Fabiola González

A pesar de las revisiones constantes a las entidades estatales y municipales, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) continúa sin saber el destino de los recursos correspondientes a la Cuenta Pública 2016, que asciende a un total de 8 mil 091 millones 900 mil pesos, mismos que fueron ejercidos entre el Gobierno del Estado de Veracruz, la Universidad Veracruzana (UV), los municipios de San Andrés Tuxtla, Las Choapas, Tantoyuca, Veracruz, Álamo-Temapache y Papantla, así como la Administración Portuaria Integral de Coatzacoalcos (API).

La cantidad de dinero público que falta por comprobar por parte de las dependencias tanto estatales como municipales mantienen a la entidad veracruzana como uno de los casos más preocupantes en rubros de fiscalización y rendición de cuentas.

Como resultado de la Cuenta Pública de 2016, el Gobierno del Estado de Veracruz —en su momento presidido por Javier Duarte de Ochoa— ocupa el segundo lugar nacional, sólo rebasado por el gobierno de Chihuahua, dentro de las 10 dependencias con mayor relación de dinero auditado y de recursos que faltan por comprobar: 7 mil 458 millones 600 mil pesos perdidos, hasta el pasado julio de 2018.

De acuerdo con un reciente análisis de datos sobre dónde y cómo se pierde el dinero público —presentado por el colectivo Fuiste Tú, integrado por Transparencia Mexicana, Oxfam México, Integralia, Data Cívica, Causa en Común, Horizontal y Borde— dentro de la lista de dependencias públicas que aún no han podido aclarar cómo gastaron los recursos señalados en la Cuenta Pública 2016, por parte de la ASF, se encuentra la UV, con 551 millones 500 mil pesos sin comprobar.

Ese capital corresponde a los Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales, recibidos por la Máxima Casa de Estudios, dentro de la gestión de la actual rectora Sara Ladrón de Guevara González.

Mientras que en el municipio de San Andrés Tuxtla aún falta por recuperar, o aclarar en su caso, un monto de 45 millones de pesos, que se usaron durante la gestión del entonces alcalde Manuel Rosendo Pelayo. Este capital usado de manera irregular tuvo como fuente el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales (FISMDF), destinado a obras de acceso de servicios básicos como agua potable, alcantarillado y drenaje.

De igual manera el municipio de Las Choapas, que en el periodo 2014-2017 fue gobernado por Marco Antonio Estrada Montiel, no ha podido aclarar o devolver 9 millones 600 mil pesos.

El Ayuntamiento de Tantoyuca registra un monto de 10 millones 200 mil pesos, correspondiente a la Cuenta Pública 2016. Este dinero público sin comprobar se ejerció durante la administración de Jesús Guzmán Avilés.

También el municipio de Veracruz, durante la gestión de Ramón Poo Gil, ejerció recursos públicos que fueron observados por la ASF como posible daño a la hacienda pública, y que aún siguen sin comprobar su destino: 16 millones 200 mil pesos en la opacidad.

El municipio de Álamo-Temapache registra una suma de 100 mil pesos sin aclarar, resultado de la gestión del entonces alcalde Ricardo Serna Barajas, actual diputado local electo del PAN, por el distrito 04.

El Ayuntamiento de Papantla también registra un total de 100 mil pesos de dinero público que no se ejercieron de conformidad con las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia. Durante este periodo estuvo como alcalde Marcos Romero Sánchez.

Finalmente, dentro del ranking nacional, también se ubica a la API de Coatzacoalcos con 600 mil pesos pendientes por aclarar, como resultado de la gestión del director general Ovidio Noval Nicolao, actual director de la API en Manzanillo.

Cabe mencionar que en la revisión de dependencias públicas auditadas, éstas recibieron pliegos de observaciones, en los cuales la ASF determinó que tienen dinero público que falta por comprobar, y que se pide sea aclarado o devuelto, porque es directamente atribuible a los entes fiscalizables.

Por otra parte, en el análisis nacional integrado por el colectivo —creado con información pública y datos actualizados de la ASF, hasta julio de 2018—, se informa que la Auditoría Superior identificó que en al menos 266 dependencias, la programación, adjudicación, contratación, ejecución y/o pago de los recursos públicos no pudieron ser comprobados de conformidad a la normativa y legislación aplicable.

Las organizaciones civiles señalan que la ASF, durante su tarea de fiscalización, se basa en evidencia documental que proporcionan los mismos entes fiscalizados, aunque “el hecho de que el dinero esté comprobado no implica que el dinero haya sido utilizado de manera eficiente. Incluso, existe la posibilidad de que se le hayan dado evidencias falsas a la ASF sin que ésta se haya dado cuenta”.

Asimismo destacan que a pesar de la enorme cantidad de recursos que falta por recuperar o aclarar, la ASF ha promovido sólo 581 denuncias de hechos ante el Ministerio Público, por lo cual “es urgente que se genere presión pública para evitar que las auditorías continúen desarrollándose sin repercusiones”.