La medida de familiares de personas desaparecidas en el país de llamar a un pacto con grupos de la delincuencia organizada está relacionada con la desesperanza, la inacción y la falta de resultados por parte del Estado, afirmó Anaís Palacios acompañante de colectivos del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia.
Sin embargo, consideró que esta acción sería contraria al tema de respeto a los derechos humanos y a la legalidad.
"Creo que durante mucho tiempo en las brigadas de búsqueda ha sido una alternativa en discurso mencionar que no se busca culpables, que se busca información sobre los posibles sitios de depósito de restos humanos y creo que sería un poco contraria al tema que por más de una década se ha estado manejando que es justamente el respeto a los derechos humanos y a la legalidad".
Refirió que se ha exigido por parte de las familias de manera individual y colectivizadas, que haya un apego a la legalidad, una lucha por los derechos humanos, por lo que la medida de algunas familias de establecer vínculos con grupos delincuenciales está relacionada con la desesperanza que viene de la inacción y falta de resultados por parte del estado.
"Sí me parece un poco contraria; sin embargo, también considerado que es una fuente de información y ante esta desesperanza aprendida inclusive porque nuevas colectividades se están formando cada día y Veracruz es un ejemplo de ello, empezó un colectivo en 2011 y ahora hay más de 40 lo que habla de la falta de respuesta del estado y de una estrategia clara".
Crisis en la búsqueda de personas desaparecidas continúa
Agregó que se han replicado muchos discursos del gobierno del estado sobre la creación de instituciones y la disposición de fondos para la búsqueda de personas desaparecidas, pero la crisis continúa.
"Tenemos la crisis forense a nivel nacional con más de 52 mil sin identificar, en el caso de Veracruz, sí la construcción de un SEMEFO que tiene capacidades técnicas muy amplias como ejemplo a nivel nacional; sin embargo, también con otras discusiones que ya hay que superar, Veracruz le ha hecho frente no solo por las instituciones sino por el seguimiento de los colectivos, familias y organizaciones que han dado acompañamiento".
Ante esto, remarcó que la viabilidad rompe con el discurso de los derechos humanos y no debería normalizarse porque la obligación del estado es responder para dar verdad y justicia y garantías de no repetición a las familias.
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Expuso que si bien es necesario saber dónde están los sitios de inhumación, también hay que tener capacidad para responder al número creciente de restos sin identificar, pues si solo se habla de del tema de desaparición de fosas, "nos estamos quedando sin verdad y muchas veces sin justicia".
Y es que señaló que hay casos de familiares que por más de una década llevan buscando a sus seres queridos, en lo que no se puede hablar de justicia, “no solamente podemos hablar de fosas y el tema de identificación forense y justicia porque nos encontramos en varios casos que las malas prácticas del pasado, las investigaciones mal realizadas dan como resultado que los perpetradores puedan acceder a una defensa robusta, como el caso de ex políticos y se tiren casos de instituciones como la Fiscalía”.
