El esquema inicial para atender la contingencia sanitaria ha generado afectaciones, principalmente en la población más vulnerable que enfrenta la falta de acceso a insumos médicos, medidas preventivas para personas con padecimientos crónicos y el derecho a un mínimo vital.

De acuerdo con la abogada Elvira Vázquez, integrante del colectivo Justicia Covid –formado por más de 100 abogados pertenecientes a 60 firmas en el país–, en el actual periodo se han hecho visibles las precariedades preexistentes a la pandemia, no sólo en la entidad veracruzana, sino en el país.

Sumado a la problemática que enfrenta el sector salud, existe población que ha sido afectada por el desempleo, la falta de insumos, la espera de intervenciones quirúrgicas para pacientes a quienes les fueron postergando los trámites por atender la pandemia, lo que pone en riesgo su salud, incluso, la vida.

Paralelamente, en medio de la suspensión de actividades por parte de las diversas áreas de la administración pública, el acceso a la justicia también se vio mermada durante la contingencia, lo cual ha puesto en riesgo a grupos específicos.

Frente a este escenario, diversos abogados y firmas en el país iniciaron acciones legales para que las autoridades federales y estatales restituyan, hagan respetar y reconozcan los derechos de las personas, ya sea en lo particular o general.

Dentro de los casos recientemente presentados por Justicia Covid, a través de su representante AH Firma Legal, se encuentra el amparo colectivo promovido el pasado 23 de julio, en el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Veracruz, ubicado en Coatzacoalcos, en favor de un grupo aproximado de 150 pescadores libres que solicitaron el reconocimiento de su derecho a recibir apoyos económicos y/o el mínimo vital, debido a la situación crítica por la pandemia.

Al respecto, Elvira Vázquez considera que dentro de las acciones para atender la emergencia sanitaria, el Estado no incluyó medidas complementarias para evitar vulnerar derechos.

Por ejemplo, explica, aunque la pesca no se considera una actividad esencial, representa para estas personas el único medio de subsistencia, y si a esto se suma que el gobierno no ofrece un programa o apoyo que les garantice el mínimo vital que implica alimento, salud, vivienda, entonces se puede considerar que “es una violación a sus derechos”.

En el caso de los pescadores y sus familias, “es una afectación colectiva que impacta y transgrede varios derechos, sólo por una medida mal implementada por parte de las autoridades”, refiere.

Menciona también que dicho amparo será replicado para pescadores de Tuxpan y de Ensenada, Baja California.

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Otro de los amparos promovidos ante la justicia federal, por parte de los abogados en el sur de Veracruz, fue el caso registrado el pasado 14 de julio, en el que un juez federal en Coatzacoalcos reconoció el derecho al mínimo vital a dos menores de edad sin recursos económicos para enfrentar la emergencia sanitaria debido a que su madre, por la misma causa, perdió su empleo.

Los efectos de este recurso jurídico obliga a las autoridades estatales y municipales a otorgar apoyos económicos a ambos menores a la brevedad, a través de programas sociales.

También en un amparo indirecto en representación de dos infantes, se les resolvió la reconexión del servicio eléctrico que había sido suspendido en plena emergencia sanitaria; aquí el colectivo defendió el interés superior del menor, así como el bienestar físico y emocional de los niños en confinamiento, lo cual queda como precedente para aquellos a quienes les sean suspendidos los servicios por falta de recursos económicos.

Actualmente, Veracruz es la entidad con mayor número de representantes legales del colectivo en el país, al contar con cinco firmas participantes.

El derecho a la salud

Durante más de cuatro meses, los profesionales de la abogacía han atendido diversas solicitudes de apoyo para afectados durante la pandemia en todo el país.

Una de las primeras acciones legales fue hacer efectivo el acuerdo publicado el 24 de marzo, en el que se decretan las medidas de prevención del contagio del virus, sobre todo en personas vulnerables, como mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, con discapacidad, enfermedades crónicas como hipertensión arterial, pulmonar, insuficiencia renal, lupus, cáncer, diabetes, enfermedades cardiacas, o con algún tratamiento farmacológico.

También el personal de salud necesitó apoyo para dotarlo de equipo suficientes, pues al estar en la primera línea de combate al Covid-19, requieren ser protegidos y a su vez, evitar la propagación del virus.

Uno de los cuadros más urgentes derivados de la pandemia detectados por el colectivo es la falta de medicamentos para pacientes con padecimientos crónicos y que no han tenido un tratamiento completo, principalmente relacionados con cáncer, leucemia y metástasis.

Un caso para el colectivo, en Baja California, fue el de un joven que estaba próximo a un trasplante de riñón, sin embargo, por la pandemia, el trámite se suspendió, “y es donde se le genera una vulnerabilidad, porque en la espera se pone en riesgo su vida”, apunta la abogada.

Otro de los asuntos “gravísimos” registrados son aquellos donde las autoridades de salud han dejado a pacientes sin el suministro de medicamentos y “sin fecha próxima” para la dotación de insumos.

De acuerdo con Elvira Vázquez, es muy importante atender la pandemia, pero “no podemos detener el curso de los demás asuntos”.

En el área laboral tuvieron el caso de una mujer con 22 de semanas de embarazo que seguía trabajando a pesar de ser parte del grupo vulnerable, con lo que se evidencia la falta de medidas preventivas para evitar el contagio en este sector de la población.

Los casos urgentes

A la fecha, dentro de los asuntos llevados por el colectivo Justicia Covid, cerca de 70 han terminado en amparos, de los cuales el 98% ha sido recibido como caso urgente.

Al inicio de la emergencia sanitaria, las instancias federales trabajaban con un acuerdo muy estricto que atendía sólo asuntos considerados en el artículo 22 de la Constitución y el 15 de la Ley de Amparo, ante las circunstancias inéditas originadas por la pandemia, impulsados también por los abogados dedicados a promover amparos, los órganos jurisdiccionales abrieron la interpretación de los derechos humanos lo que se ha visto reflejado en un catalogo más amplio de casos urgentes.

De igual manera, los acuerdos emitidos por el Consejo de la Judicatura Federal han ido cambiando: ahora se plantean esquemas de trabajo basados tanto en el Sistema Interamericano como en el Sistema Universal, lo que coloca a los operadores jurídicos en un terreno novedoso, pues en muchos de los casos presentados por los abogados no se tenía antecedentes.

Con el objetivo de llevar el derecho y la justicia a quienes más lo necesitan, el colectivo Justicia Covid surge formalmente el 11 de mayo, para brindar trabajo pro-bono, es decir, no tiene costo alguno y está dirigido a auxiliar, asesorar, defender o abogar por cualquier persona que se encuentre en estado de vulnerabilidad derivado de la pandemia.

En entrevista, Elvira Vázquez narra que la lección aprendida dentro del trabajo del colectivo es ver cómo en la abogacía “una cuestión de ética nos obliga a socorrer a personas en necesidad y el campo de acción más grande es poder tener un verdadero sistema de responsabilidad social”.

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Considera que así como los médicos salvan vidas de manera directa, desde la abogacía también se puede ayudar a las personas; por ello apuesta por una abogacía más empática y al servicio de la gente, “entre los pares apoyarnos, para ayudar a esa colectividad que nos está esperando con respuestas”.

Reiteró que este colectivo atiende a grupos, personas o familias que no cuentan con los medios económicos para el pago de honorarios y se encuentra en una situación de vulnerabilidad, por lo que pone a disposición sus espacios de contacto tanto en redes sociales como en su página justiciacovid.com