagarse las ciudades judiciales, “lo vamos a revisar el próximo año, a ver cómo se está pagando, lo que sí es que, la verdad, de entrada, hay una descalificación para esto”.

“Eso resulta muy oneroso, muy oneroso para el Estado, es todo un tema el de las ciudades judiciales, carísimo; pero bueno ahí están ya los contratos elaborados, habría que ver, tendrá que hacerse una modificación a la ley para que a la vez se modifiquen esos contratos, pero sí, el Poder Judicial es tema que va a dar mucho de qué hablar todavía”, agregó.