Las universidades públicas en México son, de acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), las garantes del derecho a la educación superior. Por ello, la principal función de la Rectoría de una universidad pública es precisamente la de respetar, proteger, difundir y garantizar el derecho a la educación superior y, por extensión, la de todos los derechos humanos. En este sentido, la perspectiva de los derechos humanos es la guía obligada de quien asuma la Rectoría de la Universidad Veracruzana (UV) durante los próximos cuatro años.
Para que la UV cumpla cada vez más y mejor con su obligación constitucional hay que dirigir esfuerzos y recursos hacia las áreas de oportunidad, aquellas en las que el derecho a la educación aún es una aspiración. Por ejemplo y para el caso concreto de la formación de profesionistas de la medicina, el Observatorio de Educación Médica y Derechos humanos de la UV (OBEME) ha identificado la urgente necesidad de fortalecer el derecho a la educación en las unidades médicas (hospitales y centros de salud).
Hay que resaltar que en la educación médica (como en otras profesiones del área de la salud) la formación profesional tiene dos escenarios igualmente importantes: las facultades de Medicina y las unidades médicas. En ambos se debe trabajar para crear las condiciones favorables al desarrollo del proceso educativo. No es suficiente con asegurar contextos favorables en el campus universitario, se deben garantizar también en las unidades médicas.
¿Qué pasa con el derecho a la educación cuando las y los profesores de medicina en las unidades médicas no están reconocidos por la universidad; cuando los profesores están en la Facultad y los estudiantes en las unidades médicas; cuando no hay espacio ni tiempo en las unidades médicas para cumplir con el programa académico; cuando las y los estudiantes de medicina no pueden cumplir sus obligaciones académicas por atender pacientes; cuando las y los estudiantes atienden pacientes sin supervisión y asesoría; cuando se complica la salud de pacientes por decisiones diagnósticas y terapéuticas que tomaron estudiantes de medicina sin asesoría ni supervisión? En general, ¿cómo garantizar el derecho a la educación en las unidades médicas que no tienen profesores contratados por la universidad y con estudiantes que no tienen tiempo ni espacio para cumplir con el programa académico?
Lo cierto es que la Universidad Veracruzana no puede seguir al margen y desentenderse de lo que pasa con sus estudiantes de medicina en las unidades médicas. De manera indiscutible, el ingreso de estudiantes de medicina a las unidades médicas está regulado por normas oficiales mexicanas. Sin embargo, eso no significa delegar en hospitales y centros de salud la responsabilidad que da a las universidades la CPEUM. ¿Cómo justificar que la Universidad Veracruzana delegue en las y los médicos de las unidades médicas en las que están sus estudiantes la función que corresponde a su planta académica?
Según la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la falta de supervisión y asesoría a las y los estudiantes de medicina en las unidades médicas es una de las principales causas de violación a los derechos humanos de pacientes que acuden a ellas en busca de ayuda y alivio. Por su parte, el OBEME en su último informe (2018-2019) revela que 80% de estudiantes de medicina (pre y posgrado) de la Universidad Veracruzana, en las unidades médicas, juzgan que les falta asesoría y supervisión mientras atienden pacientes y que por ello han cometido errores a la hora de elaborar diagnósticos o indicar tratamientos.
Resulta evidente que promover e impulsar el derecho a la educación en las unidades médicas es prioritario no solo para que la UV forme mejores profesionistas de la medicina, sino también para contribuir a la garantía del derecho al trabajo académico en las unidades médicas y el derecho a la salud de las y los veracruzanos.
La pregunta es ¿quién ofrece el proyecto universitario más favorable a los derechos humanos en la Universidad Veracruzana y, en general, en Veracruz?