Veracruz, Ver.- El diputado federal, Julio Carranza dijo que se logró echar abajo la propuesta de Ley de Aguas que era promovida por legisladores del Partido Acción Nacional (PAN) y Morena en la Cámara de Diputados, ya que promovía mantener la operación de empresas privadas bajo el régimen de concesiones, como ocurre en la zona conurbada.
El legislador detalló que la denominada “Ley Mata Flores” abría la posibilidad para que se presentaran más casos como el de Grupo MAS y CAB concesionarías del servicio de agua potable en Veracruz, Boca del Río y Medellín, sobre las que existen diversas quejas de usuarios.
“Lo que nos presentaron siguen poniendo el régimen de concesiones que impide proceder legalmente contra MAS y CAB que no dan un suministro adecuado. Finalmente, lo que se hizo fue parar ese borrador para pasarlo al siguiente periodo y tener una referencia legal para parar esos abusos que se cometen”, declaró.
Julio Carranza aseveró que para la elaboración de la propuesta de la Ley de Aguas se realizaron 42 foros nacionales, sin embargo, no se abordaron temas de relevancia que preocupan a la población, además de no ser atendidas las solicitudes de ciudadanos.
En ese sentido, indicó que se buscará que esta legislatura tome en cuenta el reclamo social y no deje posibilidades para que el servicio de agua potable sea administrado por particulares, ya que de no elaborar la Ley se incurrirá en desacato.
Recordó que, desde hace 8 años, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) pidió a la Legislatura Federal la elaboración de una Ley de Aguas, que hasta ahora sigue sin atenderse, lo que es una omisión por parte de los antiguos legisladores.
“Existe un vacío legal desde el 2012 en el que la Suprema Corte dictó que se tenía que pasar la Ley de Agua y ya tenemos casi tres legislaturas federales, nosotros serías la cuarta, que incurriríamos en desacato”.
Sobre el tema del título de concesión otorgado a las empresas CAB y Grupo MAS y las quejas que existen por parte de usuarios de la zona conurbada Veracruz-Boca del Río, indicó que se mantiene comunicación con agrupaciones de la sociedad civil.
Señaló que el tema ha sido difícil debido a candados legales que los gobiernos en turno aprobaron para favorecer a las empresas privadas, sin embargo, se analizan los casos con apoyo legal.