El Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) remitió a la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) seis requerimientos de cobro de indemnizaciones por créditos fiscales, que en suma corresponden a 19 mil 593 millones 631 mil 599.68 pesos, generados por la revisión a las Cuentas Públicas 2015 y 2016 durante la administración estatal del exgobernador, Javier "N".
Dichos requerimientos corresponden a sentencias firmes del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Veracruz (TRIJAEV), los cuales deberán recuperarse mediante procedimientos económico-coactivos.
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El organismo fiscalizador presentó a la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado un reporte en el que se indica que en el 2022 se entregaron dos requerimientos de pago, uno por 37 millones 039 mil 925.11 pesos y otro por 22 millones 678 mil 938.91 pesos.
En el 2023 fueron tres requerimientos por las siguientes cantidades: 18 mil 763 millones 430 mil 706.75 pesos, 194 mil 013.61 pesos y 25 millones 946 mil 768.32 pesos.
En este 2024 se ha entregado un requerimiento de pago por 744 millones 331 mil 246.98 pesos.
La auditora Delia González Cobos, entregó a la general a la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado, un informe sobre la situación que guardan las observaciones, recomendaciones y acciones promovidas al proceso de fiscalización de Cuentas Públicas 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022.
En el informe se determina que el pasado 18 de enero se entregó a la Sefiplan el requerimiento de cobro por 744 millones 331 mil 246.98 pesos en contra de una exservidora pública de esa dependencia por daño patrimonial derivado de la revisión de la Cuenta Pública 2016.
Esta multa o crédito fiscal se compone de una indemnización por 480 millones 213 mil 707.73 pesos y una sanción de 264 millones 117 mil 539.25 pesos.
El 7 de agosto del 2023 se entregó el requerimiento de cobro por daño patrimonial en la Cuenta Pública 2015 por un daño cuantificado en 18 mil 763 millones 430 mil 706.75 pesos, impuesto en contra del extesorero de Sefiplan, Arnulfo Octavio García Fragoso.
Mencionado monto se compone de una indemnización de 12 mil 105 millones 439 mil 165.65 pesos y una sanción por 6 mil 657 millones 991 mil 541.10 pesos.
El 17 de febrero de 2023 se entregó el requerimiento de pago por 194 mil 013.61 pesos en contra del Instituto Tecnológico Superior de Las Choapas, generado por la cuenta pública 2015.
El 10 de febrero del 2023, también por la Cuenta Pública 2015, se entregó un requerimiento de pago por 25,946,768.32 en contra de los Institutos Tecnológicos Superiores de Jesús Carranza y Naranjos; en contra del ayuntamiento de Tecolutla, y dos requerimientos en contra del Instituto Veracruzano del Deporte.
De la misma forma, 5 de septiembre del 2022, por el ejercicio fiscal 2015, se entregó a la dependencia estatal un requerimiento de pago de 37 millones 039 mil 925.11 pesos por daño patrimonial en la Cuenta Pública 2015 de la Secretaría de Educación de Veracruz y del ayuntamiento de San Andrés Tuxtla.
Mientras que el 25 de enero de ese mismo año, se entregó a la Sefiplan un requerimiento de pago de 22 millones 678 mil 938.91 pesos por daño patrimonial en la Cuenta Pública 2015 de los Institutos Tecnológicos Superiores de Jesús Carranza, Tantoyuca y Álamo Temapache; también en contra de los Fideicomisos Públicos para el Desarrollo Rural del Estado de Veracruz y del Parque Temático Takilhsukut.
Los requerimientos también fueron en contra de la Secretaría de Turismo y Cultura y del ayuntamiento de San Andrés Tuxtla.
De acuerdo a la documentación del Orfis, el 24 de febrero de 2014, la propia administración de Javier Duarte de Ochoa publicó el “Convenio de Colaboración y Coordinación en Materia de Cobro de Créditos Fiscales, Derivados de la Determinación de Indemnizaciones y Sanciones en el Proceso de la Fiscalización Superior”.
Además, se aplicó un instrumento jurídico suscrito por el Orfis y la Sefiplan en el que se estableció como objeto la realización de acciones coordinadas para garantizar que Finanzas ejerza sus facultades económico-coactivas, inherentes a la recuperación de los "créditos fiscales" derivados de las resoluciones emitidas que hayan causado estado y, consecuentemente, quedado firmes.
También se pactó que dicha Secretaría podría disponer de un 10 por ciento de la sanción determinada, para efectos de recuperar los gastos extraordinarios del Procedimiento Administrativo de Ejecución.
