En los últimos cuatro años, 34 personas han sido condenadas y sancionadas por ejercer violencia política contra las mujeres en el estado de Veracruz, de las cuales el 45 por ciento son alcaldes o expresidentes municipales, revelando la participación de figuras de poder como principales perpetradores.
Desde la implementación del Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género (VPMRG), Veracruz se ha consolidado como la segunda entidad con más sanciones emitidas, acumulando un total de 45 casos registrados por autoridades federales y locales.
Este registro, gestionado por el Instituto Nacional Electoral (INE), se creó tras las reformas publicadas en abril de 2020 en el Diario Oficial de la Federación, que introdujeron modificaciones a ocho leyes federales para abordar y castigar la violencia política de género.
Desde noviembre de 2020 hasta agosto de 2024, 34 personas fueron declaradas responsables de cometer violencia política de género en Veracruz, resultando en su inclusión en el Registro Nacional.
Aunque cuatro de estas personas ya han cumplido su sentencia y fueron retiradas del Registro Nacional, sus nombres aún permanecen en el Registro Local del Organismo Público Local Electoral de Veracruz (OPLE), donde siguen siendo públicas las sanciones impuestas en los últimos cuatro años.
Importancia del Registro Nacional de Personas Sancionadas por Violencia Política de Género
El Registro Nacional de Personas Sancionadas por Violencia Política de Género es una herramienta federal creada para inhibir esta violencia, facilitar la cooperación interinstitucional y proporcionar información relevante para las candidaturas electorales.
Este registro es público y contiene datos detallados sobre los sancionados, incluyendo nombre, sexo, cargo o aspiración política, ámbito territorial, número de expediente, fecha de la resolución, y la sanción impuesta.
La principal diferencia entre el Registro Nacional y los registros locales radica en su ámbito de aplicación.
Mientras que el Registro Nacional busca homologar criterios y generar estadísticas consolidadas a nivel federal, los registros locales se centran en las particularidades de cada estado.
Ambos registros tienen como objetivo prevenir la reincidencia y asegurar que los sancionados no puedan postularse a cargos públicos en otros estados o a nivel federal.
Las personas sancionadas en Veracruz
El Registro Local del OPLE en Veracruz incluye a 34 personas sancionadas entre 2020 y agosto de 2024, acumulando un total de 51 sanciones.
De estos casos, 15 corresponden a alcaldes, exalcaldes y una presidenta municipal de municipios como:
- Actopan
- Acatlán
- Alto Lucero
- Altotonga
- Castillo de Teayo
- Cazones de Herrera
- Chinampa de Gorostiza
- Lerdo de Tejada
- Coetzala
- Perote
- Ixhuatlán de Madero
- Nautla
- Poza Rica
- Tepetzintla
- Tlilapan
El listado también incluye a cuatro regidores, cuatro directores de medios de comunicación, cuatro personas servidoras públicas, dos periodistas, una ciudadana, un locutor, un administrador de redes sociales y otras personas vinculadas a medios periodísticos.
Entre los casos de políticos destacados se encuentran: Ernesto Ruiz Flandes, expresidente municipal de Altotonga, tiene 11 infracciones resueltas por el Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) durante los años 2020 y 2021. Su nombre permanecerá en el Registro de Personas Sancionadas hasta el 24 de marzo de 2028.
Javier Castillo Viveros, expresidente municipal de Alto Lucero, fue inscrito en el Registro de Personas Sancionadas por dos infracciones. Su permanencia en la lista pública de sancionados por violencia política de género se extenderá hasta el 14 de enero de 2027.
Aquilino Rodríguez Sánchez, presidente municipal de Acatlán, está inscrito en la lista pública de personas sancionadas hasta el 8 de agosto de 2027.
María Esther López Callejas, presidenta municipal de Actopan, debía salir del Registro de Personas Sancionadas el 19 de agosto de 2024. Sin embargo, su nombre sigue inscrito en el Registro Estatal del OPLE de Veracruz.
Miguel Ángel Uribe Toral, presidente municipal de Cazones de Herrera, está registrado en la lista pública hasta el 26 de mayo de 2027.
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Esteban Ávila Hernández, alcalde de Castillo de Teayo, aunque no recibió una sanción directa, se le impuso la infracción de permanecer en la lista pública hasta el 14 de diciembre de 2025.
Joaquín Fortino Cocotle Damián, expresidente municipal de Coetzala, estará inscrito en el listado público hasta el 8 de septiembre de 2027.
Lázaro Avendaño Parrilla, expresidente municipal de Chinampa de Gorostiza, fue sancionado con su inclusión en el registro del OPLE, quedando a disposición de este organismo para determinar lo procedente en caso de que intente postularse en el próximo proceso electoral. Permanecerá en el listado público hasta el 21 de enero de 2025.
Ader García Escalante, expresidente municipal de Ixhuatlán de Madero, no recibió una sanción grave debido a que su conducta fue calificada como leve; sin embargo, permanecerá en la lista de personas sancionadas hasta el 30 de agosto de 2025.
Hermas Cortés García, exalcalde de Lerdo de Tejada, fue sancionado con una amonestación, y su permanencia en el registro público se extenderá hasta el 6 de diciembre de 2027.
Daicy Faibre Montoya, expresidenta municipal de Nautla, fue condenada a permanecer inscrita en la lista pública hasta el 19 de diciembre de 2025.
Juan Francisco Hervert Prado, expresidente municipal de Perote, no recibió una sanción grave, pero su nombre permanecerá inscrito en el registro hasta el 8 de septiembre de 2026.
Fernando Luis Remes Garza, presidente municipal de Poza Rica, fue sancionado con una amonestación pública y su nombre estará inscrito hasta el 21 de enero de 2025.
Roberto Miguel Galván, alcalde de Tepetzintla, no recibió sanción directa, pero su nombre está inscrito en la lista pública hasta el 2030.
Jaime López Montalvo, presidente municipal de Tlilapan, debía salir de la lista de personas sancionadas por violencia política de género el 19 de agosto de 2024, aunque su nombre aún permanece en el Registro Estatal del OPLE de Veracruz.
En total, dos de los 15 presidentes municipales y exalcaldes ya cumplieron el plazo de permanencia en el Registro Local.
De los cuatro regidores sancionados, entre ellos Esteban Romano Hernández (Perote), Virginia Roldán Ramírez (Veracruz), Javier Omar Molina Ramírez (Acatlán) y José Méndez Hernández (Tepetzintla), solo una servidora pública recibió una amonestación pública. Con la excepción de la edil Virginia Roldán, cuya permanencia en el registro local venció el 19 de agosto de 2024, el resto tiene sanciones vigentes que expirarán entre 2026 y 2027.
El exagente municipal de Tlapacoyan, Ángel Bello Ángel, cumplió su sentencia, que venció el 27 de junio de 2024.
En el resto de los casos, los actores políticos sancionados no podrán contender por algún cargo de elección popular.
Las instituciones sancionadoras
En Veracruz, el Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) ha sido la institución que más sentencias ha emitido en materia de violencia política de género, con un total de 40 sentencias.
Otras instituciones como la Sala Regional de Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ha contribuido con nueve, mientras que la Sala Superior del TEPJF y el OPLEV con una sentencia, respectivamente.
Desde 2020 hasta agosto de 2024, se han emitido 51 sentencias en Veracruz, con 15 sentencias en 2020, 14 en 2021, seis en 2022, 13 en 2023 y tres en 2024.
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Las personas incluidas en el registro público enfrentan diversas sanciones, que van desde amonestaciones públicas hasta la imposibilidad de contender por cargos de elección popular.
Cabe mencionar que, además de la inscripción en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, dos de las sanciones incluyeron amonestaciones, mientras que en cinco casos se determinó aplicar una amonestación pública. Además, un caso recibió un apercibimiento, siete sentencias implicaron multas económicas, y una derivó en la remoción del servidor público.
El impacto y consecuencias legales
El Registro Nacional y los registros locales de personas sancionadas, como el del Organismo Público Local Electoral de Veracruz (OPLE), son herramientas clave para inhibir la violencia política de género. Estos registros, de carácter público, no solo documentan a los agresores, sino que también previenen su participación en futuras elecciones, dificultando su reincidencia.
Las personas inscritas en el Registro de Personas Sancionadas por Violencia Política de Género no pueden postularse a cargos de elección popular debido a las reformas legales de abril de 2020.
Estas reformas definieron la violencia política de género como un delito autónomo y establecieron sanciones específicas, impidiendo que los condenados ocupen cargos públicos durante el tiempo que permanezcan en el registro.
Es importante destacar que el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género incluye a cualquier persona sancionada por ejercer violencia política contra las mujeres.
La duración de la inscripción en el registro depende de la gravedad de la infracción: se aplica una sanción de 3 años para faltas leves, 4 años para faltas ordinarias, 5 años para faltas especiales y 6 años en casos de reincidencia.
Las agravantes se consideran cuando la violencia es cometida por personas servidoras públicas, aspirantes a candidaturas independientes, precandidatos, candidatos, y profesionales de los medios de comunicación.
También se agrava la situación si la violencia se dirige contra mujeres de pueblos o comunidades indígenas, afrodescendientes, de la tercera edad, de la diversidad sexual o con discapacidad.
En cuanto a la temporalidad, la violencia política contra las mujeres en razón de género puede ocurrir antes, durante o después de que las mujeres ejercen sus derechos político-electorales. Esta violencia puede manifestarse en formas psicológicas, físicas, económicas, patrimoniales, simbólicas y sexuales, y debe ser sancionada conforme a la legislación electoral, penal y de responsabilidades administrativas.
Además, en la resolución de los procedimientos sancionadores por violencia política de género, la autoridad resolutora debe considerar la implementación de medidas de reparación integral.
Estas medidas deben incluir, al menos, la indemnización de la víctima, la restitución inmediata en el cargo del que fue obligada a renunciar debido a la violencia, una disculpa pública, y la adopción de medidas para evitar la repetición de los hechos.
