Para garantizar el derecho a la defensa en materia penal y a la asesoría jurídica, en favor de las personas de los pueblos y comunidades indígenas, desde el Congreso local se propuso la creación de una Defensoría Pública para Pueblos y Comunidades Indígenas, la cual deberá tener traductores e intérpretes con conocimiento de la lengua y cultura de quienes representen.
Dicha propuesta, fue presentada por la diputada local de Movimiento Ciudadano, Ruth Callejas Roldán, y en la cual se pretende adicionar el artículo 23 Bis a la Ley de Defensoría Pública del estado de Veracruz.
En la propuesta, se indica que el Instituto garantizará que la Defensoría Pública para Pueblos y Comunidades Indígenas, cuente con el personal necesario para el adecuado desempeño de sus funciones, esto es, peritos, intérpretes, traductores y profesionales bilingües y asesores jurídicos bilingües indígenas.
Asimismo, realizará las gestiones necesarias para celebrar convenios de colaboración con las instituciones que puedan coadyuvar a la obtención de estos fines y promoverá la formación, tanto de defensores públicos, como de asesores jurídicos bilingües indígenas.
La legisladora señaló que en Veracruz, existe sólo un defensor público por cada 15 mil 798 habitantes indígenas.
“Esto a pesar que la Constitución General y la Ley disponen que los indígenas tienen en todo tiempo el derecho a ser asistidos por intérpretes y defensores que tengan conocimiento de su lengua y cultura”, expuso.
Manifestó que, de acuerdo con datos del Censo de Población y Vivienda 2020, Veracruz es uno de los ocho estados del país donde se concentra el mayor número de población indígena con 663 mil 503 personas, lo que representa el 8.6 por ciento de su población; de los cuales 48 mil 059 personas no hablan español.
Mencionó que en México, 7 mil 11 personas de los pueblos originarios están en prisión, de los cuales el 85.2 por ciento no tiene acceso a un intérprete.
“De acuerdo con la Encuesta Nacional de Personas Privadas de la Libertad de dos mil dieciséis, el 99 por ciento de las personas detenidas de los pueblos originarios termina únicamente en prisión preventiva, es decir, que prácticamente todos los indígenas arrestados pasan su proceso en la cárcel sin ser sentenciados”, concluyó.