Tras 65 años, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 137VG/2023 para que se otorgue una disculpa pública de parte del Estado Mexicano por la violencia política que sufrieron integrantes del entonces Partido Demócrata Pozarricense y trabajadores de Pemex en Poza Rica, en el norte de la entidad, durante "la matanza de los Goyos", ocurrida el 6 de octubre de 1958.
Los hechos fueron cometidos en agravio de diversas personas, en el marco de las protestas por un fraude electoral en la votación para elegir al presidente municipal.
De acuerdo con el documento oficial de la CNDH, a la queja inicial se le sumaron otras más por violaciones de derechos humanos de siete personas y posteriormente de otras 13.
También establece que el 3 de marzo de 2023 la CNDH recibió una queja de un grupo de sobrevivientes y de familiares de sobrevivientes, a través de la que se manifestaron posibles violaciones graves a derechos humanos.
Además, con base en la investigación se acreditaron violaciones graves a los derechos humanos a la vida de siete personas, entre ellas un menor de edad, la desaparición forzada transitoria de cinco víctimas, la violación al derecho a la seguridad jurídica de seis personas, así como la violación al derecho a la integridad personal y al trato digno por tratos crueles, inhumanos o degradantes en contra de 16 víctimas.
Incluso, se determinó que todas fueron atribuibles a servidores públicos de la entonces Dirección Federal de Seguridad, de la Secretaría de la Defensa Nacional, de Pemex, de la entonces Procuraduría de Justicia del Estado de Veracruz (PJEV) y del Ayuntamiento de Poza Rica.
Por lo anterior, la CNDH emitió la recomendación antes citada, en la que solicita, entre otras medidas, la emisión de una disculpa pública por la violencia política cometida.
También señala que "el movimiento político-social “Los Goyos” fue sistemáticamente reprimido "por ser un peligro latente para los grupos de poder, representados por el cacique y político Jaime Merino, así como por el secretario de la Sección 30 del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, Pedro Vivanco".
Violaciones quedaron documentadas
En virtud de lo anterior y al acreditarse la viabilidad de la queja, la CNDH inició el expediente CNDH/PRE/2023/6979/VG, que quedó a cargo de la Oficina Especial para Investigar la Represión y Desapariciones Forzadas por Violencia Política del Estado.
Además, para documentar las violaciones a los derechos humanos cometidas en agravio de 29 víctimas y de la sociedad en su conjunto, se solicitó información a las autoridades federales y locales mencionadas, sin omitir que se recopilaron testimonios de los hechos narrados por sobrevivientes, testigos y familiares de las víctimas, incluidas diversas diligencias presencialmente, así como en archivos históricos.
A partir del análisis de las evidencias, la CNDH concluyó que se consumaron violaciones graves de derechos humanos en agravio de militantes y simpatizantes del Partido Demócrata Pozarricense e integrantes del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana en el estado de Veracruz, quienes representaban una disidencia política en oposición al régimen priista en dicha región, por la matanza del 6 de octubre de 1958.
Otros sucesos que están relacionados son la detención de activistas políticos previamente identificados y espiados a través del aparato del Estado, quienes fueron víctimas de imputaciones con el fin de persecución política, que en ese momento no fueron aclaradas y subsistieron en calumnias contra ellos.
También se documentó la falta de procedimientos legales, ya que varias víctimas fueron detenidas arbitrariamente y llevadas a las instalaciones de la Dirección Federal de Seguridad, en Circular de Morelia 8, en la Ciudad de México.
Además, no satisfechos con la represión del 6 de octubre de 1958, se continuó con la persecución política y las graves violaciones en contra de los opositores, como fue el caso de la desaparición forzada transitoria en contra de uno de los líderes del movimiento por parte de elementos de la entonces Dirección Federal de Seguridad.
En consecuencia, la CNDH recomendó a la Secretaría de Gobernación, a la Sedena, a la actual Fiscalía General del Estado, a Pemex y al Ayuntamiento de Poza Rica, llevar a cabo un acto de reconocimiento de responsabilidad y disculpa pública del Estado por las violaciones graves a los derechos humanos perpetradas de 1958 a 1966 por el complejo represivo institucional, en contra del grupo político denominado como “Los Goyos”.
