XALAPA, Ver.- El diputado presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso local, Juan Javier Gómez Cazarín, aseguró que la reforma constitucional en materia electoral va, “le duela a quien le duela”.
Al hacer uso de sus redes sociales, el legislador respondió a las críticas que han emitido los dirigentes estatales de los partidos de oposición que han pedido transparencia y que se den a conocer las actas de Cabildo con las cuales los Ayuntamientos aprobaron la reforma.
Al respecto, refirió que no tiene la necesidad de obligar o amenazar a los Cabildos para que ratifiquen la reforma constitucional en materia electoral aprobada el pasado 12 de mayo.
Los Ayuntamiento de Veracruz son libres y autónomos y las actas (de Cabildo) al día de hoy son reales
Asimismo, dio a conocer que a la fecha 193 Ayuntamientos han enviado al Congreso del Estado sus actas de Cabildo. De éstas 126 ratificaron la reforma, 2 cuentan con observaciones, 63 son en sentido negativo y 2 actas están en calidad de indefinidas.
Se prevé que el próximo lunes 22 se realice la cuarta sesión ordinaria, programada para las 17:00 horas, y en la Secretaría General del Congreso local presentará el informe sobre la ratificación de la reforma en los Cabildos.
En caso de no existir actos contrarios y al tener más de la mitad de los 212 Ayuntamientos en sentido aprobatorio, la Mesa Directiva hará la declaratoria de validez y enviará al Gobernador del Estado el Decreto para la promulgación y publicación en la Gaceta Oficial del Estado.
Al cobrar vigencia, la reforma se habrá de aplicar para el proceso electoral local 2020-2021 que renovará las 212 presidencias municipales y las 50 diputaciones locales.
La reforma constitucional incluye la reducción al 50% las prerrogativas de los partidos políticos; elimina el número de Consejos Municipales para la elección de Ayuntamientos; reduce de 4 a 3 años el periodo constitucional de los alcaldes y les da la posibilidad de una reelección hasta por dos periodos consecutivos; y suprime la consulta pública para la permanencia en el cargo de los servidores públicos de elección popular.