Flor de Magdalena Vargas Ortiz, doctoranda del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Veracruzana, considera urgente atender las recomendaciones internacionales en materia de género y derechos humanos de las mujeres privadas de su libertad, con énfasis en las mujeres indígenas.
¿Qué se necesita para atender la violencia contra las mujeres indígenas?
En conversatorio puntualizó la necesidad de programas y protocolos vinculados con los problemas estructurales que viven las mujeres con conflictos legales pues, dice, ellas se enfrentan no solo a la ausencia de centros de detención propios.
Enumera que le hacen frente a la ausencia de perspectiva de género en la recopilación de datos relacionados con la privación de su libertad, y la existencia de formas de violencia como el abuso sexual por parte del personal penitenciario.
Expuso que las necesidades son por lo general ignoradas por los sistemas penitenciarios que fueron diseñados para hombres, incluyendo las necesidades de salud sexual y reproductiva, derivadas de sus experiencias con la pobreza, la malnutrición, la violencia física, sexual y psicológica.
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Enfatiza que se debe garantizar la seguridad jurídica de toda persona y prever la creación de políticas públicas efectivas y con perspectiva de derechos humanos, al igual que una justicia con enfoque de género.
Añade que debe haber marcos normativos acordes a las realidades de las mujeres, monitoreos de los programas de reinserción social y tomar en cuenta los retos y desafíos cuando obtienen su libertad.
¿A qué se enfrentan las mujeres indígenas en México?
La investigadora ahondó en la situación de las mujeres indígenas, quienes además de lo ya mencionado, dijo que están indefensas ante instituciones que no garantizan la justicia pluricultural. Llamó a no olvidar que ellas están ante una triple discriminación: ser mujeres, indígenas y, muchas veces, en situación de pobreza extrema.
Para este grupo poblacional, señala que se deben reconocer los impactos diferenciados para evitar la discriminación institucional, así como avanzar en políticas penitenciarias con perspectiva intercultural.
Flor de Magdalena Vargas expone que en México, la criminalización de integrantes de pueblos indígenas y su “prisionización” han implicado una forma más de despojo y desplazamiento forzado.
Explica que al romper sus vínculos comunitarios y alejarlas de sus familias se ejercen sobre sus cuerpos múltiples violencias físicas y simbólicas, que van desde la tortura hasta el aislamiento.
“En el caso particular de las mujeres indígenas, sufren violencias antes, durante y después de la detención: desde el hostigamiento y la violación sexual hasta la separación de sus hijas e hijos, sus familias y su entorno comunitario”, subraya.
Los espacios carcelarios, sostiene, son el reflejo de las desigualdades estructurales para la población que cumple una condena, siendo más enfático para las mujeres y más crudo para las mujeres indígenas.
“El racismo permea en las instituciones de procuración y administración de justicia, impactando notoriamente el acceso a ella”, declaró en la charla ”Prisión y derechos humanos. Grupos en situación de vulnerabilidad”.
Al citar datos del INEGI-2021, expone que en México, el 92.9 por ciento de las mujeres no tenían antecedentes penales y siete de cada diez tenían entre 18 y 39 años, el 73 por ciento trabajaba la semana previa a su detención, y principalmente, se dedicaba al comercio y las ventas (37.2 por ciento). El 2.8 por ciento de ellas eran hablantes de lengua indígena.
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Apunta finalmente que el racismo, los estereotipos discriminatorios, la marginación y la violencia de género son violaciones interrelacionadas que sufren las mujeres.
“La discriminación y la violencia de género amenazan la autonomía individual, la libertad y seguridad personales, la privacidad y la integridad de todas las mujeres y las niñas Indígenas, y también pueden perjudicar al colectivo y su bienestar”, puntualiza.