Entre 2011 y 2022, un total de 61 mujeres fueron agredidas por parte de la delincuencia organizada, en hechos ocurridos en 22 municipios veracruzanos, de acuerdo con información de la Secretaría de Gobernación (Segob).
Los municipios veracruzanos donde más mujeres han sido agredidas por miembros de grupos criminales –según los registros del Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres (Banavim), a cargo de la Segob– son los siguientes: Ángel R. Cabada (21 casos), Acula (4), Actopan y Mariano Escobedo, con tres casos cada uno; Boca del Río, Coatzacoalcos y Córdoba, con dos registros, respectivamente.
También el Banavim registró casos de mujeres agredidas en los municipios de Acajete, Acultzingo, Altotonga, Amatitlán, Apazapan, Aquila, Astacinga, Camarón de Tejeda, Cazones de Herrera, Chiconamel, Coacoatzintla, Mecayapan, Miahuatlán, Naranjos Amatlán y Poza Rica, así como en lugares clasificados como “no indicados”. Respecto del tipo de agresión que cometió la delincuencia organizada, el Banavim identifica diversos tipos de violencia tales como violencia psicológica, física, patrimonial, económica, sexual y otras, señalados en el Artículo 6 de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
A pesar de que el Banavim no contiene un campo de registro donde se indique el nombre del grupo de la delincuencia organizada que cometió cada agresión, los actuales lineamientos para determinar e integrar la información al banco nacional – publicados en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el pasado jueves 10 de marzo– establecen que una mujer es víctima de la delincuencia organizada “si la mujer ha vivido violencia en términos del artículo 2 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada”.
A su vez, dicho artículo define como miembros de la delincuencia organizada cuando tres o más personas se organizan para cometer delitos como terrorismo, acopio y tráfico de armas, tráfico de personas, tráfico de órganos, corrupción de personas menores de 18 años, trata de personas, contrabando, delitos cometidos en materia de hidrocarburos y contra el medio ambiente, entre otros ilícitos.
El informe estadístico, obtenido vía la Plataforma Nacional de Transparencia, refiere que entre 2008 y 2020, en el país se registraron 45 mil 719 casos de agresiones contra mujeres por parte de la delincuencia organizada, en los cuales la entidad veracruzana ocupó la posición 19, al sumar 60 víctimas.
Según los registros del Banavim, durante el periodo 2011 al 2016, entre la administración que encabezó Javier ""N" y el inicio del gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares, se cometieron 42 agresiones; posteriormente, en 2017 y 2018, se sumaron 17 nuevos casos de mujeres víctimas de violencia perpetrada por la delincuencia organizada. Asimismo, la información proporcionada vía solicitud de información, con fecha 10 de marzo de este año, por parte de la Dirección General de Estrategias para la Atención de Derechos Humanos, adscrita a la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración de la Segob, refiere que en la actual administración estatal, a cargo del gobernador Cuitláhuac García Jiménez, se han registrado dos casos de violencia (uno, con fecha de 2019 y, el segundo, en 2022).
Es importante aclarar que la información contenida en la base de datos del Banavim corresponde a niñas, adolescentes y mujeres que han sufrido algún tipo de violencia, bajo las modalidades establecidas en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV).
Cuando el Banavim genera un expediente único para cada mujer en situación de violencia, se tienen datos que son clasificados como confidenciales en virtud de contener información personal de las víctimas, descripción del hecho victimizante, ligados a caso de abuso sexual, acoso y hostigamiento sexual, trata de personas, violencia feminicida, desapariciones, así como las órdenes de protección emitidas a favor de las víctimas, lo que obliga al administrador de la base de datos a su resguardo y protección.
El reciente acuerdo firmado por el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, establece que el Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres publicará de manera periódica la información general y estadística, desagregada y con enfoque diferenciado sobre las órdenes de protección, casos y delitos de violencia contra las mujeres para integrar el Banavim.
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"El Expediente Único de la Víctima debe integrarse con los datos personales e información de las víctimas y de las personas agresoras, con la finalidad de que las autoridades integrantes del Sistema Nacional y de los Sistemas Estatales eviten la revictimización de las mujeres en casos de violencia”, especifica el documento de carácter obligatorio.
Veracruz, con más secuestros de mujeres
Veracruz es el segundo estado del país con el mayor número de mujeres víctimas del secuestro registrado durante los últimos tres años, al documentar 125 secuestros, solo debajo del Estado de México.
El reporte publicado por la asociación civil “Alto al Secuestro” destaca que en el periodo enero de 2019 a noviembre de 2021, el Estado de México, Veracruz y la Ciudad de México son las entidades que presentan mayor incidencia de secuestro de mujeres, con 146, 125 y 79 casos, respectivamente.
Mientras que en el análisis de las cifras correspondientes a febrero de este año, la entidad veracruzana se ubica en segundo lugar con seis carpetas de investigación iniciadas por este delito. En el análisis de la cifra acumulada por secuestros, ocurridos en diciembre de 2018 a febrero de 2022, Veracruz se ubica en primer lugar con 826, le siguen Estado de México con 724, la Ciudad de México (385), Puebla (188) y Morelos (178); estas cinco entidades concentran el 51.5 por ciento del total nacional de secuestros en el país, de acuerdo con el documento.
INEFICACIA EN INVESTIGACIÓN
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Coordinación Nacional Antisecuestro (Conase) señalan que el periodo de ascenso del delito de secuestro en el territorio nacional se caracterizó por la ineficacia de los procesos de investigación y persecución del delito de secuestro y altas tasas de impunidad.
Lo anterior según el informe del Programa Nacional para Prevenir, Perseguir y Sancionar el Delito de Secuestro 2021-2024, publicado este 17 de marzo, en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
El documento menciona que durante 2020, de acuerdo con las estadísticas del SESNSP, se reportaron mil 130 personas en situación de víctimas por el delito de secuestro del fuero común y federal, con el Estado de México en primer lugar, seguido de Veracruz y Morelos. En conjunto, los tres estados sumaron en ese año el 40.30 por ciento del total nacional de víctimas de secuestro.
En la revisión del ascenso de la incidencia del delito, refiere que en 2018, la Ciudad de México se ubicó en primer lugar con 280 secuestros; en 2019, Veracruz se posicionó como el número uno, con 298 casos; al siguiente año, en 2020, el Estado de México encabezó la lista de los diez estados con mayor incidencia, al sumar 185 casos.
Los diez estados con mayor incidencia en el delito de secuestro del fuero común para el año 2020, y su antecedente en 2018 y 2019, son el Estado de México, Veracruz, Ciudad de México, Morelos, Michoacán, Zacatecas, Tabasco, Oaxaca, Puebla y Guerrero.
Posteriormente, durante el primer semestre 2021, se registró una disminución del 53.3 por ciento en la incidencia del delito de secuestro del fuero común, en comparación con el primer semestre de 2018, en el que destaca Veracruz con una reducción del 60 por ciento.
La dependencia federal atribuye esta reducción del delito a “las acciones que se han realizado de manera coordinada entre la Conase, las Fiscalías estatales, a través de las UECS (Unidades Especializadas en el Combate al Secuestro) y la Unidad Especializada en Investigación de Delitos en Materia de Secuestro de la Fiscalía General de la República (FGR)”.
EN 2040 PREVÉN ERRADICAR EL DELITO
Creado para responder a la problemática del aumento del secuestro en el país, el Programa Nacional de Prevención del Secuestro está conformado por tres objetivos, nueve estrategias prioritarias y 46 acciones coordinadas entre las autoridades de los tres órdenes de gobierno.
El documento rector prevé que las Fiscalías de Justicia de las entidades federativas, a través de las UECS, contarán con investigaciones consistentes que permitirán la liberación de un mayor número de personas secuestradas y la captura de los presuntos secuestradores.
“Las investigaciones concluirán con sentencias condenatorias, lo que aminorará la impunidad y ayudará a recuperar la confianza de la sociedad en las autoridades. Asimismo, se brindará un trato justo y respetuoso a las personas en situación de víctimas de este delito”, detalla. Calcula que “para 2040 se contará con un Estado de Derecho fortalecido, a través de las instituciones encargadas de la seguridad pública y procuración de justicia, que serán capaces de revertir las inercias delincuenciales, enfrentándolas de forma eficaz y eficiente, lo que propiciará una disminución de la incidencia del delito de secuestro a su mínima expresión y su eventual erradicación”.
Entre las acciones a implementar se encuentran: generar mecanismos para inhibir que las personas privadas de la libertad en los centros penitenciarios participen en la comisión del delito de secuestro; evitar que tales espacios funjan como incubadoras de grupos delincuenciales y restringir la comunicación, la construcción de lazos y el intercambio de experiencias.
Además las autoridades buscarán fomentar el uso de los mecanismos jurídicos vigentes para intervenir y debilitar la estructura financiera de las organizaciones delictivas dedicadas al delito de secuestro, como pueden ser las figuras de extinción de dominio y aseguramiento de bienes.
