En un plazo de dos a cinco días docentes y padres de familias que consideren que sus hijos están en riesgo de regresar a clases presenciales obtendrían un amparo federal para que la Secretaría de Educación de Veracruz garantice las condiciones sanitarias o bien les permita continuar con el sistema en línea.

El abogado Arturo Salazar Rivera, titular de la Consultoría Jurídica Especializada Adokasi, señaló que desde que empezó la pandemia los intereses de los menores se han visto reflejados a través de amparos, ya que se trata de una herramienta legal que les permite garantizar su bienestar.

En conferencia de prensa, puntualizó que este recurso legal se obtiene en un periodo de dos a cinco días, ya que se trata de un acto que pondera la integridad de la persona.

“La suspensión la conceden en aproximadamente cinco días, a veces en dos días, estos obligan a la autoridad a que genere las condiciones necesarias para que los menores puedan estar en un ambiente sano, ya sea presencial o virtual”, comentó.

Indicó que el año pasado los amparos solicitados por los padres de familia y docentes se relacionaron con la búsqueda de que la dependencia otorgara los medios para las clases virtuales.

“En un primer momento, cuando se solicitó que las clases fueran virtuales hubo familias que no tenían recursos para otorgar los medios se promovieron amparos, no en el estado de Veracruz, pero sí en varias entidades y los jueces federales pidieron a las autoridades que se les dieran los medios para poder garantizar la educación”, dijo.

Mencionó que actualmente por tratarse de un tema de salud, con los amparos los padres de familia y docentes podrían solicitar la suspensión de las actividades, en este caso que se acuda a las clases presenciales.

“El Juez está obligado, atendiendo el bienestar del menor, a aplicar los amparos para efecto de que la Secretaría de Educación pueda generar las condiciones necesarias por medio de las escuelas y que tengan la obligación de aplicar las clases virtuales”, expresó.

Manifestó que este tipo de procedimientos tienen un costo de entre 8 mil y 15 mil pesos; sin embargo, por tratarse de una cuestión social se podría obtener por 3 o 5 mil pesos.

“En el caso de nosotros, lo que pediríamos es que nos den una cooperación simbólica para la realización de los trámites, lo que queremos es ayudar a la población, quien esté interesado se puede comunicar con nuestro despacho”, agregó.