La organización no gubernamental “Católicas por el Derecho a Decidir” se prepara para que aprueben en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el proyecto para despenalizar el aborto en Veracruz.
Más de 30 años tiene la lucha feminista en el estado que impulsa la despenalización del aborto para que las mujeres decidan sobre sus cuerpos.
María de la Luz Estrada, integrante de Católicas por el Derecho a Decidir, habló sobre el proyecto en la SCJN se encuentra en manos del ministro Juan Luis González Alcantará Carrancá por la omisión legislativa del Congreso del Estado de reformar el código penal.
Indicó que varios grupos y autoridades se pronuncian cuando no se ha visto su labor en embarazos forzados de niñas y adolescentes de zonas marginadas.
Señaló que más del 90% de los médicos se decretaron ser objetores de conciencia, pero el proteger desde la concepción al producto solo conlleva confusión a los médicos.
Explicó que se notificó a los tres poderes que deben cambiar sus leyes para mejorar la salud de las mujeres.
Mencionó que Ciudad de México ha habido más de 200 mil abortos desde que se despenalizó en 2007, más del 20% vienen del estado de México y de Veracruz han llegado poco más de 500 mujeres a interrumpir el embarazo.
Patricia Bedolla, integrante del Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidios , indicó que serán 29 estados de la república que tienen un marco discriminatorio al no despenalizar el aborto.
Señaló que el proceso legal y la debida diligencia debe acatarse, ya sea procedimiento legislativo o administrativos.
Comentó que se documentó a niñas de 9 años a 12 años que fueron abusadas y forzadas a ser madres, lo cual afecta su salud e incluso puede causar la muerte.
Esmeralda Lecxiur, abogada de la Fundación Mexicana para la Planeación Familiar (Mexfam), explicó que el amparo habla de omisión legislativa y de otros elementos como la violencia de género que visibiliza las violaciones a derechos humanos.
Destacó la percepción del derecho penal visto desde la perspectiva de género, como lo hace la primera sala de la SCJN que argumentó con perspectiva de género.
Rodolfo Domínguez, coordinador de Justicia, Derechos Humanos y Género, comentó que se centra en la omisión legislativa del Congreso del Estado.
Jaqueline Estrada, integrante de Akelarre, comentó que se tiene una gran deuda con las veracruzanas quienes han luchado por más de 30 años en despenalizar el aborto.
Recordó como en Veracruz se ha echado abajo la interrupción del embarazo y más de 200 mujeres han sido acompañadas para interrumpir el embarazo.
Katia Estevez, activista, abundó que esto va a ser un gran cambio para los prestadores de servicio de salud, principalmente los que han obstaculizado la atención de niñas y mujeres ya que puedan estar obligados.
Indicó que las unidades de salud están concentrados en la pandemia y deja de lado a las mujeres y las niñas, hay casos donde las mujeres las trasladan en otro lugar o debe dar más vueltas para tener el servicio.