Boca del Río, Ver.- Trabajadores del Poder Judicial de la Federación de la zona conurbada Veracruz-Boca del Río se unieron al paro nacional que se lleva a cabo en este organismo, para pronunciarse en contra de la desaparición de fideicomisos que aprobaron diputados federales de Morena este miércoles 18 de octubre.
¿Cuántos trabajadores del Poder Judicial de la Federación participan en la protesta?
Enrique Buenaventura Romero Espinoza, secretario general del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la sección 28, indica que en este movimiento participan alrededor de 630 trabajadores que se desempeñan en el Palacio de Justicia de Boca del Río, más empleados de otros municipios como Xalapa, Poza Rica y Coatzacoalcos.
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Además de un plantón que se llevó a cabo frente al Palacio de Justicia, ubicado en la avenida Juan Pablo Segundo, los manifestantes marcharon en el bulevar Adolfo Ruiz Cortines, gritando consignas en contra de dicha medida.
Enrique Buenaventura detalla que el paro nacional se llevará a cabo de manera indefinida, en tanto se tenga alguna resolución por parte de la dirigencia nacional del sindicato. Indica que por ahora, se encuentran suspendidos todos los servicios jurisdiccionales.
Sin embargo, afirma que si bien esto puede generar atrasos, los plazos para las personas que están sujetos a estos trámites no avanzan, porque se considerarán los días de paro como días inhábiles, en tanto se tenga una resolución.
¿Cómo afecta la desaparición de fideicomisos a trabajadores del Poder Judicial?
En ese tenor, insiste en que la demanda de los trabajadores es justificada en el sentido de que con la desaparición de los fideicomisos se está poniendo en vulnerabilidad los derechos de los empleados, pues algunos de estos fideicomisos eran generados con el sueldo de los propios burócratas.
Rechazó que se trate de excesos, sino afirmó que se trata de prestaciones que otras instancias y empresas también brindan a sus empleados.
Por lo anterior, adelantó que además del paro nacional, se promoverán amparos masivos por parte de los trabajadores y, por su parte, legisladores y partidos de oposición recurrirán a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para presentar acciones de inconstitucionalidad en contra de la medida.