Residentes del Movimiento de los 23 Pueblos del municipio de Emiliano Zapata pedirán una revisión y la cancelación de los proyectos de construcción de nuevas viviendas en fraccionamientos de esa demarcación y con ello evitar que se agudice la crisis de agua potable.
De acuerdo con esa organización, el problema radica en autorizaciones para construir nuevos desarrollos inmobiliarios, otorgadas por tres administraciones municipales sucesivas, incluida la actual del alcalde Érick Ruiz Hernández.
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Además, precisa que la actual administración autorizó cambiar el tipo de 2 mil viviendas unifamiliares del fraccionamiento Terranova por condominios de cuatro niveles para ampliar a más de 7 mil espacios habitacionales de esa unidad.
¿Qué denuncian integrantes de Pueblos Unidos?
De acuerdo con Emilio Jiménez Pérez, presidente de Pueblos Unidos en Defensa del Agua, durante mayo de 2022 vecinos del poblado El Chico y de otras comunidades detectaron excavaciones en el citado fraccionamiento destinadas a la construcción de una batería de cinco pozos profundos.
Dicha obra, según lo informado, sería para extraer agua adicional de la cuenca del río Actopan y con ello abastecer a los pobladores, lo que en consecuencia afectaría los mantos freáticos que proveen de ese líquido a toda la población.
También se señala que los fraccionadores solo tenían permisos para construir viviendas de un solo piso y que durante la administración de Daniel Olmos García en Emiliano Zapata (2014-2017) se autorizó la densidad a condominios de 4 niveles.
De acuerdo con el movimiento, en ese fraccionamiento se sabe que se construirán más de 7 mil viviendas en condominios, con un costo promedio de 850 mil pesos cada uno.
Los representantes de los Comités de Defensa del Agua de los 23 Pueblos pidieron desde entonces información al Ayuntamiento para saber qué autoridad emitió los permisos, tanto de construcción como de uso de suelo y si se cuenta con estudios de impacto ambiental.
Sin embargo, a pesar de que se han tenido varias reuniones, señalan que ninguna dependencia o autoridad les ha respondido su solicitud. También dijeron que se llevaron a cabo reuniones con la Conagua y que ese organismo no ha confirmado la expedición de permisos.
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¿Movimiento es un grupo político?
La organización también manifiesta que el Gobierno del Estado ha catalogado al Movimiento de los 23 Pueblos como un grupo político, a pesar de que se trata de una lucha social, ajena a la política, en favor de los 23 pueblos de Emiliano Zapata.
Los pueblos integrantes movimiento son: El Chico, Estanzuela, Chavarrillo-Pueblo, Chavarrillo-Estación, Monte Oscuro, Cantera, Vaquería, Plan Chico, Palmar, Palmar de Pérez, El Lencero, Dos Ríos, Miradores, Rancho Viejo, Palmarejo, El Roble, Pinoltepec, La Balsa, Carrizal, Paso Grande, Cerro de Tepeapulco, Corral Falso y Cerro Gordo.
Mientras tanto, precisan, la inmobiliaria propietaria del fraccionamiento Terranova es Casas Carpín, quien actualmente ha construido aproximadamente 860 casas y se encuentran habitadas cerca de 300.
¿Qué alianzas se han hecho?
Ante lo sucedido, durante septiembre del año pasado el Movimiento de los 23 Pueblos estableció alianza con el grupo ambientalista del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), creado en en 1999 para la protección de la biósfera de la región de Los Tuxtlas y la Sierra de Santa Marta.
Desde entonces, dicho centro se ha dedicado a la tarea de crear una estrategia de sensibilización y educación ambiental para la eco región de Los Tuxtlas.
El centro cuenta con el apoyo de antropólogos, biólogos, un psicólogo comunitario y un cuerpo técnico de diferentes disciplinas, además de que también trabaja en la subuenca del río Pixquiac, que comprende los municipios de Perote, Acajete, Las Vigas, Tlalnelhuayocan y Coatepec y parte de la Cuenca Alta del río La Antigua, apoyando la creación del Comité de Cuenca del río Pixquiac (Cocupix).
Asimismo, según lo informado, participa en el diseño del Programa de Compensación por Servicios Ambientales para la Cuenca, en la que participan el Cocupix, el Ayuntamiento de Xalapa a través de la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento (CMAS), el Fondo Ambiental Veracruzano y la Conafor, a través de un fondo concurrente para este programa denominado Acuerdos por Nuestra Agua.