Con el confinamiento, cierre de escuelas y la reducción de la interacción social, las niñas, niños y adolescentes se quedaron sin la red comunitaria que los protegía ante abusos, lo que los convierte en el sector de la población más vulnerable ante el incremento de violencia registrado durante la pandemia.

Los últimos datos públicos por parte de la Fiscalía Coordinadora Especializada en Investigación de Delitos de Violencia contra la Familia, Mujeres, Niñas y Niños y de Trata de Personas, revelan una alarmante cifra acumulada por casos de abuso sexual en niñas y niños veracruzanos: un total de 4 mil 349 carpetas de investigación iniciadas por el delito de pederastia, entre enero de 2015 hasta mediados de noviembre de 2020.

Mientras la violencia contra niñas y niños se recrudece, la impunidad persiste, pues del total de carpetas iniciadas por pederastia, sólo 225 casos obtuvieron sentencias condenatorias, lo que representa sólo el 5.2 por ciento de casos resueltos en favor de las víctimas, es decir, un 95 por ciento de impunidad.

Al respecto, Juan Martín Pérez García, director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), apunta que “lamentablemente, los altos índices de impunidad en México se mantienen, estamos en 97 por ciento de impunidad; de cada 100 carpetas de investigación que se tiene, donde los niños son víctimas de un delito, sólo tres carpetas logran algún tipo de sentencia o proceso”.

Menciona que desde el inicio de la pandemia, organizaciones internacionales, como la ONU, exhortaron a los Estados a atender y prevenir la violencia sexual contra Niñas, Niños y Adolescentes (NNA) y Mujeres, con la advertencia de que la violencia sexual se incrementaría y que por el confinamiento habría dificultades para protegerlos.

Dicho escenario se concretó. Por ejemplo, en 2019, en el país, se registraron 2 mil carpetas de investigación por corrupción de menores. Al cierre de 2020, se tuvo un total de 2 mil 600 carpetas de investigación en el mismo delito, es decir, hay un aumento del 30 por ciento.

Además de las estadísticas oficiales, debido al cierre de instituciones y el confinamiento, hay una cifra negra por casos no denunciados, por lo que el número de víctimas es mayor.

“Antes de la pandemia, muchas de las denuncias y protecciones que se daban a NNA, en casos de víctimas de violación sexual u otro tipo de agresiones, era mediante la escuela, la comunidad educativa, el maestro, la maestra que lo observaba, un compañerito o compañerita de clases, la mamá de otro alumno, y también, por supuesto, la interacción que tenían en su comunidad; si iban a la iglesia, a la tienda, si tenían interacción con las vecinas, eran ojos y oídos que protegían a niños y niñas”, explica el especialista.

Por lo que –refiere– el confinamiento derivado de las medidas para enfrentar la pandemia y la reducción de la interacción ha agudizado los riesgos de violencia y reducido la protección a niñas, niños y adolescentes.

De acuerdo con los estudios realizados por la REDIM, entre enero y junio de 2020 las denuncias ciudadanas por pornografía infantil aumentaron 157% con respecto al mismo periodo de 2019, pasando de 121 reportes a 312 en 2020, siendo este último el año en que más reportes de denuncias por pornografía infantil se han registrado desde que se comenzó a llevar un registro de delitos cibernéticos en 2013.

La educación sexual

Al analizar las condiciones que agravan la problemática de abuso sexual infantil, Juan Martín Pérez García profundiza en la falta de educación sexual.

“La experiencia internacional da cuenta que los casos de violencia sexual, embarazo temprano, uniones tempranas crecen en la misma proporción que la falta de educación sexual integral (…). Nuestro país ya prohibió el matrimonio infantil hace dos años, pero eso no significa que no vivan en uniones tempranas, la gran mayoría de los hechos son uniones tempranas; entonces hay una relación vinculada a contextos de violencia familiar con niños y niñas víctimas de violencia sexual.”

Destaca también que en el fondo está la noción y la idea de que los niños son objeto de propiedad familiar y, así como son objeto de protección y de cuidado familiar, también son objeto de deseo sexual.

“Ocho de cada diez abusos sexuales, de violencia sexual, ocurren en los espacios de protección, la casa, las escuelas, las iglesias, por personas cercanas y de confianza que deberían de protegerles (a los niños)”, señala.

“Hay que escuchar a los niños”

De acuerdo con el Balance Anual de REDIM 2020, “la invisibilidad de la niñez, que ya se tenía antes de la pandemia, se ha profundizado porque la narrativa ha eclipsado todos los otros temas pendientes en el país. La infancia y adolescencia se volvieron un blanco vulnerable ante la desprotección del Estado, que les abandonó durante la pandemia”.

Ante ello, el director ejecutivo de REDIM considera que tanto sociedad y medios de comunicación deben hacer visibles a las niñas, niños y adolescentes, hablar sobre lo que están viviendo, “no hasta que sucedió, sino antes, conversar sobre lo que está ocurriendo (…) hay que tener presente que llevamos ya diez meses de confinamiento, sin escuelas, que ellos han perdido su red social, la interacción que necesitan para su desarrollo social y cognitivo, y ya están muy estresados, particularmente, adolescentes, entonces es muy importante hablar con ellos y con ellas para escucharles.”

Expresó que las niñas, niños y adolescentes tienen el derecho de ser escuchados, “y en este momento no están siendo escuchados.”

Asimismo, considera que se debe continuar exigiendo a las autoridades que se cumpla con la ley. En México, el Artículo 4o. Constitucional es explícito cuando refiere que cualquier acción que hagan las autoridades, el Estado Mexicano, el interés superior de la niñez tiene que ser primero.

Sin embargo, “no lo están cumpliendo, hay otros intereses (económicos, electorales, de partido), y esto está afectando a millones de niños y niñas. Uno de cada 3 habitantes en México son menores de edad y están siendo violentados.”

Finalmente advirtió que el escenario que viene todavía es más cruel para niños y niñas: mayor número de embarazos no deseados, mayores hechos de violación sexual y, tristemente, mayor impunidad.