Xalapa, Ver.- A pesar de que existe un amparo federal en favor de la familia Spinoso Carrera, más de 600 elementos policiacos, de la Marina y de la Guardia Nacional ingresaron ayer a los ranchos San Cayetano y Venecia, propiedad de la mencionada familia, informó su abogado, Armando Vallejo.
El amparo ordena que la constructora Mota Engil, encargada de construir la autopista Cardel-Poza Rica, y el Gobierno del Estado, deben abstenerse de realizar trabajos en los predios propiedad de la citada familia; sin embargo, los elementos del orden estatal y federal violaron la suspensión, misma que les fue mostrada, y permitieron el paso al personal de la constructora, señaló en conferencia de prensa.
El abogado recordó que el artículo 16 constitucional establece que nadie puede ser molestado en su posesión, propiedad o familia sin mandamiento judicial emitido por la autoridad competente y que, en consecuencia, lo realizado por los elementos del orden fue un delito porque carecen de justificación para ingresar al predio.
Armando Vallejo refirió que tanto él como la familia Spinoso Carrera son respetuosos de la ley y que lo único que quieren es que las autoridades justifiquen y avalen su proceder, toda vez que la Constitución política de Veracruz en su artículo 61 establece que solamente puede haber auxilio de la fuerza pública cuando hay un mandato judicial pendiente por ejecutar y que en este momento existen suspensiones del orden federal en el juzgado primero, segundo y decimoquinto de distrito en el estado de Veracruz.
El abogado defensor detalló que en el juzgado segundo de distrito, el juez federal concedió el amparo 584/2019, el cual ordena la suspensión de trabajos relacionados con la construcción de la autopista Cardel-Poza Rica.
"Se ha concedido la suspensión federal para que no se ejecuten actos en relación a la construcción de la citada autopista; sin embargo, no lo atienden las autoridades y a la fuerza han ingresado al predio. Esa suspensión federal implica una situación de prohibición, por lo tanto los elementos de la secretarías de Seguridad Pública y de Marina incurren en un hecho delictivo tipificado en la ley, en el Código Penal Federal y en la propia Ley de Amparo", señaló.