De acuerdo con la asociación civil Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, las recomendaciones emitidas por las autoridades sanitarias y expertos para controlar la expansión de la epidemia del coronavirus son difíciles o imposibles de cumplir por parte de la población en situación de pobreza, que es además el sector más golpeado por las desigualdades económicas y de salud y la más expuesta a una pérdida drástica de los pocos ingresos que tuviera para subsistir.

En el Informe de Medición de la Pobreza 2018, el Coneval (Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social) registró que en Veracruz el 61.8% de la población se encontraba en situación de pobreza, es decir, 5 millones 88 mil habitantes y 17.7% (un millón 457 mil veracruzanos) vive en pobreza extrema.

Mientras que 5 millones 561 mil habitantes registraron carencias por acceso a la seguridad social, un millón 379 mil veracruzanos no contaba con acceso a los servicios de salud, 2 millones 222 mil carecen de acceso a la alimentación y 3 millones 466 mil no cuenta con acceso a los servicios básicos en su vivienda.

También, hasta 2018, Coneval contabilizó en Veracruz un millón 337 mil habitantes que se encontraban en viviendas sin acceso al agua, con lo cual las personas no podrían seguir las medidas de protección básicas como el lavado de manos, pues no cuentan con dotación de agua diaria, particularmente en zonas rurales y urbanas con mayor rezago social.

La emergencia sanitaria ha puesto en el ojo público el riesgo para la población en precaria situación laboral, que en la entidad veracruzana alcanzó, en 2018, un total de 99 mil 753 personas sin empleo (de las cuales 62 mil 980 son hombres y 36 mil 778 son mujeres), y que tendrían menos oportunidad de adquirir un trabajo en los próximos meses.

En datos recientes, con corte a diciembre de 2019, la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), reportó que la población total en Veracruz alcanzó 8 millones 295 mil 437 personas, de las cuales 3 millones 325 mil 771 se encontraban laboralmente activas, mientras que 99 mil 758 corresponde a la población desocupada y 311 mil 719 era población subocupada.

Asimismo, contabilizó que de 3 millones 325 mil 711 de la población económicamente activa, 2 millones 424 mil 145 veracruzanos no cuentan con acceso a los servicios de instituciones de salud, lo cual los pone en riesgo frente a la actual pandemia.

En resumen, los datos estadísticos presentados por el ENOE 2019 revelan que el mercado laboral en Veracruz se caracteriza por la inestabilidad y la falta de protección social.

Al cierre de diciembre de 2019, de la población veracruzana ocupada, un millón 298 mil 528 trabajaba en el sector del hogar, un millón 622 mil 723 correspondió al sector de empresas y negocios, 29 mil 433 son comerciantes, 19 mil 871 son trabajadores en servicios personales, 3 mil 478 oficinistas, 353 son conductores y ayudantes de conducción de maquinarias.

Los sectores económicos

De acuerdo con el especialista en Finanzas Públicas e investigador de la Universidad Veracruzana (UV), Rafael Vela Martínez, lo que se avecina es una situación delicada y, aunque el cierre de empresas ya inició, el efecto económico más fuerte vendrá luego del periodo de confinamiento sanitario.

En entrevista, el académico detalló que de 100% de las unidades productivas que existen en Veracruz, poco más del 93% son microempresas, que cuando más tienen cinco trabajadores: la microempresa incluye el sector industrial, el sector terciario pero, en general, lo fuerte en Veracruz es la manufactura.

Sin embargo, esta fortaleza de la manufactura veracruzana está apoyada en tortillerías, molinos de nixtamal, panificadoras, “de tal manera que son altamente vulnerables”.

En el sector terciario, integrado por los comercios y los servicios, la mayor parte de la actividad está en los servicios, con un 55%, mientras que el 45%, aproximadamente, corresponde al comercio. Respecto del sector comercio señala que la gran mayoría son micronegocios y una gran cantidad de éstos, más del 40%, son informales, y que en el mejor de los casos, son vendedores que se andan ganando la vida día a día.

“Son ellos a los que los presidentes municipales los andan corriendo de los mercados, de las calles, y que prácticamente los están alentando a una situación de criminalidad, porque ellos en buena intención buscan legítimamente el bienestar de su familia, pues no son protegidos”, indicó Vela Martínez agrega que la otra parte del sector en riesgo son los pequeños comerciantes, “regularmente de los que nos hablan en estadísticas las agrupaciones empresariales, porque son los que tienen afiliados, y que a partir de hoy es un catalizador para poder ver que el efecto va a ser muy grave”.

Detalló que ya existe un desempleo acumulado desde 2019, ahora dadas las características, el sector laboral es vulnerable: a la microempresa se han incorporado algunos apoyos que, para el caso de Veracruz, no ha quedado claro los mecanismos que implementarán para otorgar dichos incentivos, el cómo se va a apoyar al microempresario ni cuál es el volumen de los créditos ni la disponibilidad de recursos que va a haber. “Hay mucho pequeño empresario tanto a nivel de comercio como de servicios que no están formalizados porque no les alcanzan los ingresos, entonces ellos serán en principio los más vulnerables, pensando que, en el mejor de los casos, les llegue créditos de apoyo a todos los microempresarios”, refiere.

Por su parte, la organización México Cómo Vamos informó que en 2018, en Veracruz había 41 mil 322 comercios como tiendas de abarrotes, ultramarinos y misceláneas, con lo que la entidad se ubicó en el cuarto lugar nacional, luego del Estado de México, Puebla y la Ciudad de México.

Falta claridad en planes

En un análisis de los escenarios, el investigador de la UV, Rafael Vela Martínez, señala que, sumado al nulo crecimiento económico, el desempleo se va a incrementar y la situación de inseguridad repuntaría con el aumento de delitos del fuero común.

Y, precisa, el panorama que se plantea es “porque no se advierte claridad en las estrategias de cómo reactivar la economía tanto nacional como estatal”.

Por su parte, el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), ante el anuncio del Programa Emergente para el Bienestar y el Empleo por la crisis sanitaria/financiera del Covid-19 reportó, el pasado 6 de abril, que dada la falta de información y reglas completas para operar las nuevas acciones federales, resulta “imposible” analizar el impacto presupuestario de las medidas anunciadas.

Refiere que la importancia de este análisis reside en que dichas medidas descansan en programas, acciones y recursos que se tenían contemplados en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2020, cuya implementación para paliar las consecuencias de corto y mediano plazo del Covid-19 dependerá de los tomadores de decisiones.

Mientras que Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, además de proponer que haya apoyos económicos bien dirigidos, éstos sean suficientes y lleguen a quienes más lo necesitan, considera que las acciones generalizadas como posponer pagos de impuestos o suspender pagos de servicio “parejo”, resuelven poco y pueden consumir recursos importantes para esta emergencia.

Citó como ejemplo que una cadena farmacéutica difícilmente enfrenta caída de ventas, tampoco los supermercados, en cambio los restaurantes y los hoteles están vacíos, por lo que no se les puede tratar igual: “una gran empresa con utilidades superiores en decenas o centena de millones de pesos tienen más reservas y condiciones de resistencia que pequeñas empresas”.