Este domingo 26 de febrero, en el estado de Veracruz serían 10 los municipios que participarán de la marcha en defensa del Instituto Nacional Electoral (INE). Se trata de Xalapa, Puerto de Veracruz, Orizaba, Poza Rica, Tuxpan, Acayucan, Coatzacoalcos, San Andrés Tuxtla, Córdoba y Misantla.
Entre las organizaciones que han confirmado su presencia está Misión Rescate México; Poder Ciudadano; Frente Nacional por la Familia; Frente Cívico Nacional; Sí por México; Unidos;Alianza de Maestros y Unión Nacional de Padres de Familia.
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Además, el Frente Nacional Ciudadano; Observatorio Cívico; Coalición Ciudadana; Ver por Veracruz; Colectivo Ciudadano Región Coatepec y Chalecos México Sección Veracruz.
Se espera también la participación de líderes políticos, de distintos partidos, e incluso líderes religiosos que ya han participado de marchas anteriores con el mismo objetivo, en el estado y en varios estados del país.
¿Cuál será el punto de reunión en Xalapa?
En el caso de Xalapa la cita es a las 10:30 de la mañana este 26 de febrero en el Teatro del Estado de donde saldrán hacia la Plaza Lerdo.
El ex vocero de la Arquidiócesis de Xalapa, José Manuel Suazo Reyes se sumó a la convocatoria a través de sus redes sociales al señalar que la manifestación del “26F es para defender la democracia. Para exigir a la SCJN que defienda la Constitución. El voto debe seguir siendo libre y necesitamos seguir contando con un árbitro electoral independiente y confiable. México es de todos, no de una sola persona”.
¿Qué afectaciones contempla el "Plan B" de la Reforma Electoral?
Según el Instituto Nacional Electoral el llamado Plan B de la Reforma Electoral tendrá afectaciones en varios sentidos, entre ellas que actualmente el INE cuenta con el Servicio Profesional Electoral y su rama administrativa que son trabajadoras y trabajadores capacitados y profesionales que, de 2014 a la fecha, han organizado 330 elecciones federales, locales, de participación ciudadana y de elección interna de partidos con altos estándares de calidad, con confianza, certeza y eficiencia.
Sin embargo, la reforma contempla reducir un 84.6 por ciento al Servicio Profesional Electoral y desaparecer la rama administrativa, con ello se modifica la estructura del INE y se vulnera la autonomía e independencia para garantizar comicios libres, auténticos y periódicos.
Con esto, considera, se pone en riesgo la organización de elecciones y de mecanismos de participación ciudadana como la Consulta Popular y la Revocación de Mandato, se afectan los derechos políticos electorales y de identidad de la ciudadanía, y, además, se afectan los derechos laborales de trabajadores y trabajadoras del INE.
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