Xalapa, Ver.- Desde el Congreso local se presionó a la titular del Órgano de Fiscalización Superior (Orfis), Delia González Cobos, para que remita a la Comisión de Agua Potable y Saneamiento el informe sobre el avance de la auditoría integral ordenada al Grupo Metropolitano de Agua y Saneamiento (MAS), desde diciembre de 2019.
La diputada de Morena, Deisy Juan Antonio, fue quien presentó un anteproyecto por el que exhortó a la titular de la dependencia para que envíe el avance de la auditoría a dicha empresa.
Indicó que desde enero pasado solicitó a la titular del Orfis un informe acerca del estado que guardaba la auditoría ordenada por el Congreso local desde diciembre de 2019.
“Para efectos de reiterar mi petición es que presento el anteproyecto de acuerdo, para exhortar a la titular del Órgano de Fiscalización Superior a que remita a la Comisión permanente de Agua potable y Saneamiento el informe y la documentación respectiva sobre el avance de la auditoría integral ordenada a organismos relacionados con el servicio de agua para saber el estado que guarda dicho procedimiento”, expuso.
Manifestó que las concesiones que reciben las empresas privadas deben obligarlas a otorgar servicios bajo esquemas de calidad, eficiencia, sustentabilidad ambiental y equilibrio financiero; sin embargo, en la entidad no en todos los casos se ha procedido con la transparencia y debida legalidad.
En tribuna la legisladora indicó que bajo un ambiente de temeridad por parte de las autoridades que en algún momento avalaron este procedimiento fraudulento se otorgó la concesión del servicio de agua potable a la propuesta presentada por el consorcio integrado por Odebrecht Ambiental, S.A. e Interagbar de México S.A. de C.V., comercialmente conocido como grupo Metropolitano de Agua y Saneamiento Sapi de C.V.
Recordó que en 2015 se publicó el acuerdo por el cual manera la 63 Legislatura autorizó a los Ayuntamientos de Veracruz y Medellín de Bravo para que, a través del organismo público descentralizado Sistema de Agua y Saneamiento, se otorgara la concesión de este servicio a la empresa conocida comercialmente como Grupo MAS por un término de treinta años.
Mencionó que desde sus inicios de operación demostró, y lo sigue haciendo, la falta de transparencia y eficiencia para brindar el servicio de agua potable y saneamiento en los municipios de Veracruz, Boca del Río y Medellín de Bravo.
Lo anterior, dados los señalamientos de los ciudadanos ante la mala calidad de la prestación del servicio referido, tales como: Fugas en red del agua bombeada, averías, subcontaje, medidores sin reparar, abandono de plantas de tratamiento de aguas residuales, falta de inversión de infraestructura hidráulica, contaminación por descargas de agua no tratadas, así como cobros excesivos por el consumo de agua.
Destacó que el compromiso que el Grupo adquirió no sólo no se ha cumplido, sino que se ha puesto en entredicho la capacidad financiera de la empresa, tal y como se informó en los resultados de la auditoría integral de 2016, practicada al PRIPO MAS, en la cual se demostraron diversas anomalías por parte de esta compañía para hacer frente al pasivo laboral del desaparecido SAS.
En su opinión, dicha situación en su momento evidenció una posible ilegalidad en la modificación del título de concesión originalmente otorgado al Grupo MAS, sin que se haya advertido que, posteriormente, hubieren quedado subsanadas estas observaciones hechas por el órgano fiscalizador del Estado.
Comentó que el pasado 18 de agosto de este año fue turnada a comisiones unidas de Hacienda Municipal y de Agua Potable y Saneamiento la solicitud ciudadana para retirar la concesión por el servicio de agua a dicha empresa.
“Nos hemos enfocado en un análisis de la situación, allegándonos, además, de todos los elementos posibles para estar en condiciones de llegar a un acuerdo. Debemos buscar que, en el caso de proceder la revocación del título, se generen los menores costos posibles al Estado y no afecte el financiamiento de proyectos y obras para nuestra sociedad”, agregó.
