La diputada del PAN, Verónica Pulido Herrera, reprobó el actuar de los funcionarios, diputados locales, federales y senadores y el propio gobernador del Estado, Cuitláhuac García Jiménez, tuvieron durante la movilización que realizaron el pasado sábado frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Al presentar un pronunciamiento en tribuna a nombre de la bancada del PAN, durante la sesión de este lunes, señaló que el pasado sábado la población fue testigo de un acto de violencia sin precedentes frente al Máximo Tribunal de la Nación, mismo que incitó a la violencia feminicida.
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Indicó que lo grave es que el Secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos, quien funge como presidente del Sistema para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la violencia contra las mujeres de Veracruz violentó a la ministra presidenta de la Corte, Norma Lucia Piña Hernández, cargando un ataúd con su nombre.
“Aunado a lo reprobable, podría incluso llegar a considerarse como ilícito, bajo la figura de la apología del delito, conforme se contempla ello en diversos ordenamientos, es a todas luces un acto de violencia de género; así lo dice la Ley General de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, es una acción basada en el género, que le causa a las mujeres de cualquier edad, daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte, tanto en el ámbito privado como en el público y que se expresa en amenazas, agravios, maltrato”, dijo.
Refirió que gritar, insultar y hacer apología de la muerte de la ministra es verdaderamente inaudito, “un acto de irreverencia el ataque a su persona y al ejercicio de su función pública, menoscabar su trabajo y denigrar su imagen, pero lo más grave es que este tipo de actos azuzan a la gente y especialmente a sus seguidores a cometer actos de violencia a niveles más altos, como agredirla físicamente y hasta causarle la muerte, lo que pone en riesgo la vida e integridad personal de la ministra presidenta y esto es inadmisible”.
Destacó que de acuerdo a los artículos 16, 20 bis, y 21 de la Ley General de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, los actos del pasado sábado implican diversas modalidades de esta, tales como la violencia comunitaria, política en razón de género, y feminicida.
“Debemos recordarles a quienes estuvieron ahí, que las violencias contra las mujeres también son delitos, están tipificados como tales en diversos ordenamientos de índole penal. Son totalmente reprobables este tipo de actos, que lo único que hacen es demeritar a las instituciones, fomentar el odio y el encono; el gobierno sea cual sea su ideología, debe promover la paz, la concordia y está obligado a actuar en el ámbito de sus competencias y respetar el Estado de Derecho”, expuso.
Puntualizó que Veracruz continúa en los primeros lugares de feminicidios a nivel nacional y lo que ha caracterizado a este gobierno es una nula política pública para erradicar la violencia; “los actos del pasado sábado confirman que lo que menos le importa es la vida de las mujeres”.
“¿Cómo podemos exigirle a este gobierno seguridad y acciones de erradicación de la violencia, si es el primero en violentar a las mujeres? ¿Cómo vamos a estar seguras las mujeres en este estado, si su oficio principal es dividir, generar encono y violentar la ley?, La violencia se tolera en Veracruz y el gobierno la ejerce de manera frontal contra la mujer que representa a nuestra máxima autoridad judicial, ¿Que nos esperamos las veracruzanas que caminamos todos los días en este contexto de inseguridad que vivimos?”, opinó.
Manifestó que desde la bancada del PAN se prueban los actos de violencia de la cual es objeto la ministra y la que todos los días enfrentan las mujeres veracruzanas.
“Desde esta tribuna, le decimos a la Suprema Corte y a la ministra presidenta que respaldamos su actuación, porque nosotros tenemos clara la supremacía del orden constitucional, y desde luego, el respeto a la división de poderes, y a las instituciones, tenemos la convicción plena de que las diferencias entre poderes se resuelven a la luz de la ley y de un diálogo respetuoso; jamás mediante la descalificación y la apología de la violencia de la que todos hemos sido testigos. No hay razón legal ni legítima que justifique este tipo de actos y menos que provengan de quien tiene la tarea constitucional de gobernar, para eso se le eligió, no para promover la violencia.”, agregó.