La investigadora Flor Vargas Ortiz expone que en la cadena de problemas para garantizar los derechos humanos de las mujeres pertenecientes a pueblos indígenas existe el racismo como una variable en común que no ha sido visibilizada por la línea tan delgada que guarda con la discriminación.
“El racismo permea en las instituciones de procuración y administración de justicia, impactando notoriamente el acceso a esta”, expresó en foro convocado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Veracruzana.
En la ponencia titulada “Violencia en situación de encierro. Mujeres indígenas”, puntualizó que persiste una estigmatización generalizada, carencia de condiciones dignas, falta de perspectiva de género, pluralismo jurídico y escasez de políticas públicas que favorezcan la reinserción social.
Enfatizó también que los marcos normativos deben ser acordes a las realidades de las mujeres, pues son varios contextos.
Recordó que los programas y protocolos vinculados con las problemáticas estructurales que viven las mujeres con conflictos legales deben tomar en cuenta los protocolos que van acordes a los estándares internacionales.
En este sistema, subraya, se deben tomar en cuenta los retos y desafíos a los que se enfrentan las mujeres en la vida posterior a su reinserción. “¿Qué pasa después de la cárcel?”, cuestiona.
Entre otros problemas, la estudiosa del Derecho mencionó que los centros de reinserción social se caracterizan por ser espacios que no cuentan con las características adecuadas para reproducir las culturas de las mujeres indígenas, con una serie de problemas de otro tipo.
“Los espacios carcelarios por antonomasia son el reflejo de las desigualdades estructurales para la población que cumple una condena, siendo más enfático para las mujeres y más crudo para las mujeres indígenas”, expresó.
La investigadora enfatizó que se presentan casos de mujeres que se encuentran cumpliendo alguna condena y no contaron con la asistencia de un intérprete y de quienes han sufrido en repetidas ocasiones abusos sexuales e intimidaciones durante su detención.
Llamó a no olvidar que al cierre del 2021, 7 mil 055 (3.2 por ciento) personas privadas de la libertad pertenecían a algún pueblo o comunidad indígena y que se reportó que el pueblo náhuatl concentró 16.2 por ciento.
Además, 6 mil 834 (96.9 por ciento) correspondieron al ámbito estatal y 221 (3.1 por ciento) al federal.
En comparación con lo reportado en 2020, mencionó que la cantidad de personas que pertenecían a algún pueblo indígena aumentó 2.4 por ciento en 2021 (Censo Nacional del Sistema Penitenciario Federal y Estatales 2022).
En México, existen 12.5 mil mujeres privadas de la libertad en centros penitenciarios federales y estatales, y ellas representan el 5.4 por ciento de la población total.
Ahondó que el 53.5 por ciento de ellas se encuentra en centros femeniles, 45.8 por ciento en mixtos y 0.6 por ciento en varoniles. Los delitos más recurrentes por los que se les juzga son participación en secuestros y posesión de narcóticos con fines de comercio y suministro (Inegi, 2021).
Además, el 92.9 por ciento de las mujeres no tenían antecedentes penales, siete de cada diez tenían entre 18 y 39 años de edad y el 73 por ciento trabajaba la semana previa a su detención, principalmente, se dedicaba al comercio y las ventas (37.2 por ciento).
El 2.8 por ciento de ellas son hablantes de lengua indígena; además, siete de cada diez declararon tener al menos 18 años y dependientes económicos.
